The Objective
Telecomunicaciones

El Gobierno aumenta la presión a las 'telecos' para que refuercen sus redes ante catástrofes

Las operadoras indican que es casi imposible garantizar el 100% de cobertura y piden que se maticen las exigencias

El Gobierno aumenta la presión a las ‘telecos’ para que refuercen sus redes ante catástrofes

Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones. | Alberto Paredes / EP

El Ministerio de Transformación Digital ha endurecido el discurso para que las operadoras de telecomunicaciones refuercen sus infraestructuras ante catástrofes naturales o situaciones excepcionales como el apagón del pasado mes de abril. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que los últimos mensajes que se han cruzado con el sector apuntan a que las compañías asuman el coste de estas inversiones e incluso hay miembros del Ejecutivo que proponen exigir que se garantice la máxima autonomía del servicio de telefonía e internet en zonas afectadas por estos acontecimientos anómalos.

El Gobierno ya tiene sobre la mesa el resultado de la consulta pública que mantuvo abierta durante el mes de septiembre y en la que hasta 23 entidades y empresas aportaron sus ideas. Luego tiene que elaborar el proyecto que nuevamente debe salir a audiencia pública, para que en un plazo mínimo de tres meses se pueda aprobar en el Consejo de Ministros. Y, por el momento, no ha dicho públicamente cuáles serán las claves de la nueva normativa que afectará directamente a telecos como Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi.

A primeros de septiembre, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, anunció la creación de un cuerpo legal que debía asegurar la resiliencia de las redes de telecomunicaciones ante grandes eventos y grandes catástrofes. «Estamos en conversaciones con el sector porque queremos mejorar la seguridad, pero sobre todo la resiliencia del sistema de comunicaciones ante eventos de esta magnitud».

Inversión y capex

Desde entonces, poco se ha sabido aunque se han mantenido contactos. Mensajes que han despertado cierta alarma en las operadoras de telecomunicaciones. El ministerio dirigido por Óscar López insiste en que las compañías deben responder a este reto de asegurar la resiliencia como ya ha hecho el sector eléctrico. Un reto que se traduce en importantes inversiones para reforzar las redes en una industria que lleva una década reduciendo sus márgenes y bajando sus ingresos, y que han recortado su capex de manera paulatina en medio de una dura guerra comercial.

El Gobierno -pese a que públicamente se refiere a catástrofes como la dana de Valencia o la erupción del volcán de La Palma- tiene en el punto de mira el apagón de abril y el hecho de que todo el sistema de telecomunicaciones (telefonía móvil e internet) se fuera a negro. La pérdida de carga en las baterías de las torres y equipos comprometió seriamente la conectividad, obstaculizando gravemente las comunicaciones. Estas torres son las que brindan la conectividad que sustenta las llamadas desde teléfonos móviles y la internet que soporta los terminales.

En el sector se reconoce en privado que este apagón -que impidió que los españoles utilizaran los teléfonos móviles durante casi todo el día- se produjo por la falta de baterías de respaldo en buena parte de estas torres. Un proceso de desmontaje paulatino que se produjo en los últimos años por los ajustes de costes operativos de telecos y sin que ninguna legislación obligara específicamente a reforzar estos equipamientos. Equipamientos considerados activos (de software) por lo que corresponden a las operadoras y no a las torreras como Cellnex, Vantange, Totem o American Tower.

Respuesta de las ‘telecos’

Pero las fuentes consultadas indican que equipar una torre de telecomunicaciones con nuevas baterías puede costar entre 5.000 y 6.000 euros y que, como mínimo, el 30% de todas las instalaciones necesitan intervenciones. Y hablamos de al menos 45.000 emplazamientos en toda España. Un informe del regulador del sector en Reino Unido (Ofcom) calculó que la inversión necesaria para aumentar en cuatro horas la autonomía solo de los servicios de emergencia supondría una inversión de 1.000 millones de libras. 

Por ello, las telecos quieren rebajar la factura el máximo posible, mientras que el Gobierno endurece la postura intentando que la cobertura en apagones -y en catástrofes naturales- sea lo más cercana al 100%. Es decir, que se garanticen largos periodos de autonomía. Una máxima que Antonio Hernando volvió a repetir este miércoles en un evento con todos los CEO del sector en el que indicó que el mundo de las telecomunicaciones «tiene que reaccionar» y responder al igual que la industria eléctrica ante estas situaciones excepcionales.

Lo que ha transmitido el sector al Gobierno es que se acote lo más posible la garantía universal del servicio, y ponen la línea roja en las infraestructuras críticas. Lógicamente, es menos oneroso garantizar el 100% del suministro en estos emplazamientos que en toda España. Las telecos advierten de que actualmente ya existe una normativa y que hay 3.000 infraestructuras identificadas como hospitales, puertos, aeropuertos, estaciones militares, etc… En ellas, las operadoras ya han realizado importantes inversiones para protegerlas.

Responsabilidad en el apagón

Las operadoras también dicen que el apagón fue el único acontecimiento ante el que no estuvieron totalmente preparadas y que esto se produjo por un evento absolutamente inesperado -y que no había pasado nunca en la historia reciente- como la pérdida de electricidad en toda España. En este caso, creen que antes debería garantizarse que no se vuelva a caer el suministro eléctrico, ya que garantizar el 100% las telecomunicaciones en un apagón es prácticamente imposible.

Por otro lado, señalan que en otras catástrofes sí estuvieron a la altura, devolviendo la conectividad en tiempo récord en la dana de Valencia o en el estallido del volcán de La Palma. ¿Ayudas? Las telecos creen que en la medida que se exija un mayor esfuerzo inversor serán necesarios incentivos o ayudas que -indican- de una y otra manera ya se han dado al sector eléctrico para que garantice la resiliencia. Confían en que se llegue a un entendimiento con el Gobierno y que el proyecto final recoja la mayor parte de sus demandas.


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