El Gobierno cita a las 'telecos' para coordinar la estrategia de ciberseguridad
El Ejecutivo busca mejorar la coordinación con el sector de cara al desarrollo de esta normativa
El ministro para la Transformación Digital, Óscar López | Eduardo Parra / Europa Press
El Ministerio para la Transformación Digital convocó esta semana a las principales compañías de telecomunicaciones para mejorar la coordinación en asuntos de ciberseguridad con especial atención al Esquema Nacional y la futura ley que el Gobierno lanzará tras más de un año de elaboración. Fuentes del sector confirman a THE OBJECTIVE que el encuentro sostenido sirvió también para que las empresas que operan en España pusieran sobre la mesa sus dudas y opiniones respecto de estos procesos extremadamente sensibles y que cobran especial importancia en el actual contexto geoestratégico mundial.
El Esquema Nacional de Ciberseguridad -que desarrolló la ley de ciberseguridad 5G de marzo de 2022- se aprobó en mayo de este año con el objetivo de desarrollar con mayor detalle la metodología de análisis de riesgos que afectan a las redes y servicios 5G y propuso una serie de medidas de seguridad para solventar o mitigar dichos riesgos. Esta norma buscaba crear un marco confiable y seguro «para incentivar el despliegue de esta tecnología disruptiva y la inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, la demanda de los servicios por parte de los usuarios».
Entre las obligaciones figura que las operadoras diversificaran sus cadenas de suministros y presentaran medidas para mitigar los riesgos de seguridad en sus redes 5G. Un mercado complementario «en aras de garantizar la seguridad basada en razones técnicas, estratégicas y operativas y evitar -por estas razones- la presencia de suministradores con una calificación de alto riesgo o de riesgo medio en determinados elementos de red o ámbitos».
Huawei y ZTE
El Esquema no habla de proveedores señalados -como podrían ser Huawei o ZTE-pero sí establece procedimientos para evitarlos, fomentando una transición voluntaria hacia suministradores más seguros. Deja además en manos de las operadoras el coste de desmontar redes de riesgo y la transición hacia otros modelos más diversificados optando por una estrategia disuasoria, más que vetar específicamente países o compañías concretas.
Sin embargo, desde entonces no se han producido avances ni reuniones específicas con las operadoras. En el sector se constata que, pese a que ya hay una ley de ciberseguridad 5G en vigor y un Esquema Nacional en funcionamiento, no se ha llevado a cabo una verdadera coordinación entre los diferentes estamentos. Por eso, uno de los objetivos del encuentro de esta semana era sentar las bases de una integración de protocolos entre ministerios y proveedores de servicio para abordar las crecientes amenazas de ciberseguridad.
El otro de los grandes temas tratados fue la nueva ley de ciberseguridad, anunciada hace un año, pero que se presentará en los próximos días, según ha indicado esta semana el ministro de Transformación Digital, Óscar López. Uno de los principales objetivos de este nuevo cuerpo legal es coordinar los esfuerzos de toda la Administración pública y de la empresa privada en el sector en relación a los ciberdelitos.
Ley de ciberseguridad
En enero, el entonces ministro de esta cartera, José Luis Escrivá, anunció la puesta en marcha de una ley de ciberseguridad (diferente a la ley de ciberseguridad 5G) con el objetivo de tener una visión integral y ordenar las funciones y competencias que tienen todos los organismos que trabajan para combatir el ciberdelito en España, como es el caso del INCIBE, el Centro Criptológico Nacional o incluso la Guardia Civil y la Policía . «Es una ley paraguas que establecerá las responsabilidades de cada uno y los mecanismos de coordinación», dijo el Gobierno en ese momento.
Transformación Digital considera que el desarrollo industrial en ciberseguridad es una palanca estratégica de la economía que reduce la probabilidad de ciberataques, acelera el tiempo de respuesta y mitiga sus impactos. El gran objetivo de esta nueva normativa es que se refuercen las capacidades de ciberresiliencia pública y privada con foco en los colectivos más vulnerables y las pymes. Un cuerpo legal en el que la colaboración privada es clave, según ha indicado el propio ministerio.
La ciberseguridad es un problema cada vez más acusado en todo el mundo y con especial incidencia en España. Los últimos datos del Ministerio de Interior indican que el cibercrimen registró 237.640 infracciones penales de enero a julio de 2024, lo que supuso un aumento del 9,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. España ya es el quinto país más afectado a nivel mundial por el ransomware (virus informáticos que secuestran datos de empresas para pedir un rescate), con 58 ciberataques en los últimos seis meses, un 23% más, según ‘Threat Landscape Report’.
