España firma la declaración de la UE que abre la puerta al veto de proveedores chinos

España aprobó el pasado 20 de noviembre las conclusiones sobre la estrategia para la participación de la Unión Europea (UE) en los asuntos digitales globales que -según las fuentes comunitarias consultadas por THE OBJECTIVE– sienta las bases para que la Comisión emprenda acciones concretas para vetar de manera efectiva a suministradores y proveedores de «alto riesgo» vinculados con China como Huawei o ZTE. El documento mandata explícitamente al Ejecutivo de Bruselas a que fortalezca la soberanía digital y refuerce su trabajo para desarrollar infraestructuras digitales seguras y fiables.

El documento aprueba la Estrategia Digital Internacional para la Unión Europea que la Comisión ya propuso en julio. Su validación se produjo en el seno de la reunión del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores en el que están representados todos los Estados miembros al máximo nivel: en este encuentro en concreto, los ministros de Asuntos Exteriores de cada Ejecutivo, y en el caso de España, su titular José Manuel Albares, como así consta en el acta del encuentro. Esto supone que todas las decisiones que se toman a partir de la rúbrica de esta declaración son de obligado cumplimiento para los firmantes, incluido España.

De hecho, la Comisión Europea esperaba esta firma con el plácet de los Estados miembros para ponerse a trabajar en la ejecución de acciones concretas para reforzar la soberanía y la seguridad estratégica del continente. ¿Qué dice el texto? En primer lugar, indica que ante los cambios geopolíticos, la rápida evolución tecnológica y la creciente competencia mundial por la innovación, el talento y la inversión «es crucial impulsar la transformación digital de Europa, reforzar su soberanía y consolidar su propio ecosistema digital abierto».

La UE y China

Para lograr este objetivo, señala que se requiere el fortalecimiento de las alianzas internacionales y una estrecha colaboración con países socios de confianza y organizaciones internacionales en materia de innovación y gobernanza digital. Se refiere a los países de la OTAN en contraposición a las amenazas que llegan de Rusia y de sus aliados, como China. Del mismo modo, destacan el papel de la tecnología en el contexto geopolítico actual y la necesidad de «una diplomacia digital ambiciosa y orientada a la acción para impulsar los objetivos de política exterior, seguridad y Defensa de la UE».

También subraya el papel fundamental de la transformación digital en el contexto de la Estrategia Global Gateway (el plan de inversión de la Unión Europea para movilizar hasta 300.000 millones de euros en el sector tecnológico hasta 2027) y los paquetes de medidas para la economía digital. Destaca además la importancia de promover una conectividad segura y fiable en las iniciativas internacionales de la UE.

Asimismo, mandata a la Comisión, a la Alta Representante de la UE y a los Estados miembros a reforzar la dimensión digital de Global Gateway, continuar el desarrollo de centros digitales en los países socios y promover la Oferta Empresarial Tecnológica de la UE (que incluye el apoyo al acceso de las empresas tecnológicas de la UE a los mercados de los países socios), con el refuerzo del trabajo en infraestructuras digitales seguras y fiables, como centros de datos sostenibles y fábricas de Inteligencia Artificial (IA), conectividad avanzada, incluyendo 5G/6G, cables submarinos y conectividad por satélite.

Posición de España

La declaración destaca la importancia de la cooperación en las sedes centrales y entre delegaciones, misiones y embajadas, utilizando las capacidades disponibles como la Red de Diplomacia Digital y el Centro Digital para el Desarrollo. Y subraya la necesidad de reforzar la labor de la UE para intensificar la cooperación con socios internacionales en materia de infraestructura digital segura y fiable, cadenas de suministro, ciberseguridad, resiliencia y lucha contra las ciberamenazas.

En definitiva, se trata de un marco general para reforzar la soberanía estratégica europea y la seguridad. O lo que es lo mismo, el mandato explícito de los países miembros para que se avance en la agenda digital, con todo lo que ello pueda implicar. En este sentido, este diario ha advertido en las últimas semanas de que la Comisión Europea trabaja en fórmulas para establecer vetos reales y obligatorios a los proveedores de suministros digitales considerados de «algo riesgo», entre los que las propias autoridades comunitarias identifican a las empresas chinas como Huawei y ZTE por su directa vinculación con las directrices políticas y geoestratégicas de Pekín.

Estos suministradores llevan años presentando informes y certificaciones que en teoría avalan la seguridad de sus equipos, pero Bruselas considera que la relación que tienen con su Gobierno y las leyes chinas que les obligan a compartir información y datos de sus clientes con el Ejecutivo local invalida cualquier esfuerzo por declararse tecnológicamente neutrales. La Comisión Europea analiza desde hace meses las formas de hacer obligatoria la aplicación del toolbox de seguridad 5G que en la práctica vetaría los equipos de empresas chinas.

Ley de ciberseguridad

Las últimas informaciones van más allá y apuntan a que la Comisión aprovechará la actualización de la norma de ciberseguridad (Ley de Ciberresiliencia) -que debería estar lista a primeros del próximo año- para incluir un veto integral a suministradores chinos, no solo en las redes móviles ultrarrápidas como el 5G o el futuro 6G, sino además en redes fijas, en equipos relacionados con la Defensa y en despliegues de IA, servidores y el cloud. Un bloqueo integral que debería ser de obligado cumplimiento en algún momento de 2026 o como tarde en 2027.

Al conocer todo esto -que la semana pasada quedó avalado por todos los Estados miembros, incluido España- algunos países han comenzado a mover ficha. Este diario ya adelantó que Francia ha bloqueado la puesta en marcha de una fábrica tecnológica de Huawei y Alemania está modificando su legislación para acelerar el veto a los proveedores chinos, incluso con la posibilidad de dar ayudas públicas a las operadoras de telecomunicaciones para que sustituyan los equipos de estos suministradores.

Pero estos movimientos no se producen en España, que es, junto con Alemania, de los países más expuestos a las infraestructuras de Huawei. La Unión Europea es consciente de la cercanía de Madrid y Pekín, y por ello ha pedido al Gobierno que actúe para no comprometer la seguridad digital de todo el continente. No hay constancia de que se hayan adoptado acciones concretas, pese a que la legislación comunitaria avanza hacia un veto y que el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, firmó el pasado 20 de noviembre la declaración que sienta las bases de este bloqueo.