El Congreso argentino aprueba la ley del aborto y la deja a un paso de la aprobación definitiva

La Cámara de Diputados de Argentina ha votado este viernes a favor del proyecto de Ley del Aborto, lo que le otorga media sanción y deja en manos del Senado la aprobación definitiva de una norma que puede ser histórica para el país, tras años de reclamos y de manifestaciones de sus defensores y detractores.

En contexto: legalizar la interrupción voluntaria del embarazo es una promesa que el presidente Alberto Fernández reiteró desde el inicio de la campaña para las elecciones y su posterior llegada al poder, de la que el jueves se cumplió un año, y ahora está más cerca que nunca de ser una realidad, si bien necesita pasar por el Senado, que debatirá y votará el texto.

El proyecto que Alberto Fernández remitió al Congreso para su tratamiento el pasado 17 de noviembre otorga a «las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar» el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto y la atención posterior en el sistema de salud hasta la semana 14 (inclusive) de gestación.

Pasado este plazo solo se podrá interrumpir el embarazo si este «fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante» (la declaración jurada no será requerida para niñas menores de 13 años), o «si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante».

El aborto deberá ser practicado «en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento». El coste del aborto será absorbido por el sistema público de salud y las distintas obras sociales, independientemente de la figura jurídica que posean, y estas «deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la ley en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud recomienda».

El proyecto establece una serie de condiciones bajo las que debe producirse el aborto, y estas incluyen el trato digno, por lo que el personal médico deberá respetar «las convicciones personales y morales de la paciente, para erradicar prácticas que perpetúan el ejercicio de violencia contra las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar».

También deberá respetar la privacidad del paciente, y «solo se compartirá información o se incluirá a su familia o a su acompañante con su expresa autorización». El equipo médico deberá mantener la confidencialidad en todo momento y guardar el secreto médico durante el proceso de atención y también con posterioridad.

El aborto deberá realizarse además con el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, y nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. A partir de los 16 años, la persona se considera con plena capacidad para prestar su consentimiento, mientras que las menores de 13 años deberán presentar su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.

En el caso de las personas comprendidas entre los 13 y los 16 años, su situación ha sido objeto de debate y finalmente se han introducido cambios al texto original tras su tratamiento en las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública.

Además, se establecen penas de entre tres y diez años en caso de que se realice un aborto sin el consentimiento de la persona gestante, una pena que puede elevarse hasta los 15 años si «el hecho fuere seguido de la muerte de la persona». La pena será de tres meses a un año si el aborto se realiza con el consentimiento de la persona después de la semana 14 de gestación.

La misma pena se aplicará a cualquier persona que «dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare, en contravención de la normativa vigente, a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados».