El Ejército birmano niega haber abusado de la minoría rohingya

El Ejercito birmano ha negado, a través de un informe, haber cometido abusos, asesinatos y violaciones contra la minoría musulmana rohingya durante sus operaciones en el Estado de Rakhine, en el oeste del país, tal y como informa la prensa local. Por otra parte, la líder de facto del país, Aung San Suu Kyi, visitó a principios de noviembre a una comunidad de esta minoría por primera vez desde que estallara esta crisis.

La última operación militar dio comienzo a finales de agosto tras una serie de asaltos de insurgentes rohingya contra puestos de la policía, y provocó la marcha de más de 600.000 personas del país hacia Bangladesh, la mayoría miembros de esta minoría, según indica el documento.

Esta campaña militar represiva ha recibido críticas de varias organizaciones, que denunciaron numerosos abusos contra la población civil, y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que ha calificado a esta operación del Gobierno como una «limpieza étnica de manual».

El Ejército, en cambio, ha asegurado que las fuerzas de seguridad han actuado de acuerdo con la legalidad y no han disparado contra civiles inocentes, en un informe difundido este martes por la prensa estatal.

«La investigación ha demostrado que todos los miembros de las fuerzas de seguridad, desde los mandos a los soldados, conocían y cumplieron estrictamente las ordenes, en especial las reglas de enfrentamiento», señala el documento redactado por el Ejército birmano. «No arrestaron, golpearon ni mataron a civiles. No destruyeron, robaron (…) No amenazaron, amedrentaron ni forzaron la marcha de vecinos de sus aldeas ni quemaron sus casas», se añade en el texto.

El Ejército birmano ha explicado que ha realizado entrevistas a cerca de tres mil vecinos de aldeas rohingya, minoría que no tiene reconocida la ciudadanía en el país y a la que el documento se refiere como bengalíes. Según el informe, los enfrentamientos han causado la muerte de al menos 376 insurgentes, tildados de terroristas, y 13 miembros de las fuerzas de seguridad.

El documento asegura que, durante los enfrentamientos, no se ha disparado a ningún civil y que se arrestó a los rebeldes cumpliendo los mandatos de la Convención de Ginebra. Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) ha señalado que este informe intenta «blanquear» las acciones del Ejército birmano que, en realidad, suponen crímenes contra la humanidad.

«Una vez más, el ejército birmano intenta barrer bajo la alfombra las violaciones contra los rohingya», ha explicado en un comunicado el director para Asia Pacífico de AI, James Gomez. Este organismo ha asegurado que existen «pruebas apabullantes» de que los militares asesinaron y violaron a civiles de la minoría musulmana, y quemaron sus aldeas. A su vez, AI ha pedido llevar a cabo una investigación de los hechos encabezada por Naciones Unidas.

Se estima que, antes de la campaña militar, cerca de un millón de rohingyas habitaban en el Estado de Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el repunte de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos.

Los miembros de esta minoría no son reconocidos por el Gobierno birmano, por lo que han de exiliarse forzosamente a la frontera Bengalí, pero han tenido que hacer frente a los límites de movimientos impuestas por las Fuerzas Armadas locales.