Las 'telecos' españolas afrontarán un coste de hasta 1.000 millones si se veta a Huawei y ZTE

Las operadoras españolas de telecomunicaciones tendrán que afrontar un coste de entre 400 y 1.000 millones de euros si es que finalmente el Gobierno decide aplicar un veto a los suministradores chinos como Huawei y ZTE, según fuentes del sector consultadas por THE OBJECTIVE. En el peor de los escenarios y con una política dura como ya se ha aplicado en otros países europeos, la factura total de sustituir los equipos de estos proveedores estaría en la parte alta de esta franja, un gasto inasumible para Telefónica, Orange y Vodafone, que en estos momentos están en pleno despliegue de sus redes 5G stand alone.

La Comisión Europea pidió a los Estados miembros que aceleren el veto a los suministradores de países que no estuviesen en la OTAN ni en la Unión Europea en sus infraestructuras digitales y de telecomunicaciones, en especial las de 5G. Una clara alusión a Huawei y ZTE. Bruselas publicó hace unas semanas su 5G cybersecurity toolbox, en el que estableció un marco normativo para que se activase el bloqueo a las redes de estas compañías.

Esta toolbox exige que, además de no incluir a estos proveedores en sus futuros despliegues, éstos deben salir de las infraestructuras ya desarrolladas. Aunque se da un margen amplio para que cada país decida que nivel de profundidad debe tener este bloqueo y a qué equipos específicos debe realizarse. De esta manera, en Portugal se ha establecido un escenario duro en el que piden retirar completamente todos los equipos de Huawei y ZTE incluyendo componentes virtuales de la red.

Veto total a Huawei

Precisamente en este escenario duro, el coste total que deberían asumir Telefónica, Vodafone y Orange (los únicos con despliegue y licencias 5G) sería cercano a los 1.000 millones de euros, según las fuentes consultadas. Esto supondría retirar todo el equipamiento de Huawei y ZTE, el del 3G y el 4G que se ha utilizado para soportar el despliegue de 5G non stand alone (sobre redes de los antiguos despliegues), además de nubes de seguridad, más sites (emplazamientos) y todo el equipamiento virtual de estos suministradores.

Un coste proporcional al que se podría producir en Alemania. Según las estimaciones de Barclays, la factura en este caso podría ser de 2.500 millones de euros en el peor de los escenarios, con un pago de 1.000 millones para Deutsche Telekom y de 700 millones para Telefónica y Vodafone, respectivamente. En el país germano hay 103 millones de líneas móviles, aproximadamente la mitad de las 57 millones que existen en España.

Por otro lado, en el escenario menos intervencionista y con las mínimas restricciones a los equipos de Huawei y ZTE, las operadoras españolas deberían asumir un coste cercano a los 400 millones de euros. Un informe de la consultora Strand indica que la factura total de sustituir equipos de Huawei y ZTE de las redes en Europa sería de 3.300 millones si solo se reemplaza el material que no tenía que ser actualizado e independiente del operador seleccionado. Una cifra que, en el caso español, llegaría a los 377 millones de euros.

Escenario menos intervencionista

La consultora independiente advierte que para evaluar el impacto de restringir los equipos Huawei, se debe considerar que los operadores deben efectuar una necesaria actualización si quieren incorporar el 5G, independientemente de si usan o no Huawei. Es decir, hay un coste irrecuperable para las actualizaciones que debe restarse de lo que se gaste en desmontar a Huawei y ZTE. En este sentido, advierten que la mayoría de las redes de Europa ya tienen entre 3 y 5 años y que se debe reemplazar entre el 70 y el 80% del equipo de radio ya existente.

En los últimos tres años, los operadores móviles europeos han estado comprando equipos de red de radio (RAN) por 8.100 millones, un 40% a Huawei y ZTE, lo que implica un coste total de 3.300 millones para todo el continente si éstos deben ser reemplazados. Strand recuerda que este es un coste único de 6,5 euros por cada uno de los usuarios de telefonía móvil en el continente, equivalente a 377 millones en el caso de nuestro país.

Frente a estos costes que deberían afrontar en España, las operadoras no han querido hacer declaraciones y tampoco hay nadie que se atreva a hacer un cálculo para cada una de las compañías afectadas. Lo que sí se confirma es que Orange y Vodafone están más expuestos en sus redes ya construidas con equipos de Huawei y ZTE, mientras que en el caso de Telefónica este impacto sería menor, aunque siempre de varias decenas de millones de euros si es que se materializa el peor de los escenarios.

Coste para las operadoras

Con todo, las fuentes consultadas indican que en todos los casos se produciría un frenazo a las inversiones en infraestructura y la reducción de la velocidad de despliegue de 5G en España. Precisamente, Telefónica, Orange y Vodafone están en estos momentos inmersas en el lanzamiento comercial del 5g stand alone o 5g+, sin proveedores chinos y con inversiones de varios miles de millones de euros. Los dos primeros ya han lanzado sus redes comerciales y varias ciudades españolas, y los británicos esperan hacerlo antes del primer trimestre del próximo año.

Considerando que el sector en España sigue teniendo graves problemas para ser rentable, con una deflación que ya acumula una década y con grandes esfuerzos para intentar frenar una galopante caída de ingresos, una factura de hasta 1.000 millones por desmontar las redes de Huawei y a ZTE se hace insostenible. Para clarificar estas incertidumbres es clave la decisión del Gobierno español y ver por qué escenario se decantará. Una situación que, a nivel europeo, ha llevado a plantear la posibilidad de recibir ayudas de Bruselas para financiar el desmontaje de estas redes.

5G rural y Huawei

De momento, la única pista que ha dado España ha sido la convocatoria de ayudas para el 5G rural donde, en opinión del sector, se ha adoptado un escenario muy restrictivo. En este documento se indica que los solicitantes no podrán tener en sus redes a empresas señaladas como proveedores de alto riesgo, «en particular, los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España, en base a los criterios de la toolbox sobre ciberseguridad 5G».

Y agregan que las propias operadoras desmontarán sus redes construidas con estas ayudas si sus proveedores son declarados de alto riesgo. «Dicha sustitución se habrá de realizar en un plazo máximo de 24 meses, y siempre en un plazo inferior al que esté fijado por la legislación vigente en su momento», dice la orden de base que solo rige para estos despliegues rurales con ayudas de los fondos europeos Next Generation, pero que para algunos puede ser la hoja de ruta a seguir en la totalidad de las infraestructuras.