El decreto antiapagones del Gobierno dinamita los planes de las telecos para recortar costes

El Gobierno publicó este martes un borrador del nuevo decreto de seguridad y resiliencia de las redes digitales ante catástrofes que no ha sentado nada bien en las compañías de telecomunicaciones que operan en España, según ha podido confirmar THE OBJECTIVE. Consideran que el proyecto es un torpedo en la línea de flotación de sus planes para recortar inversiones y costes, por lo que tendrán más difícil reforzar el flujo de caja, su liquidez y reducir deuda en momentos en que siguen con problemas para rentabilizar sus infraestructuras, mantener sus ingresos y mejorar sus márgenes.

Una de las principales novedades que establece este decreto —en proceso de audiencia pública— es la obligación de las operadoras de mantener al menos cuatro horas de autonomía de la red móvil en el 85% de la población (excluyendo las áreas rurales) si es que se produce un nuevo apagón o situaciones como la dana de Valencia o la explosión del volcán de La Palma. El Ministerio de Transformación Digital estima un coste de unos 73 millones, cifra que el sector considera que es claramente inferior a la inversión real que como mínimo eleva al triple, en torno a los 200 millones y solo para las grandes telecos.

Al tratarse de redes móviles, el decreto afecta a las tres grandes operadoras: Telefónica, MasOrange y Vodafone, además de costes adicionales que deberían afrontar las torreras (dueños de los emplazamientos físicos) como American Tower, Cellnex, Vantage y Totem. Estas siete empresas —más Digi, aunque esta depende de la red de Movistar— gestionan los más de 45.000 emplazamientos que hay en toda España, y que para cumplir con el decreto deberán reforzarse con baterías autónomas que aseguren su funcionamiento durante catástrofes.

Decreto antiapagones

El decreto ha pillado por sorpresa al sector y ha generado grandes interrogantes. Tras publicarse la medida, los equipos técnicos de las compañías empezaron a trabajar a pleno rendimiento para medir su verdadero alcance. La idea es reunir a estos equipos en los próximos días y compartir valoraciones, aunque a primera vista hay dos conclusiones: que el coste estimado por el Gobierno es un cálculo muy a la baja y que se deberá sufragar sin ayudas públicas, una de las principales demandas del sector.

El sector sabía que el decreto sería ambicioso, pero no esperaba que exigiera un nivel de seguridad tan alto. Y es que cuando haya una interrupción de suministro eléctrico, las infraestructuras de primer nivel deberán tener garantizada la operatividad durante al menos 24 horas, las de nivel intermedio 12 horas y el resto cuatro, con el 85% de la población conectada a la red móvil. En este caso, las telecos indican que lo razonable es una autonomía de dos horas a cambio de asegurar totalmente los emplazamientos críticos.

Por otro lado, la norma también habla de que los operadores establecerán una estrategia en la que podrá dar prioridad a unas tecnologías sobre otras (por ejemplo, la voz por la de datos) o instalaciones que considere conveniente en función a su vinculación «a la prestación de servicios públicos y servicios de relevancia económica y social». Del mismo modo, hay que reforzar la operatividad y continuidad de las comunicaciones de emergencia dirigidas a los centros del 112 y alertas públicas. Sin embargo, en el sector creen que habría que definir con más detalle qué servicios son de «relevancia económica y social» y a partir de ahí establecer los costes.

Coste por batería

Estimaciones preliminares hablan de una horquilla de entre 175 y 250 millones de euros para las tres grandes telecos, con los 73 millones de los que menciona el Gobierno como suelo, pero «para cada operador», dice un directivo de una teleco a este diario. Un técnico del sector agrega además que el coste de poner baterías para cuatro horas en un emplazamiento que actualmente no tiene ningún respaldo es de unos 5.000 euros. En una estimación muy optimista, un 20% de estos sites tienen ahora baterías para cuatro horas, un 45% para dos y otro 35% no tienen nada, lo que significa que habría un coste mínimo de 175 millones.

Hay muchos factores que harían que la inversión estuviese por la parte alta o baja de esta horquilla. Depende de los proveedores elegidos y del poder de negociación y volumen que adquiera cada teleco, ya que hay grandes diferencias de costes entre los suministradores. También hay que saber si se privilegia la voz sobre los datos en estas comunicaciones, en cuyo caso el coste sería menor; conocer qué emplazamientos estratégicos estarán cubiertos; y valorar los procesos de sustitución de baterías que se establecerán, porque estas deben mantenerse y actualizarse periódicamente. Asimismo, habría que incluir en esta cifra el coste derivado a las torreras para realizar estas actualizaciones.

Independientemente del valor final, lo que está claro es que las operadoras no están nada conformes con este nuevo coste asociado. Incluso algún directivo del sector lo califica de «barbaridad». «Sería posible si tuviéramos el dinero para hacerlo, pero sin ayudas públicas no es viable económicamente», indica otro alto cargo de las telecos.

Recortes de las telecos

Las fuentes consultadas recuerdan que la situación del sector no es buena y por eso todos trabajan en escenarios en los que las integraciones pueden ser una solución para reducir el número de actores del mercado, racionalizar los precios y ganar en eficiencia. Vodafone y MasOrange hicieron despidos masivos en 2024 y Telefónica acaba de anunciar su segundo ERE en tres años y con una cifra récord de más de 6.000 salidas, por lo que el margen para seguir recortando costes es escaso.

Por ello, uno de los parámetros en los que se puede seguir trabajando tras realizar fuertes planes de ajustes de costes operativos y reducción de plantilla es el del recorte de la inversión. En esta línea, Vodafone redujo su inversión (capex) un 16% en su primer semestre fiscal (de abril a septiembre), mientras que Telefónica de España la recortó en un 2% en los primeros nueve meses del año y MasOrange mantuvo un alza del 1,2%, aunque con el compromiso de rebajar esta cifra en los próximos meses.

Las tres telecos consideran que la época de las grandes inversiones (22.000 millones en los últimos cinco años) se ha acabado porque la gran red de fibra óptica —la mayor de Europa— ya se ha completado y se ofrece cobertura a más del 85% de la población con 5G en redes móviles. En los próximos años su objetivo será centrarse en reducir el capex para reforzar su caja y reducir sus abultadas deudas. Y un gasto de otros 200 millones no ayuda a estos planes. En el sector confían en que en el proceso de audiencia pública se rebajen las exigencias y se abra la puerta a recibir subvenciones para poner en marcha estos planes de resiliencia.