El presidente de Polonia tiene un plan para reforzar su control sobre la Justicia
El presidente polaco, Andrzej Duda, ha propuesto este lunes modificar la Constitución del país para reforzar sus competencias y consolidar así la reforma judicial, que provoca tensiones entre el poder conservador en Polonia y la Comisión Europea. Esta modificación permitiría reforzar los poderes del presidente en lo que concierne al nombramiento de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
El presidente polaco, Andrzej Duda, ha propuesto este lunes modificar la Constitución del país para reforzar sus competencias y consolidar así la reforma judicial, que provoca tensiones entre el poder conservador en Polonia y la Comisión Europea. Esta modificación permitiría reforzar los poderes del presidente en lo que concierne al nombramiento de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura.
«Llegado el caso de que en un plazo de dos meses la Dieta (cámara baja) no designase, por una mayoría de tres quintos, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, entonces el presidente podrá elegir a sus miembros entre los candidatos presentados», ha dicho Duda ante las cámaras de televisión.
La reforma judicial impulsada por el Partido Derecho y Justicia (PiS), en el poder, tienen por objetivo, según el PiS, sanear un sistema que favoreció a una «casta» de jueces corrupta e insensible a las preocupaciones de los ciudadanos. Para la oposición, esta reforma llevó a un control político del Poder Judicial.
Asimismo, Duda ha presentado este lunes su proyecto de reforma de la Corte Suprema, después de haber vetado en julio el proyecto presentado por los conservadores de su partido. Esta nueva versión refuerza las competencias de la presidencia para mantener en actividad a los jueces de la Corte, pero, de acuerdo con Duda, necesita una reforma de la Constitución.
Los diferentes reformas impulsadas por el PiS en Polonia, algunas que ya fueron aprobadas, se ganaron las críticas y las amenazas de la Comisión Europea. De hecho, este mismo lunes han sido objeto de discusiones en Bruselas entre el ejecutivo europeo y los Estados miembros.