Huawei prepara la batalla legal con el Gobierno ante su posible exclusión de las redes 5G

La filial española de Huawei ha activado su maquinaria legal y se prepara para una larga disputa judicial contra el Gobierno español ante un eventual veto a sus redes e infraestructuras de telefonía móvil. La operadora, que ya recurrió la orden de bases de la convocatoria de ayudas al 5G rural, trabaja en un recurso al concurso que se convocó esta semana, y —al igual que en otros países— están abiertos a llevar ante la Justicia cualquier normativa que, directa o indirectamente, pueda discriminarles frente a otros competidores en el mercado español.

De esta manera, Huawei allana el terreno ante su posible inclusión en la lista de proveedores de alto riesgo que el Gobierno mantiene paralizada desde hace 18 meses, pero que podría reactivarse después de las peticiones formales de la Unión Europea. En junio Bruselas solicitó a los Estados miembros que excluyeran a proveedores ajenos a la OTAN y a la UE de sus redes e infraestructuras digitales críticas, tanto de las que se van a construir como las que ya llevan años en funcionamiento.

Unas advertencias que apuntan directamente a proveedores como Huawei o ZTE al considerar que están directamente vinculados con el Gobierno chino y que, por tanto, pueden representar una amenaza para la seguridad de la Unión Europea como proveedores de las infraestructuras críticas en el continente. Las advertencias de la UE apuntan directamente a que ningún miembro debe poner en riesgo la seguridad de toda la región, por lo que tienen que acelerar la toma de decisiones y los bloqueos.

Huawei mueve ficha

Desde que a mediados de 2019 Estados Unidos activara el veto a sus dispositivos móviles e infraestructuras de telecomunicaciones, se han realizado movimientos en Europa para seguir esta línea, pero hasta la fecha sólo Reino Unido había instaurado una prohibición explícita de la red core del 5G. Sin embargo, tras las advertencias comunitarias Alemania aceleró su normativa anti-Huawei y Portugal estableció los criterios formales para bloquear a proveedores chinos.

Estos anuncios de la UE obligaron a Huawei a adoptar una estrategia activa advirtiendo de que irían a los tribunales si fuese necesario. «Señalar públicamente a una entidad individual como Huawei sin una base legal va en contra de los principios del libre comercio», indicaron. Y agregaron que «como operador económico en la UE, Huawei tiene derechos procesales y sustanciales y debe estar protegido por las leyes de la UE y los Estados miembros, así como por sus compromisos internacionales».

Una actitud más beligerante que les llevó por primera vez a los tribunales en Portugal, algo inédito hasta la fecha. A comienzos de septiembre, su filial en el país luso presentó un recurso administrativo para impugnar la decisión de la Comisión de Evaluación de la Seguridad de esta país, que excluía a los proveedores de «alto riesgo» de la infraestructura 5G.

Recurso en Portugal

La normativa portuguesa, promulgada el pasado mayo, establece hasta siete criterios relacionados con el 5G para determinar si un proveedor supone un riesgo para la seguridad nacional. Uno de ellos permite expulsar de la infraestructura 5G a los proveedores que tengan su sede o tengan vínculos con países que no estén dentro de la Unión Europea, OTAN o OCDE. No se menciona directamente a ninguna compañía, pero esta lectura excluiría directamente a empresas con sede en China como Huawei o ZTE.

Huawei ha indicado que este recurso presentado en el Tribunal de Lisboa, pretende «salvaguardar la protección de sus legítimos intereses y derechos legales, esperando remediar las múltiples violaciones de sus derechos provocadas por la resolución, así como su significativo impacto negativo sobre la empresa y sus socios«.

En el caso de Alemania, no hay recurso —porque el veto a Huawei solo es una propuesta que todavía no se ha convertido en ley— pero ya se han pronunciado indicando que se oponen «a la pura politización de la evaluación de la ciberseguridad», y destacaron que «será un freno para la innovación y aumentará sustancialmente los costes de construcción y operación para los operadores de redes».

5G rural en España

En España, el camino a seguir está siendo el mismo que en Portugal a la espera de que se conozca la norma general. Hasta ahora, un posible veto a Huawei solo está contenido en la orden de bases del concurso para que las telecos opten a 540 millones de euros en ayudas al despliegue de 5G en zonas rurales. Una normativa que ya ha recurrido Huawei y que en los próximos días podría extender al propio concurso convocado esta semana.

Esta orden de bases advierte que las operadoras que opten a las ayudas deberán utilizar componentes asociados a proveedores establecidos en la Unión Europea y que los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a suministradores que hayan sido designados como de alto riesgo por España. La redacción también indica que «si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación». Es decir, se refiere a equipamiento futuro y al ya instalado.

Una norma que para Huawei contiene una provisión contraria a Derecho y es desproporcionada. «El artículo en cuestión interfiere con la libertad de los operadores para elegir el mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad. En su lugar, busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios», han indicado.

Huawei en España

«Huawei España, como suministrador de equipos de telecomunicaciones legalmente establecido en el país, confía en que el Tribunal abordará las diversas infracciones de la ley y repondrá los derechos e intereses legítimos de la compañía en aras de mantener la competencia en beneficio de los consumidores y usuarios, así como de las empresas de las zonas rurales españolas», concluyen en una declaración de intenciones respecto de normativas similares que se puedan dictar en el futuro.

Cuando Huawei finalmente se decida a recurrir el concurso convocado esta semana, profundizará una batalla legal que pone en tela de juicio las decisiones que el Gobierno vaya tomando en relación a la elaboración de la lista de proveedores de alto riesgo de 5G, cuestionando el espíritu de estos eventuales vetos y dejando en el aire los futuros movimientos en relación a la seguridad de las redes móviles de telecomunicaciones. De hecho, en el Ejecutivo se preparan varios concursos que podrían incluir este veto implícito a Huawei, los que en su momento, también podrían tener una respuesta legal del suministrador chino.

Una disputa judicial que tiene otros actores como Vodafone, que también recurrió la orden de bases al considerar que el concurso favorece a Telefónica, precisamente porque es el menos expuesto a las redes del posible vetado Huawei. Una presión legal que llega en el peor momento para España ya que la Unión Europea sigue pidiendo acciones concretas para proteger las infraestructuras críticas y no admite más retrasos en la toma de decisiones.