El País Vasco logra la cesión del servicio de Cercanías de Renfe y la acogida de refugiados
El Gobierno central y vasco ultiman varias cesiones dentro del acuerdo de investidura
Tren de Cercanías | Renfe
La Comunidad autónoma vasca será la encargada de gestionar Cercanías de Renfe, un traspaso que incluye el compromiso de inversiones por parte del Estado en esta comunidad por 400 millones de euros en los próximos diez años para modernizar las infraestructuras ferroviarias.
El traspaso de Cercanías supone que el País Vasco gestionará los servicios de trenes existentes en Vizcaya y Guipúzcoa. Las funciones que asume comprenden la regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección de los servicios transferidos, así como la potestad tarifaria sobre los mismos, los horarios y las frecuencias.
El traspaso incluye los servicios de cercanías de Vizcaya: Bilbao Abando-Barakaldo-Santurtzi; Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz; Bilbao Abando-Laudio-Orduña; y Bilbao-Balmaseda. También se transfiere el servicios de cercanías de Gipuzkoa: Irun-Donostia-Tolosa-Brinkola.
Además, la comunidad autónoma tendrá la posibilidad de declarar nuevos servicios de cercanías en Álava entre Araia y Vitoria-Gasteiz y entre Vitoria-Gasteiz y Manzanos Ribera Baja. El establecimiento de servicios de cercanías en Álava se realizaría sobre el actual trazado ferroviario, lo que permitirá mejores conexiones en la Llanada alavesa y en la Cuadrilla de Añana. También se podrá declarar como nuevo servicio de cercanías el que une Bilbao y Karrantza.
Por otra parte, el acuerdo hace mención a las transferencias de las líneas de acceso al Puerto de Bilbao que en un futuro serán sustituidas por la Variante Sur ferroviaria. El traspaso será efectivo una vez finalizada y puesta en servicio la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao, momento en que se hará la entrega y explotación de las líneas: Bilbao Abando-Santurtzi; Desertu Barakaldo-Muskiz; y Bilbao Mercancias-Santurtzi.
El acuerdo prevé que el País Vasco se subrogará en la posición del Estado en el contrato que tiene con la operadora Renfe Viajeros, que es la empresa operadora de los servicios de cercanías que se traspasan. El contrato actual finaliza en diciembre de 2027.
La valoración económica de la transferencia se ha llevado a cabo utilizando la metodología del Concierto Económico, de tal forma que el importe a descontar en el Cupo ascendería a 92,7 millones de euros.
El acuerdo también incluye poner en marcha un plan de inversiones en infraestructuras de ADIF para afrontar las carencias y mejorar el estado de algunas infraestructuras que inciden en la prestación de servicios de cercanías. Se estiman unas cien actuaciones por un valor aproximado de 400 millones de euros.
Homologación de títulos universitarios
Además del traspaso de Cercanías de Renfe, el acuerdo entre Gobierno central y vasco, aborda la homologación de títulos universitarios, que entrará en vigor el 1 de julio de este año, y los itinerarios de integración social de los inmigrantes una vez que el Gobierno español ha reconocido a estos su protección internacional, que entrará en vigor el 1 de enero del 2025.
Respecto a la homologación y declaración de equivalencia de títulos y estudios superiores obtenidos en el extranjero, País Vasco será la única comunidad autónoma que va a gestionar estas funciones. Podrán solicitarla los residentes en el País Vasco y es que al Gobierno vasco le interesan estas homologaciones especialmente por la falta de personal en profesiones como la medicina.
Ambos gobiernos también han aprobado el traspaso de funciones y servicios en materia de asistencia social en la fase de autonomía de las personas que tienen reconocida la condición de beneficiarias de protección internacional y que han solicitado la inclusión en dicho sistema. Con esta transferencia, la comunidad autónoma asume la gestión del proceso de la acogida de estas personas, a las que se les acompaña en la consolidación de conocimientos y habilidades que hagan efectiva su plena inclusión en la sociedad que les acoge.
La fase de autonomía de las personas que han accedido a la condición de protección internacional tiene una duración máxima de seis meses. De esta forma, durante este periodo de tiempo, se les da apoyo para acceder a la formación para el empleo se les acompaña en la búsqueda de vivienda y se les facilitan actividades de inserción, entre otras prestaciones.
La Comisión ha estado presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.
Torres ha remarcado el traspaso de estas tres nuevas competencias como «un ejemplo más de los constantes acuerdos del Gobierno de España con las comunidades autónomas, en el desarrollo de la Constitución y los Estatutos de autonomía», mientras que la consejera se ha congratulado de la llegada de competencias pero ha avisado de que aún faltan por llegar otras al País Vasco.
Estas tres transferencias forman parte del acuerdo entre PSOE y PNV para que los nacionalistas apoyaran la investidura de Pedro Sánchez y debían cumplimentarse en el primer trimestre del año, como así ha sido.
