Cataluña retrasa la licitación de su red de fibra propia ante el riesgo de un nuevo 'caso Huawei'

Cataluña tiene su propio caso Huawei. La Generalitat lanzó en mayo la licitación de su red de fibra propia con la que pretende unir su red de servicios públicos y desconectarse de las infraestructuras del resto de España. Un proceso en el que tres de las cuatro ofertas presentadas contaban con el fabricante chino como suministrador, lo que hizo saltar todas las alarmas en medio de la polémica generada por los contratos adjudicados por el Gobierno central al suministrador y con claras advertencias de la Unión Europea sobre su utilización.

Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE indican que la Generalitat ha optado por la prudencia y analizar con más detalle la selección del ganador para valorar todas las posibilidades. De hecho, fuentes del sector empresarial advierten a este diario que hace un mes su adjudicación era inminente, pero todo se ha ralentizado al hilo de las polémicas que han saltado a los medios y que se han acentuado después del verano.

Este diario destapó el pasado 7 de julio la adjudicación a Huawei del Ministerio de Interior de un contrato por valor de 12,3 millones para la gestión del almacenamiento de las escuchas telefónicas judiciales, una adjudicación que generó gran revuelo y que impulsó a congresistas de EEUU a pedir a Donald Trump una investigación. A finales de agosto, el Gobierno anuló otro contrato por diez millones a Telefónica para instalar equipos de nueva generación del fabricante chino en la red pública de fibra óptica RedIRIS, aunque mantiene una decena de licitaciones en otras áreas como la Seguridad Social.

Ofertas presentadas

En el caso de Cataluña, la resolución de su concurso se esperaba para mediados de septiembre, pero sigue sin resolverse después de cinco meses. Un contrato de 127 millones de euros lanzado por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat para la prestación de los servicios corporativos de conectividad a los puntos de servicio de la Generalitat de Cataluña en su sector público (policía local, servicios de emergencia o juzgados), incluyendo la ejecución de las obras necesarias para conectar los puntos de servicio a la fibra óptica existente.

Al concurso se presentaron formalmente cuatro ofertas. Una UTE de Orange con la catalana Parlem; otra de Vodafone con SEMI, una tercera de Sirt Connecta y una cuarta de Telefónica con Tradia. Tres de ellas tienen equipamiento Huawei, lo que convirtió de facto al suministrador chino como el favorito para la adjudicación. Una situación que cobró más fuerza tras la reunión de julio del president de la Generalitat, Salvador Illa, con Huawei en Pekín.

El Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat –organismo adjudicatario– tiene desde enero de este año como director general a Demetri Rico, que fue durante cinco años (entre 2017 y 2022) un alto cargo de Huawei. Primero en el área de servicios integrados, luego en transformación digital y luego como Chief Technology Office (CTO) y vicepresidente de servicios empresariales. Tras un paréntesis de menos de tres años en Flexxible IT, fichó por el equipo de Salvador Illa.

La UE y Huawei

Las fuentes consultadas por este diario advierten de que la red lanzada a concurso es clave para entender el futuro de los servicios públicos catalanes, ya que en la práctica significa una desconexión de la red que opera en toda España. Si esta infraestructura la construye un suministrador en el punto de mira de la Unión Europea, se corre el riesgo de tener que rectificar el despliegue si, en el futuro, suministradores similares a Huawei son expulsados de nuestras redes. Y no hablamos solo de 5G, sino también de las infraestructuras troncales por donde pasa toda la información, en el caso catalán, de los propios ciudadanos.

La Unión Europea lleva meses advirtiendo del riesgo explícito que los suministradores chinos representan para las infraestructuras críticas del continente. En cuanto al caso español, la responsable de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, indicó a comienzos de septiembre que «el contrato celebrado por el Ministerio del Interior español con Huawei puede crear potencialmente una dependencia de un proveedor de alto riesgo en un sector crítico y sensible que aumentaría el riesgo de injerencia extranjera».

Aplicación del ‘toolbox’

En esta línea, este diario ya publicó esta semana que la Comisión Europea, en sintonía con el Parlamento comunitario, busca fórmulas vinculantes para que los Estados miembros apliquen el toolbox de seguridad, lo que en la práctica obligaría a expulsar a Huawei y ZTE de las redes españolas. Hasta la fecha, estas directrices no son obligatorias, lo que ha hecho que países como España hayan hecho interpretaciones libres de la norma y no han eliminado a estos suministradores de nuestras redes.

En el caso de que la UE logre incluir una norma que obligue a sacar a estas compañías de las infraestructuras críticas comunitarias –algo que se quiere incluir en la revisión de la Ley de Ciberseguridad–, quienes ya hayan montado equipos de Huawei o ZTE deberán desmontarlos con el consiguiente coste económico para las empresas y administraciones involucradas. Un coste que también se está valorando en la Generalitat antes de decidir su proveedor definitivo para su nueva red de fibra óptica propia.