El parlamento chino aprueba el primer Código Civil del país y la polémica ley de seguridad de Hong Kong
La propuesta de ley llega tras casi un año de protestas prodemocráticas en la ciudad
La Asamblea Nacional Popular de China (ANP, Legislativo) ha aprobado el Código Civil del país, hasta ahora inexistente en este estado y que regula, entre otros asuntos, el derecho a la privacidad y consta de unos 1.260 artículos. Por su parte, el mismo órgano, ha impulsado la controvertida propuesta de ley de Seguridad Nacional de Hong Kong.
La propuesta de ley llega tras casi un año de protestas prodemocráticas en la ciudad. Tanto abogados como organizaciones de la sociedad civil consideran que el procedimiento violaría los cauces legales para la modificación de normativas de la Ley Básica de Hong Kong. Aunque las protestas se han incrementado considerablemente en estos últimos meses, solo han sufrido un paréntesis con motivo del estallido de la pandemia del coronavirus [contexto id=»460724″]. Tras la aprobación de la propuesta, con 2.878 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones las movilizaciones no han cesado.
Una «mini-constitución» controvertida
El texto busca prohibir «cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central, robo de secretos de Estado, prohibición de organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras y prohibición del establecimiento de lazos con organizaciones políticas extranjeras por parte de organizaciones políticas de Hong Kong». Todo ello con el objetivo de «salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad, los intereses de desarrollo, mantener y mejorar el sistema de ‘Un país, dos sistemas’, preservar la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong a largo plazo y salvaguardar los legítimos derechos e intereses de los residentes de Hong Kong».
Entre los siete artículos propuestos por Pekín se encuentra una provisión que propone un mecanismo legal que permita al Comité Permanente de la ANP articular legislación para prevenir y castigar una serie de supuestos, entre ellos el de «subversión contra el poder estatal», una acusación usada frecuentemente contra activistas pro derechos humanos en China.
Considerada la «mini-constitución» de la ciudad semiautónoma, estipula que la excolonia británica ha de dotarse de una legislación de seguridad. El debate ya provocó una considerable oposición en las calles en el 2003 por miedo a que se tradujera en un importante recorte de libertades, hecho que forzó a las autoridades hongkonesas a aparcarla. Esto provocó que la región administrativa especial quedara desprovista de una legislación que criminalizara los mencionados supuestos, en especial los relativos a la «injerencia extranjera» que tanto preocupa al régimen comunista. De hecho, a lo largo del pasado año, el Gobierno de Pekín apuntó en repetidas ocasiones a Washington como la mano negra tras las protestas.
En este caso, China busca la inclusión de esta llamada «ley de seguridad nacional de Hong Kong» en el tercer anexo de la Ley Básica a través de su publicación en un boletín oficial local, en vez de someterla a revisión en el Consejo Legislativo de Hong Kong, dada la masiva oposición con la que probablemente se toparía.
