El exsubsecretario de Hacienda Martínez Rico admite que la Generalitat pudo saltarse el control financiero del Estado
El subsecretario de Hacienda en la época del referéndum evita decir si se gastó o no dinero público para el 1-O
La sexta semana del juicio del procés ha comenzado este martes pasadas las 09:30 horas con el turno del exsubsecretario de Hacienda Felipe Martínez Rico, que ha abierto una tanda de declaraciones, centrada principalmente en los registros de la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017. El que fuera número 2 de Montoro ha dejado entrever en su declaración que el sistema de certificaciones que se impuso a la Generalitat no podía evitar al 100% el desvío de fondos a la celebración del 1-O.
Martínez Rico ha explicado las condiciones que tenía el presupuesto de la Generalitat, como el de otras comunidades, principalmente de seguimiento y verificación periódica de la información. «La deuda autonómica de Cataluña estaba calificada como bono basura», ha dicho Martínez Rico. «No era una situación generalizada a todas las comunidades autónomas y por eso se toman medidas de control adicionales para Cataluña».
El exnúmero dos de Hacienda ha explicado que el 20 de noviembre de 2015 se acordaron distintas medidas, por ejemplo un pago directo a los acreedores de la comunidad autónoma; destinar de forma prioritaria el dinero del Estado a la financiación de servicios públicos; y la obligación de remitir al Estado un certificado mensual de información presupuestaria en detalle.
Hacienda cambió el seguimiento de mensual a semanal por un certificado presupuestario recibido en julio de 2017 en el que hubo constancia de un expediente de gasto que estaba vinculada a la financiación del referéndum. «Hubo cumplimiento formal de las obligaciones, hubo intercambio de información y nunca se cuestionó la veracidad», dice Martínez Rico. «Para asegurarnos que no se desviaba dinero público incrementamos los controles y decidimos hacer los pagos directamente a los acreditores».
Martínez ha explicado que los certificados semanales pasaron a ser emitidos por los consejeros del Gobierno catalán hasta septiembre de 2017. «Se recibió una comunicación el 13 de septiembre en la que se dice que la normativa de seguimiento es incompatible con el marco jurídico de Cataluña y se nos comunica que no se va a remitir más información«.
Tras la negativa de la Generalitat a remitir más información, Hacienda acordó una última medida en septiembre de 2017. “Para garantizar que no hubiera desvío de fondos públicos, se adoptan nuevas medidas. Como el pago directo de todos los servicios públicos”. El funcionario ha señalado además que se exigía un certificado para hacer constar que la orden de gasto no era contraria al «ordenamiento jurídico«.
La fiscal Consuelo Madrigal ha preguntado a Martínez Rico si el sistema de control podía ser burlado. En este sentido, el exsubsecretario de Hacienda ha defendido que los certificados «llegan hasta donde llegan y tienen los límites que tienen», y ha apuntado que la Generalitat enviaba información presupuestaria que en algunos casos era «incompleta» o «irregular».En esos casos «pedíamos explicaciones e íbamos a Fiscalía».
Martínez Rico: «Pusimos todos los mecanismos de control para que no se desviase dinero al 1-0»
Martínez ha evitado decir si se gastó o no dinero público en el 1-O. «¿Cree que la consulta del 1 de octubre se financió con fondos públicos?», ha insistido la fiscal Consuelo Madrigal. «De lo que tengo conocimiento es que el ministerio solicitó que se personara en las causas penales para cubrir cualquier perjuicio a la hacienda estatal. El ministerio puso todos los elementos a su disposición para hacer un seguimiento de cómo se gastaba el presupuesto de la comunidad. «Nosotros pusimos todos los mecanismos de control para que no se desviase dinero, la realidad material es otra cosa».
Después de Martínez Rico han comenzado a comparecer los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en algunos registros clave para la causa, como el del domicilio de Josep María Jové, mano derecha del exvicepresident Oriol Junqueras. En ese registro se incautó la famosa agenda Moleskine y el documento Enfocats que, supuestamente, detallaban la hoja de ruta unilateral a la independencia y de los que todos los acusados se han desvinculado. Los agentes han pedido que no se difunda su imagen y se han identificado con su número profesional.
También declaran este martes los agentes que registraron el despacho del exsecretario de Hacienda Lluis Salvadó, los que entraron en el departamento de Exteriores y también algunos de Unipost, así como aquellos que analizaron los correos electrónicos intervenidos a la exconsellera Dolors Bassa.
Antes de ser detenido Josep Lluís Salvadó pidió a su secretaria deshacerse de algunos papeles
El primer guardia civil en declarar ha sido el jefe del dispositivo policial encargado de detener a Josep Lluis Salvador, ex secretario de Hacienda de la Generalitat. El guardia civil relata el momento en que acudieron al domicilio de Lluís Salvadó a detenerle. El excargo de Hacienda catalán estaba hablando por teléfono con su secretaria, que le había avisado de que la Guardia Civil estaba presente en el Departamento de Economía. «Entra el despacho, coge la pila de papeles que hay encima de la mesa de reuniones y tíralos al patio«, le dijo Salvadó a su secretaria, según el agente de la Guardia Civil.
El agente ha explicado que tenían intervenido el teléfono de Salvadó y que por tanto, posteriormente pudieron comprobar la llamada. También ha asegurado que en el despacho encontraron algunos folios rotos en la papelera. «Los reconstruimos. Se podía leer ‘Escenarios posteriores al referéndum’ y hablaba de cuatro fases: la noche electoral, el recuento y proclamación formal, transitoriedad jurídica y proceso constituyente de transición». En el registro, los Mossos colaboraron «siempre» con los guardias.
En lo referente a las personas concentradas frente a la sede de Economía el 20 de septiembre de 2017, el guardia civil ha asegurado que nos les impidieron trabajar. También ha hablado sobre la inspección de los vehículos «devastados» el 20-S, en la que participó, y que allí se econtraron un bolso y una riñonera. «Fui comisionado para localizar a los propietarios de estos enseres y entregarlos. Les localizamos y les entregamos la documentación. Dijeron que habían pasado por allí». El guardia ha asegurado que no se pusieron cintas de la Guardia Civil para proteger los vehículos policiales.
Tras 30 minutos de receso, la sesión se ha reanudado a las 12:3o con las preguntas del fiscal Zaragoza al cabo primero de la Guardia Cicil destinado en la policía judicial en Cataluña. Este agente investigó el registro de catalanes en el exterior, atribuido a dos empresas: Focus Media en prensa escrita y una UTE de empresas en medios digitales.
El 10-12 de octubre, el agente recibe la orden de investigar la financiación del referéndum del 1 de octubre de 2017. El testigo investigó la cartelería, publicidad en los medios, Diplocat y Unipost. «La campaña se llevó a efecto. Consideramos que podían haberse usado fondos públicos y que podía estar relacionada con el 1-O», porque la ley para el referéndum incluía la facilitación del voto en el extranjero.
El interrogatorio continúa, centrado en el campaña Civisme. «Comprobamos que la campaña se componía de dos vídeos: uno el famoso anuncio de las vías de tren que se bifurcan, y decía ‘has nacido con la capacidad de decidir’; y otro anuncio que ya anunciaba al referéndum del 1-O».
«Era obvio que la campaña era para fomentar la participación en el referéndum», ha subrayado el guardia civil, que también ha explicado que para llevar a cabo la campaña «se detrajo del fondo de contingencia una cantidad de 3.430.000 euros, a propuesta de Jordi Turull y con la aprobación de Junqueras».
