El Gobierno ha decidido suspender la inversión de 1.700 millones de euros prevista en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat ante la falta de apoyo del Govern de la Generalitat, según ha anunciado esta tarde la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
En contexto: el anuncio, que la exalcaldesa de Gavà ha hecho en una comparecencia en la Delegación del Gobierno en Cataluña, llega después de que el Govern asegurara el pasado fin de semana que no avalaría una ampliación del aeropuerto que «destroce» la laguna de La Ricarda y de que ERC haya decidido acudir a la manifestación convocada para el 19 de septiembre contra el proyecto de Aena.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por tanto, no llevará a cabo esta multimillonaria inversión en El Prat, pese a que el pasado 2 de agosto se anunció un acuerdo Gobierno-Generalitat para «desbloquear» el proyecto y ampliar el aeropuerto.
Raquel Sánchez ha confesado que las últimas declaraciones del presidente catalán, Pere Aragonès, y de la portavoz de ERC, Marta Vilalta, críticas con el proyecto de ampliación, han «sorprendido muchísimo», por lo que el Gobierno considera que se ha «quebrado» el pacto alcanzado en agosto «por una pérdida de confianza manifiesta».
«Es imposible llevar a buen término un proyecto de envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat», ha declarado la ministra, quien considera «evidente» que el Govern «no tiene una decisión madura sobre esta gran inversión», dado que en los últimos días «ha cambiado su posición» y ERC incluso se propone participar en una manifestación contraria a las obras.
«Se necesita el respaldo y el consenso de las instituciones públicas para que el proyecto sea un éxito», ha subrayado la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Ante la falta de apoyo, la ministra ha afirmado que el Gobierno «no va a imponer la ampliación del aeropuerto porque la Generalitat no lo hace posible» y ha anunciado la retirada de las partidas previstas para ello en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el período 2022-2026, unos 200 millones de euros.
Ha agregado que siente que se ha perdido una gran oportunidad para mejorar el futuro de Barcelona, Cataluña y también de España, aunque ha precisado que el Gobierno «no renuncia» a seguir trabajando para impulsar el potencial de los aeropuertos de Girona y Reus (Tarragona), donde sí se mantendrá las inversiones previstas, así como el proyecto de conexión de estas infraestructuras con la alta velocidad ferroviaria.
Raquel Sánchez ha expresado también el compromiso del Gobierno para seguir invirtiendo en proyectos como el Corredor Mediterráneo, la red de cercanías catalana Rodalies, los puertos o el sector del automóvil.
La ministra ha recordado que el 2 de agosto se alcanzó un acuerdo con la Generalitat para poner en marcha el proyecto para convertir El Prat en un hub de vuelos intercontinentales a través de la construcción de una nueva terminal satélite y el alargamiento en 500 metros de la tercera pista, lo que obligaría a invadir el estanque de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, un espacio protegido por la red europea Natura 2000.
Desde el 2 de agosto, ha subrayado la ministra, este no era solo un proyecto de Aena, sino «un proyecto compartido entre el Gobierno de la Generalitat, el de España y Aena», fruto de meses de trabajo y decenas de reuniones con instituciones y agentes sociales y económicos.
La Generalitat sabía desde hacía tiempo, pues, el alcance del proyecto, la inversión, su impacto medioambiental y «todo tipo de detalles».
El plan preveía una inversión de 1.700 millones de euros en El Prat para convertirlo en un hub intercontinental, con capacidad para asumir el previsible incremento de viajeros de los próximos años, y hacer del Delta un nuevo espacio natural, con una superficie protegida de más de 1.100 hectáreas.
«Nuestro plan cumple escrupulosamente con las exigencias en materia de restauración de hábitats fijado por la UE y amplía las 923 hectáreas actuales en un 25%», ha detallado Sánchez.
Pese a ello, el proyecto de ampliación de El Prat ha contado con numerosos detractores, como asociaciones ecologistas, agrícolas y ayuntamientos.
Los alcaldes de Barcelona, Ada Colau, y de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, se han pronunciado en contra desde un primer momento, como también voces de Podemos, socio del PSOE en el Gobierno.
