El gobierno propone ampliar la prisión permanente revisable por la "demanda social"

El gobierno ha dado luz verde este viernes en la reunión semanal del Consejo de Ministros a un anteproyecto de Ley que propone ampliar la prisión permanente revisable en cinco tipos delictivos bajo la premisa de que da respuesta a una «demanda social», en medio del debate político que enfrenta al ejecutivo con la oposición.

La propuesta, que será remitida al Parlamento, incluye a los violadores en serie, los secuestros que acaban con la muerte del rehén, a quienes atenten contra infraestructuras clave como aeropuertos, carreteras, estaciones y puertos, a los que oculten el cadáver de una persona asesinada o no colaboren en su hallazgo, como el caso de Marta del Castillo, en los delitos de abusos sexuales contra menores tras privarles de libertad o torturarles, y a los autores de incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

El ejecutivo pretende sumarse, según ha dicho el ministro de Justicia, Rafael Catalá, al debate abierto en torno a la prisión permanente revisable con la incorporación de estos cinco nuevos tipos delictivos que responden, según argumenta, a una «demanda social» sobre una figura penal que cuenta con un apoyo de «entre el 70 y el 80 por ciento» de la población.

La reforma del Código Penal en la que se aprobó la prisión permanente revisable fue aprobada en el Congreso de los Diputados el 26 de marzo de 2015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el único voto a favor del Grupo Popular, cuando contaba con mayoría absoluta. El texto fue recurrido posteriormente por todos los grupos de la oposición, sin que hasta la fecha el TC se haya pronunciado.

Este rechazo mayoritario de la oposición se plasmó de nuevo en octubre de 2016, cuando el Congreso votó a favor de derogar la citada reforma, en un pleno en el que PP votó en contra y Ciudadanos se abstuvo. En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en que «no ha sido el Gobierno quien ha puesto la prisión permanente revisable en la mesa de debate, sino los grupos que pretenden su derogación directa sin matices».