El nuevo presidente de ADIF fue investigado por dos contratos polémicos en el País Vasco
La Comisión de Ética Pública analizó una denuncia por dos adjudicaciones que recibió la empresa en la que fue directivo
El nuevo presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña. | Europa Press
El nuevo presidente de la compañía de gestión ferroviaria, ADIF, Pedro Marco de la Peña, fue investigado por la Comisión de Ética Pública (CEP) del Gobierno vasco después de que su antigua empresa, en la que era directivo, recibiese un contrato a dedo de la consejería de la que él era el número dos. Su nombramiento llega después de la destitución de Ángel Contreras, en pleno lío por el caos ferroviario y tras verse salpicado por el caso Koldo y por contratos presuntamente amañados.
Según la red social LinkedIn, Marco de la Peña fue director general durante nueve meses (entre enero y septiembre de 2020) de la empresa I-Ingenia Ingeniería y Arquitectura, S.L. hasta que fue nombrado ese mismo mes viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno vasco. La Comisión de Ética Pública comenzó a investigar el asunto tras una denuncia de un particular. El primer contrato polémico hacía referencia a una asistencia técnica para la revisión y actualización de un proyecto de obra por valor de 16.819 euros, y se adjudicó en agosto de 2021. El segundo, en cambio, consistía en una dirección de obra que fue adjudicado en octubre de 2020 por valor de 5.080 euros.
Finalmente, la Comisión archivó el caso de Marco de la Peña -que procede de la cuota socialista del Gobierno vasco- el pasado 20 de noviembre de 2023 tras no apreciar nada ilegal por haberse abstenido en las adjudicaciones. No obstante, el propio ente recordó que no solo debía haberse abstenido, sino que también tendría que haber «transferido sus responsabilidades al superior jerárquico o, en su caso, a cualquier otro cargo público del departamento para que no se viese afectado por estas circunstancias». Una noticia de la que se hicieron eco algunos medios, como ElDiario.es y Gara.
La ley 1/2014, reguladora del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos, mide -entre otras cuestiones- conductas y comportamientos relacionados con la existencia de conflicto de intereses. Fue a esto último a lo que se refirió el denunciante a través de un escrito, debido a que la compañía en cuestión se llevó un contrato sin haber transcurrido los dos años desde que Marco de la Peña dejó el cargo de apoderado de la empresa.
La comisión ética estaba presidida por la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del gobierno vasco, Olatz Garmendi, que fue la que firmó el documento y donde no apreció ningún tipo de sospecha. «En el caso de los contratos menores, (Pedro Marco de la Peña) no participó en la adjudicación de ninguno de ellos. En todo caso, el hecho de que un cargo público de un departamento haya sido apoderado de una empresa no supone que ese departamento no pueda efectuar ninguna contratación con dicha empresa, siempre y cuando el cargo público no intervenga de ninguna manera en la tramitación y adjudicación del contrato».
Nueva denuncia
Por otro lado, y según informó El Diario Vasco en marzo de 2023, el partido Podemos denunció por conflicto de intereses ante la Comisión de Ética Pública de Garmendi un caso parecido que salpicaba de nuevo a Pedro Marco de la Peña. De esta forma, acusaron a éste, junto al director del ente público vasco de infraestructuras, Euskal Trenbide Sarea (ETS), Ernesto Martínez de Cabredo, de beneficiar a una compañía en la que trabajaron en un contrato.
En concreto, se hacía referencia al Grupo Amenabar, para que ganase un contrato promovido por ETS para las obras de cubrición del tramo de la línea férrea Eibar-Azitain por 14,8 millones de euros. Marco de la Peña fue su director durante cuatro años (desde enero de 2016 hasta enero de 2020) y Martínez de Cabredo también trabajó allí.
Las funciones de la Comisión Ética son limitadas. Así, no puede determinar si la adjudicación de los contratos vulnera o no el ordenamiento jurídico vigente en el ámbito de las incompatibilidades de los altos cargos y directivos públicos, sino que su función tiene que ver con «alejar cualquier sospecha o duda de que una resolución o decisión pueda beneficiar a la persona que la adopta».
