Polvorín en Renfe: llevan a la Audiencia Nacional el despido forzoso de 300 empleados

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, se enfrenta a un nuevo obstáculo en su intento de prescindir de casi 300 empleados de su compañía. Un sindicato minoritario en la empresa pública, CSIF, ha impugnado dicha jubilación forzosa ante la Audiencia Nacional, lo que abre la posibilidad de que se anule o retrase la decisión si este órgano jurisdiccional falla a favor del sindicato o pide una medida cautelar.

Aunque oficialmente los trabajadores a los que se pretende incluir en la jubilación forzosa son 186, fuentes conocedoras apuntan que existe un grupo no identificado que suman 100 personas más, por lo que la cifra podría llegar hasta los 286 empleados. Entre estos hay aproximadamente 50 directivos (conocidos como la ‘vieja guardia’ de la empresa), y el resto son personal de conducción, comerciales y operativos. Este movimiento afecta tanto a la corporación de Renfe como a sus filiales de Viajeros y Mercancías.

Los sindicatos de CCOO y UGT (el segundo y tercero más mayoritarios) miran hacia otro lado, pero numerosos afiliados incluso están denunciando un ERE encubierto. Esta situación ha provocado que muchos de ellos se hayan dado de baja y miren con buenos ojos el movimiento de CSIF, que, pese a no tener apenas arraigo en la empresa, ha irrumpido para defenderles. El sindicato entiende que esas extinciones de las relaciones laborales «carecen de causa y amparo legal o convencional, y se han adoptado en fraude de ley, con el único objetivo de prescindir de los trabajadores de mayor edad del Grupo Renfe».

Desde que se asentó la nueva dirección, con su presidente a la cabeza, se ha declarado la guerra a «los viejos ferroviarios» porque se considera que están alejados de la nueva estrategia de la compañía, que busca poner fin al concepto clásico de empresa de trenes. Así se ha podido ver con el desembarco de muchos perfiles procedentes del mundo del autobús, tanto el mencionado Heredia como su nuevo número dos, José Alfonso Gálvez. Los ferroviarios defienden que «un tren no es un autobús» y que requiere una visión experta.

Conflicto en verano

El intento de Renfe de acabar con estos casi 300 contratos se remonta a hace unos meses, en concreto a la tarde del pasado 30 de julio. En plenas vacaciones, cuando algunos aún seguían en ellas y otros estaban a punto de tomárselas, todos los afectados recibieron una carta de Recursos Humanos sin firmar para informarles de su despido forzoso con fecha 1 de septiembre, alegando la aplicación del III Convenio Colectivo. Un escenario que provocó un conflicto importante aquel día, sobre todo entre los directores generales de la compañía, porque perdían de repente puestos sensibles. Una situación que obligó al Ministerio de Transportes a intervenir

Un día después, el 31 de julio, esas mismas personas recibieron un nuevo correo electrónico en el que se decía que había habido «un error» y que no había fecha definida. La incertidumbre se extendió entre centenares de personas. Muchas habían preparado su vida para trabajar hasta los 68 años. Esa inquietud término a principios de septiembre. Desde esa fecha, están recibiendo un mail en el que se traslada la extinción de su contrato el 31 de diciembre.

El III convenio colectivo al que hace alusión Renfe para el despido de estos trabajadores se aprobó en el verano de 2023, y no hay rastro de una hipotética posibilidad de llevar a cabo estas jubilaciones forzosas. Sin embargo, un año después, tanto Renfe como los principales sindicatos ampliaron el texto con un acuerdo, inspirado en el Estatuto de Trabajadores, que asegura que las bajas por jubilación podrían no ser a los 68 años si existe un porcentaje de mujeres en la plantilla inferior al 20%. A esto último es a lo que se acoge Renfe, porque actualmente esa cuota está por debajo.

Este argumento no tiene sentido porque, dentro del plan de jubilaciones forzosas también hay mujeres, y en las ofertas públicas de empleo (OPE) no se puede hacer una discriminación positiva a favor de un sexo. Por otro lado, creen que es negativo para la empresa no hacer una transición planificada que permita a los nuevos —que suelen ser jóvenes e inexpertos, comparados con los que llevan decenas de años trabajando— conocer mejor esta actividad. Por último, creen que esta medida se solapa con los planes de desvinculaciones que existen, una serie de opciones que se dan al trabajador para que se acoja a una jubilación parcial o voluntaria cuando cumple determinada edad y a la que los afectados no se han acogido.