Inquietud entre los altos cargos de ADIF ante los inminentes cambios previstos por Puente
Los movimientos se darán tras la sustitución de uno de los ocho directores generales por su imputación en el ‘caso Koldo’
El ministro de Transportes, Óscar Puente. | Europa Press
Inquietud entre los altos cargos de la compañía pública de gestión ferroviaria, ADIF, por los inminentes cambios que tiene previsto el ministro de Transportes, Óscar Puente. Este le va a dar un tiempo al nuevo presidente de la empresa, el exviceconsejero vasco de Infraestructuras, Luis Pedro Marcos, para que los lleve a cabo. Fuentes internas de la compañía aseguran a THE OBJECTIVE que «parece que la decisión se va a tomar pronto».
Ante esta situación, algunos directores generales han mostrado su preocupación. Estos movimientos se esperan en las direcciones generales, no en el consejo de administración, que apenas influye. Según la página web de la compañía, hay ocho direcciones generales en ADIF. Cabe mencionar a la directora general de Gestión de Personas, Concepción Casillas, que acaba de llegar al puesto tras la salida de su predecesor, Michaux Miranda, imputado por el caso Koldo.
Este escenario ha disparado los rumores sobre posibles nombres que puedan sustituir a los directores generales, o sobre la creación de un nuevo puesto que encabece y dirija al resto. La principal premisa para ser elegido, comentan fuentes conocedoras, es no tener un pasado relacionado -directa o indirectamente- con la etapa del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, o la expresidenta de la compañía, Isabel Pardo de Vera. Esta última abandonó en verano de 2021 su puesto como presidenta de ADIF para convertirse en secretaria de Estado de Transportes. Por otro lado, según se desprende de la auditoría de Puente publicada a finales de agosto de 2024, la antigua cúpula de la compañía, presidida por ella, contrató a la trama Koldo en contra del criterio de sus técnicos.
Contratos amañados
Además del caso Koldo, donde se investiga la compra millonaria de mascarillas por parte de Puertos del Estado y ADIF a la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, este periódico desveló una serie de contratos que fueron amañados por parte de la compañía pública para beneficiar y perjudicar a empresas hace pocos años. La primera adjudicación amañada tuvo lugar en mayo de 2022 por 20,4 millones de euros con financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea, mientras que la segunda, financiada por los fondos europeos Feder, fue de 28 millones de euros.
El expresidente de ADIF, Ángel Contreras, que era de la confianza de la expresidenta Pardo de Vera y que fue nombrado presidente por Puente a finales de 2023, participó en ellos firmando la valoración técnica cuando era director general. El primer contrato afectaba a la mejora de la señalización del tramo ferroviario entre Los Rosales (Sevilla) y Zafra (Badajoz), un trayecto de 139 kilómetros de vía única sin electrificar; el segundo, a unas obras de construcción ferroviaria en el tramo de Villanueva de la Serena y Brazatortas (un trayecto de 161,5 kilómetros que discurre desde la provincia de Badajoz hasta la de Ciudad Real). Los directores generales, exceptuando a Concepción Casillas y Eugenio Nasarre (que sustituyó al expresidente de la compañía, Ángel Contreras), ocupaban sus puestos durante aquellos años en los que se amañaron contratos.
«El que los toca es el que manda»
Hace varios meses, este medio publicó una serie de mensajes escritos y un audio en el que un cargo intermedio de ADIF, que ocupaba el puesto de jefe de Coordinación de Inversiones, presionaba a los técnicos para que manipulasen sus puntuaciones con el objetivo de beneficiar y perjudicar a unas y otras empresas. Por encima de él se encontraba el actual presidente de ADIF, Ángel Contreras, que firmaba dicho amaño como director general de Conservación y Mantenimiento.
En los mensajes se podían apreciar las siguientes frases directas hacia los técnicos: «La última versión tiene el 1 y el 2 cambiados con respecto a lo que habíamos dicho. Es necesario que el orden sea el que habíamos comentado» y «a ver, yo sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda en la empresa. Así que lo tenemos que hacer».
Esta forma de actuar no es un caso único en esta compañía pública. A principios de 2023, ADIF abrió una investigación interna por presuntas irregularidades en contratos que favorecían a la compañía OPR, tal y como contó en primicia este periódico. Sin embargo, a los pocos días, la propia empresa pública dio carpetazo a la investigación, asegurando que «no había irregularidades». Una decisión que contrastó con las anomalías y sobrevaloraciones técnicas en favor de OPR que sí detectaron los peritos de Ineco (empresa adscrita al Ministerio de Transportes).
Con posterioridad a esa exclusiva de THE OBJECTIVE, la Guardia Civil intervino una serie de conversaciones entre el administrador de OPR, Daniel Fernández, y Koldo García, uno de los cabecillas de la trama de corrupción que se investiga en la Audiencia Nacional. En dichas conversaciones, el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos mencionaba a Ángel Contreras para que interviniese en la adjudicación de un contrato público para favorecer a esa empresa.
