El Gobierno reactiva la lista de proveedores vetados en las redes de 5G

El Gobierno ha reactivado la lista de proveedores de alto riesgo que no podrán estar presentes en las infraestructuras de tecnología 5G. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que el Ejecutivo ha retomado el proyecto con la intención de tener terminado el listado en las próximas semanas, un documento que podría dejar a Huawei y a ZTE fuera de estas redes en España con un importante impacto económico para operadores como Orange o Vodafone.

Estas mismas fuentes indican a este diario que la formación del nuevo Gobierno (con un ministerio dedicado exclusivamente a la transformación digital a cargo de José Luis Escrivá), el comienzo de la legislatura y las presiones de la Unión Europea han situado al listado de proveedores de alto riesgo como una de las prioridades de la administración para el año que acaba de comenzar.

En el último Consejo de Ministros del año se estableció la tramitación administrativa urgente al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad 5G, paralizado desde hace un año y medio en los despachos de La Moncloa. Éste es el paso inmediatamente anterior a la elaboración de la lista de proveedores de alto riesgo y, en este caso, se pone a fecha (octubre de 2024) a los primeros análisis e informes que deberán presentar los operadores de telecomunicaciones que gestionan redes 5G en España para cumplir con la Ley de Ciberseguridad 5G. 

Ley de Ciberseguridad de 5G

Pero no es lo único. En el decreto ómnibus que Moncloa aprobó la semana pasada, se introdujeron importantes modificaciones a la Ley de Ciberseguridad 5G que allanan el camino para la elaboración de esta lista. En primer lugar, en la estrategia de diversificación que deben presentar las telecos se limita la presentación de al menos dos proveedores distintos solo a la red de acceso, pero ya no en el núcleo de la red y en los sistemas de control y gestión y los servicios de apoyo. Un guiño a las operadoras que reducen el coste de migración en infraestructuras críticas.

El Gobierno también estableció un nuevo cortafuegos de seguridad en las áreas críticas exigiendo a las operadoras que soliciten al Ministerio de Transformación Digital autorización para la instalación, modificación o adaptación de estaciones radioeléctricas que proporcionen cobertura a estas ubicaciones, áreas y centros vinculados con la seguridad nacional o el mantenimiento de determinados servicios esenciales para la comunidad o sectores estratégicos.

Por otro lado, se mantiene la obligación de ubicar los elementos críticos de una red pública 5G dentro del territorio nacional, pero abre la puerta a que determinados elementos, funciones y sistemas, tanto del núcleo de la red como de los sistemas de control y gestión y los servicios de apoyo, puedan ubicarse fuera del territorio nacional, siempre y cuando el Ministerio de Transformación Digital pueda fiscalizar estas instalaciones.

Cambios de final de año

No obstante, la modificación que ha generado mayor resquemor entre las operadoras es el cambio que indica que el Ministerio de Transformación Digital podrá modificar la estrategia de diversificación en la cadena de suministro de un operador 5G (vetar o cambiar proveedores) si considera que no queda garantizada la continuidad en la prestación de los servicios 5G.

El ministerio apela a «la integridad física o lógica de la red 5G, que existe una amplia exposición al equipamiento instalado por un suministrador que en determinadas circunstancias puede poner en peligro la funcionalidad y operatividad de la red 5G o para garantizar la seguridad en la provisión de servicios utilizados por los servicios de Seguridad Nacional, Defensa Nacional o por distintas Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta si existe calificación de suministradores de alto riesgo, las alternativas de suministro de equipos y productos sustitutivos viables, la implantación de esos equipos y productos en la red 5G del operador, especialmente en los elementos críticos de la red 5G, y los ciclos de actualización de equipos».

«Antes de aprobar la modificación, se deberá efectuar un trámite de audiencia con el operador 5G y suministrador o suministradores 5G afectados por un plazo de 15 días hábiles. La resolución pone fin a la vía administrativa y es directamente recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de que potestativamente se pueda interponer contra la misma un recurso de reposición con carácter previo al recurso contencioso-administrativo», dice la modificación.

Evolución del veto

Todos estos cambios tienen un común denominador y pasan por la puesta en marcha de la esperada lista de proveedores de 5G. Las fuentes consultadas indican que se quiere avanzar en su elaboración en las próximas semanas para tener claridad antes de que finalice este primer semestre, aunque evitan poner fechas debido a los retrasos que se han producido en los últimos meses.

En marzo de 2022 se aprobó la Ley de Ciberseguridad 5G y a punto de cumplirse dos años sigue sin publicarse el listado de proveedores de alto riesgo que establece esta normativa. Pese a que la idea era tenerla a finales de 2022, en febrero de 2023 la entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dejó en el aire su elaboración indicando que los objetivos ya estaban cumplidos con la salida de Huawei y ZTE de las nuevas redes de 5G.

Sin embargo, en el último verano la Unión Europea volvió a recordar la necesidad de que estos proveedores chinos saliesen de las redes europeas de telecomunicaciones, ya no solo de las nuevas sino que además de las que ya se han construido. Es así como España tuvo que incluir nuevos ‘vetos‘ a estas compañías en los concursos públicos para construir las futuras redes de 5G en el ámbito rural y ahora vuelto a moldear la normativa de 5G, una regulación que seguirá su desarrollo en las próximas semanas.