La antigua cúpula de Adif contrató a la trama Koldo en contra del criterio de sus técnicos
La auditoría de Puente desvela que departamentos internos rechazaron comprar mascarillas a Soluciones de Gestión
La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. | EuropaPress
El antiguo consejo de administración de la compañía pública Adif contrató en marzo de 2020 con Soluciones de Gestión, la empresa de la presunta trama de corrupción conocida como ‘caso Koldo’, pese a la desaprobación de algunos departamentos internos de la propia empresa. Así se desprende de la auditoría interna que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó a finales del pasado febrero y que fue publicada hace unas semanas.
De esta forma, en las páginas finales del informe que llevó a cabo la Inspección General de Transportes y que hoy es de acceso público, se puede observar la siguiente afirmación con respecto a la motivación de la elección del adjudicatario por parte de Adif: «El órgano de contratación se decantó por la misma empresa con la que había contratado Puertos del Estado (Soluciones de Gestión), constando en la información obrante en el marco de la auditoría que no todos los departamentos de Adif consideraban adecuada la elección».
Además, en el mismo informe de la auditoría se añade que «se realizó una búsqueda de posibles suministradores y un estudio comparativo de solvencia de dos empresas, Soluciones de Gestión e Injoo Technology. Resultando mejor valorada y siendo más ventajosa económicamente la oferta de Injoo Technology».
Según el expediente del contrato en cuestión, el órgano de contratación fue Adif-Consejo de Administración. En ese momento su presidenta era Isabel Pardo de Vera, que el próximo lunes 16 de septiembre declarará ante el juez del caso Koldo en calidad de testigo. Sobre la responsabilidad última de esta compra, fuentes expertas en derecho administrativo apuntan al consejo de administración de forma íntegra. Es decir, tanto la presidenta como los consejeros.
No se justifica la emergencia
El contrato de Adif auditado por el Ministerio de Transportes, y que es uno de los que se encuentran en el foco de la investigación del caso (junto con otro contrato de ocho millones de mascarillas por parte de Puertos del Estado) consiste en el suministro de cinco millones de mascarillas FFP2 por 12,5 millones de euros. La licitación fue sin publicidad y se tramitó de emergencia siguiendo el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020 para responder al impacto económico de la covid19.
Sobre esto último, el informe de la auditoría pone en duda precisamente esta emergencia. «No parece justificarse la emergencia en el caso del contrato de distribución, la cual se realizó entre los últimos días del mes de abril y a lo largo del mes de mayo de 2020, sin aparente urgencia en su reparto, dado que comenzó a ejecutarse cuando el suministro ya estaba prácticamente finalizando». Fuentes de Adif han descartado hacer comentarios a THE OBJECTIVE sobre la controversia de esta contratación.
Un cambio de opinión
La expresidenta de Adif, Pardo de Vera, ha sido una de las salpicadas por esta contratación. De hecho, el pasado 6 de marzo, se conoció su declaración como testigo ante la Guardia Civil, que tuvo lugar a finales de febrero. Según ella, y como queda reflejado en el atestado de la Benemérita, «recibió presión del Ministerio de Transportes (en ese momento dirigido por el ministro José Luis Ábalos) y de su gabinete» para que la adjudicación a la empresa principal de la trama «se realizara con la mayor premura posible».
No obstante, el 31 de mayo, durante la comisión de investigación en el Senado, la expresidenta de Adif cambió esa versión asegurando que «estaba descontextualizada». Según ella, «la presión de la que habló estaba dentro de la autopresión que se exigía (para conseguir material sanitario) en un momento dramático y era la misma que había en el Ministerio de Transportes». Además, la compareciente quiso remarcar que las mascarillas «llegaron en tiempo y forma a un precio razonable».
Pardo de Vera abandonó en verano de 2021 su puesto como presidenta de Adif para convertirse en secretaria de Estado de Transportes. Un cargo que ocupó hasta febrero de 2023 tras un escándalo que sacudió el sector ferroviario y que afectó también a la operadora pública Renfe después de que se encargasen 31 trenes que no cabían por unos túneles. Por último, cabe mencionar que la auditoría de Puente tardó seis meses en hacerse pública desde el momento en el que se anunció. Un escenario que generó críticas porque el ministro se comprometió, en su momento, a tenerla lista con celeridad.
