El caos de los fondos UE aboca al cierre a 60 empresas de ciberseguridad

La ‘ortopédica’ gestión de los Fondos Next Generation podría traer una mala noticia en breve, con la destrucción y quiebra de hasta 60 empresas, en su mayoría pymes, que en su día optaron por trabajar como sociedades concesionarias del programa España Digital 2026.

Un programa encaminado a desarrollar las capacidades de ciberseguridad en la empresa y la administración españolas, que emana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Y la razón no es otra -explican a THE OBJECTIVE fuentes afectadas del sector- que la falta de liquidez con la que trabajan estas empresas, ante la enorme magnitud de desembolso que han tenido que desplegar desde hace dos años y la falta de correspondencia económica por parte del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe).

Y ello pese a que el Incibe es el cuarto mayor perceptor de las ayudas europeas, tal y como recoge el listado de los 100 primeros perceptores, dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia.

Una planificación que conduce a la quiebra

Pasados dos años desde el inicio del programa, de un total de 80 empresas embarcadas en este proyecto, prácticamente el 75% de ellas podrían desaparecer.

Hasta ahora, las pymes -las grandes tecnológicas no han llegado a licitar por no considerarla una operación rentable- han asumido los costes que suponen la multiplicación de sus plantillas y compra de satélite. Los gastos corrientes aumentan, con inversiones medias de 500.000 euros, y muchas veces, apenas con un capital social de 3.000 euros. Hay que tener en cuenta que el grueso de estas pymes y startups apenas tienen dos o tres años de antigüedad.

El Incibe ha sido perceptor de 307.841.838 euros y ha adjudicado hasta 170 millones hasta el momento. Sin embargo, ninguna de estas partidas se ha movido de la primera caja a la que llegaron. Así lo señalan a este diario las fuentes afectadas, aclarando que la planificación estatal de estos fondos funciona del siguiente modo: el dinero se certifica en los avances de cada una de las empresas, pero dichas certificaciones no tienen entidad suficiente para que los bancos las consideren avales para poder seguir financiándose.

Es decir, el Incibe certifica los avances del Plan de Transformación y Resiliencia en materia de ciberseguridad, pero no paga porque no tiene capacidad legislativa ni para reembolsar por los subhitos que se van logrando, ni tampoco para rubricar un resguardo o documento de fe para que los bancos no tengan que asumir ellos solos los riesgos.

El problema del aval

Este desajuste en la planificación de los fondos está llevando a que las empresas acudan a las entidades financieras con pocos resultados, porque los bancos dan los avales a sus clientes habituales, de manera que estos concesionarios se han visto abocados en la mayoría de los casos a obtener recursos con avales personales e hipotecarios.

Pero la situación, de no revertirse este funcionamiento, ha llegado a un límite que abre un futuro desconcertante y pesimista. De este modo, lo que va a conseguir el Gobierno, y este negociado que ahora depende del ministro José Luis Escrivá -añaden algunos de los empresarios- es que «aquel proyecto bandera, cuyo objetivo pasaba por transformar la ciberseguridad en un sector puntero de valor añadido, devenga en el efecto contrario, cargándose al sector, y no culminando los proyectos de software de todos estos empresarios que se tiraron a la piscina, creyendo que esta era una buena oportunidad».

Con este clima de abatimiento, el sector pone sus ojos en la reunión del Consejo de Administración del Incibe, que tendrá lugar el próximo 28 de enero. En el orden del día se tratará la solicitud de contratación pública de una adenda que «permita que se emitan facturas parciales que faciliten la financiación de estas empresas y que, a su vez, eviten que los proyectos comenzados no decaigan y se conviertan en papel mojado», explican a THE OBJECTIVE.

La solución del ICO

Entretanto, los afectados consideran otras soluciones. Por ejemplo, los avales covid que dio el ICO, y que podrían subsanar una situación preocupante en una de las principales apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez, promocionada en la presidencia española del Consejo Europeo. Algo que podría quedar aclarado este miércoles, en la presentación que tendrá lugar en la Cámara de Comercio de Madrid.

Allí, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid y José Carlos García de Quevedo Ruiz, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dialogarán sobre las nuevas líneas de trabajo en el marco de la segunda fase del Plan de Recuperación con las que se canalizarán 40.000 millones de euros en préstamos.

Esta es una dotación con cuatro grandes líneas:

• ICO Verde: dotada con 22.000 millones de euros para facilitar créditos a hogares y empresas privadas y públicas para la realización de inversiones que favorezcan la transición verde, como la generación de energía renovable, la eficiencia energética, la movilidad sostenible o la economía circular.

• ICO Next-Tech, con una dotación de 4.000 millones de euros y gestionado por la sociedad de capital riesgo AXIS, para seguir facilitando el crecimiento de las startups y scaleups españolas en tecnologías disruptivas, promoviendo la innovación y la digitalización.

• ICO Spain AVS Hub, dotado con 1.500 millones de euros orientado a aumentar en un 30% la producción del sector audiovisual y de videojuegos de España. En esta iniciativa también se desplegarán 212 millones de euros en el PERTE de la Lengua.

E ICO Empresas y Emprendedores, dotado por su parte con 8.000 millones de euros para paliar los potenciales efectos del endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito y desarrollar medios de financiación alternativos para las pymes, lo que facilitará la financiación de su crecimiento, entre otros aspectos.