El presidente de la CEOE, partidario de reformar la CE para resolver el "grave problema" catalán

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) , Juan Rosell, ha reiterado este jueves la preocupación de los empresarios españoles por la creciente tensión originada por la decisión del Gobierno catalán de seguir adelante con su convocatoria de un referéndum de autodeterminación pese a ser declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y la necesidad de buscar soluciones cuanto antes entre las que incluye la reforma de la Carta magna. «Hay que buscar un pacto territorial entre todos, hay que hacer cambios y reformas a nuestra Constitución porque el problema es muy importante y no afecta solo a España, también a Europa», ha manifestado este jueves Rosell en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

La opinión del presidente de la CEOE y empresario catalán no coincide con la expresada el miércoles por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien este miércoles manifestó que más urgente que reformar la Constitución es hacer que se cumpla.

Rosell, que ha calificado lo que está ocurriendo en Cataluña de «problema político de grave envergadura» y, en su opinión, la solución pasa por introducir «los cambios necesarios desde la legalidad». Respecto a la deriva secesionista protagonizada por el Gobierno catalán, Rosell cree que «hay muchas vías intermedias entre la independencia y la sumisión total».

Preocupación en la CEOE

Las declaraciones de Rosell a la radio se producen un día después de que la Junta Directiva de la CEOE hiciera público un comunicado ante la «consulta ilegal de 1-O en Cataluña», en el que tras analizar «con profunda preocupación la situación creada» por la convocatoria de la consulta de autodeterminación del 1 de octubre y la repercusión que la situación en Cataluña está creando en la «confianza del mundo empresarial e inversor en Cataluña y en el resto de España», manifiesta su total apoyo a la legalidad .

«Los empresarios siempre estamos con la legalidad y por el cumplimiento estricto de las leyes y la Constitución española», indican en el escueto pero contundente comunicado, en el que añaden que «apoyamos todas las acciones que se consideren necesarias llevar a cabo con el objetivo de hacer cumplir la legalidad vigente» y subrayan la existencia de un «problema político de gran envergadura» que hay que afrontar de forma urgente para evitar que afecte a la «convivencia social y prosperidad económica».