El Gobierno presentará una Ley de Ciberseguridad 'integral' antes de finales de año

El Gobierno espera comenzar a tramitar antes de finales de este año una nueva Ley de Ciberseguridad. Así lo ha indicado el ministro de Transformación Digital y Función pública, José Luis Escrivá, durante su comparecencia de este lunes ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso para presentar las estrategias y líneas generales que llevará a cabo su cartera durante la XV Legislatura que acaba de empezar.

Según se ha explicado desde este ministerio, este nuevo cuerpo legal tendrá una visión integral y ordenará las funciones y competencias que tienen todos los organismos que trabajan en ciberseguridad en España, como es el caso del INCIBE y coordinará los esfuerzos de toda la Administración pública y la empresa privada en el sector. «Es una ley paraguas que establecerá las responsabilidades de cada uno y los mecanismos de coordinación de la ciberseguridad», indican desde el equipo de Escrivá a THE OBJECTIVE.

Desde el Gobierno consideran que el desarrollo industrial en ciberseguridad es una palanca estratégica de la economía, que reduce la probabilidad de ciberataques, acelera el tiempo de respuesta y mitiga sus impactos. En este sentido, la nueva Ley -que se presentará ante el Parlamento probablemente antes de que acabe este año- reforzará las capacidades de ciberresiliencia pública y privada con foco en los colectivos más vulnerables y las pymes.

Ley de Ciberseguridad 5G

La nueva Ley de Ciberseguridad está ligada directamente a la inversión del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRTR). En este sentido, se han destinado 1.500 millones de euros de fondos europeos Next Generation que se utilizará, entre otras cosas, a que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) oferte más de 10.000 plazas de formación especializada en ciberseguridad entre 2024 y 2026; que se formen más de 200.000 estudiantes hasta el año 2027; la entrada pública en empresas y emprendedores, a través de RETECH y que se atiendan más de 320.000 consultas en 2026.

Esta nueva Ley de Ciberseguridad no tiene nada que ver con la Ley de Ciberseguridad 5G aprobada el 29 de marzo de 2022 y que está próxima a cumplir dos años. La primera coordinará todas las iniciativas públicas y privadas sobre el sector, mientras que la segunda se dedica exclusivamente a vigilar las infraestructuras digitales de las redes móviles y de 5G.

Respecto del futuro de la lista de proveedores de alto riesgo de 5G, vetados de las nuevas redes móviles y pendiente desde hace dos años, desde el ministerio de ha indicado que estamos hablando de un asunto de seguridad nacional y que decidirán caso por caso en las convocatorias correspondientes, «sin identificar a ningún proveedor en concreto».

Uso de la IA en la Administración

En relación a la reciente incorporación a la normativa en la que el Gobierno tiene la facultad de modificar el uso de proveedores de las operadoras de telecomunicaciones, desde el ministerio se ha indicado que «se reservan un margen de discrecionalidad para determinar algunas restricciones», como se hace en todos los países de nuestro entorno. El Ejecutivo también tiene en marcha la consulta pública sobre el Esquema Nacional de 5G, paso previo a identificar a proveedores de algo riesgo.

En su comparecencia en el Congreso Escrivá explicó las sinergias entre la transformación y la función pública y propuso tres grandes consensos para poner en marcha durante esta legislatura: acuerdos para el impulso de la Inteligencia Artificial y su uso ético; para el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país y para la transformación de la Administración pública.

En cuanto al impulso de la Inteligencia Artificial (IA) propuso seis ejes de trabajo: fomentar la capacidad de super computación de España, los datos y el corpus, el talento digital, el foco en aplicaciones industriales, el impulso de la IA en el sector público y fomentar una IA humanista. En este apartado, una de las principales novedades será el uso de la IA en la relación de los ciudadanos con la Administración aportando mejores herramientas para que los funcionarios interactúen con la población.

Inversión del PRTR

En el desarrollo de las capacidades tecnológicas los ejes serán la conectividad, el impulso de la industria de los chips, la ciberseguridad, el desarrollo de centros de datos (CPO) sostenibles, sector audiovisual y capacidades digitales inclusivas. Desde el Gobierno han indicado que están en múltiples negociaciones para atraer más inversiones al Perte Chip (datado con más de 12.000 millones en el PRTR), pero que hay que manejarse con cautela y no avanzar ningún avance hasta que esté completamente cerrado y firmado.

No obstante, Escrivá anunció que Málaga acogerá el centro de investigación y desarrollo (I+D) que el IMEC -siglas en inglés del Centro Interuniversitario de Microelectrónica- instalará en España. En junio se había anunciado esta inversión, pero hasta la fecha no se sabía la ciudad que lo recibiría.

Infraestructuras digitales

El Ejecutivo ha vuelto a recordar las altas capacidades de las infraestructuras digitales de España. Desde el punto de vista de la conectividad fija ha recordado que España ya tiene un 100% de cobertura, entre la fibra óptica y el despliegue satelital, (con una velocidad superior a los 100 megas) y tras invertir 1.035 millones de euros desde el año 2018.

En cuanto a la cobertura móvil ha recordado que hay 1.440 millones de inversión pública en diferentes programas que todavía se están decidiendo. En este sentido, no descartaron abrir más convocatorias para mejorar la conectividad en zonas rurales, pero en el ministerio indicaron que esperarán a ver la evolución de estas ayudas para valorar su impacto. En relación a la convocatoria 5G Activas, han señalado que el destino de los 545 millones todavía no está decidido «por la complejidad de las subvenciones», pero que esperan resolver pronto el concurso.