El Gobierno limita a Telefónica en las ayudas para el 5G rural ante el recurso de Vodafone

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha dado una nueva vuelta de tuerca al polémico concurso de ayudas al equipamiento activo de 5G en zonas rurales. El Gobierno ha publicado este martes la convocatoria 544 millones de euros en ayudas dentro del programa ‘Único 5G Redes Activas‘ para el despliegue en municipios de menos de 10.000 habitantes limitando «el número de provincias en las que un mismo operador puede resultar como primer beneficiario y las condiciones para su aplicación».

Según ha confirmado THE OBJECTIVE, esta modificación introducida en la orden de bases el pasado 27 de septiembre cambia radicalmente el concurso y modifica la redacción original del 21 de junio, atendiendo el recurso de Vodafone (presentado hace pocos días) y las críticas de otros operadores como Orange. Huawei también impugnó la orden de bases original al considerar que «contiene una provisión contraria a Derecho y es desproporcionada».

Vodafone y Orange creen que el concurso favorece a Telefónica al incluir un artículo en el que se penaliza gravemente a las compañías que utilizan proveedores que podrían ser considerados de alto riesgo. La redacción indica que incluso se les obligaría a desmontar redes si es que sus suministradores entran en una lista negra que todavía no ha sido promulgada.

Orden de bases

En este caso, las dos operadoras utilizan mayoritariamente equipamiento 4G de Huawei y en buena parte de sus primeros despliegues de redes 5G, un proveedor que está en el punto de mira tras las peticiones de la Unión Europea de quitar a todos los suministradores chinos de las redes digitales y 5G de los países miembro. En el caso de Telefónica, tiene más exposición a Nokia y a Ericsson.

En este sentido, y atendiendo las críticas, el Gobierno quiere evitar un monopolio de Telefónica limitando su presencia en todas las provincias elegibles para las ayudas. En la redacción del 21 de junio, la orden ministerial solo decía que «entre las propuestas presentadas a cada zona de concurrencia se otorgará la ayuda que corresponda a las mejor valoradas, siempre que su valoración haya alcanzado la puntuación mínima exigida en su caso, pudiendo otorgarse ayuda a más de un beneficiario en cada zona de concurrencia, de acuerdo con lo que se establezca en la correspondiente convocatoria».

Ahora a este artículo se ha incluido al final de este párrafo la frase «que podrá establecer asimismo un límite en el número de provincias en las que un mismo operador puede resultar como primer beneficiario y las condiciones para su aplicación». Esto supone que Asuntos Económicos podrá limitar el número de provincias abriendo espacio a sus competidores. Es además, el tercer cambio en la redacción de la orden de bases desde que se publicara su borrador el 5 de julio del año 2022.

Ley de Ciberseguridad 5G

Este diario ya explicó que la orden de bases original (el borrador) indicaba que «los beneficiarios deberán cumplir los requisitos y obligaciones en materia de seguridad y ciberseguridad de las redes y servicios de comunicaciones móviles de quinta generación (5G) establecidos en el Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación, y en su normativa de desarrollo». 

Pero el 21 de junio se incluyó un nuevo párrafo en el que se refería explícitamente a los proveedores de alto riesgo (algo que no estaba incluido en el borrador). Este decía que la norma se refería «en particular, los equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado en los elementos críticos de las redes 5G no serán adquiridos a proveedores que hayan sido designados como de alto riesgo por España, en base a los criterios de la Toolbox sobre ciberseguridad 5G», indicaba la orden de bases.

Se indicaba además que serían las propias operadoras las que deberán desmontar sus redes construidas con estas ayudas si es que sus proveedores son declarados de alto riesgo. Con base en la Ley de Ciberseguridad de 5G se establece la siguiente condición especial de ejecución: «si una vez ejecutado el proyecto, el suministrador 5G seleccionado por el beneficiario es declarado de riesgo alto, el beneficiario deberá proceder a la sustitución del equipamiento de dicho suministrador por el de otro que no se encuentre en dicha situación».

Posición de Huawei

De esta manera, se establecía que todo este proceso debe hacerse «realizando a su coste el cambio del equipamiento que pudiese encontrarse ya instalado. Dicha sustitución se habrá de realizar en un plazo máximo de 24 meses, y siempre en un plazo inferior al que esté fijado por la legislación vigente en su momento». Este es precisamente uno de los mayores temores de los operadores de telecomunicaciones si es que el veto a Huawei y ZTE se extiende a toda la red y que cifran en más de 1.000 millones de euros para todo el sector.

En este sentido, la limitación de Telefónica en esta nueva redacción soluciona parte del problema ya que limita al principal beneficiario, pero no soluciona la posible promulgación de una lista de proveedores de alto riesgo que automáticamente bloquea a Vodafone y Orange. La orden tiene que ver con los temores de la Comisión Europea respecto de los suministradores chinos, pero no soluciona el meollo del asunto -dicen en el sector- en la medida que solo pone un parche en un entorno en que ni siquiera se ha publicado la esperada lista de estos suministradores de alto riesgo.

Una situación que también ha hecho que Huawei recurriera. El suministrador chino cree que el artículo en cuestión interfiere con la libertad de los operadores para elegir el mejor proveedor sobre la base de criterios objetivos que reflejen requisitos comerciales, técnicos y de seguridad. En su lugar, busca excluir a ciertos suministradores en función de criterios políticos arbitrarios. «Este planteamiento reducirá la competencia, lo que provocará una distorsión del sector de las telecomunicaciones en España, obstaculizará la innovación y planteará grandes riesgos económicos y sociales», indicaron.