El presidente de Túnez nombra a un nuevo ministro del Interior y emprende una cruzada anticorrupción
Presidencia tunecina | Twitter
El presidente tunecino, Kais Saied, ha encargado a Ridha Gharsallaoui, exconsejero de la Seguridad Nacional de la Presidencia, asumir las funciones de ministro del Interior, en su primera nominación tras haber suspendido la actividad parlamentaria y acaparado el poder ejecutivo.
En contexto: tras meses de crisis política, el presidente, cuyas prerrogativas suelen limitarse a la diplomacia y la seguridad, destituyó al primer ministro, a los ministros de Defensa, Justicia e Interior, suspendió el Parlamento durante 30 días y se hizo con el poder del país el domingo, asegurando actuar de acuerdo con la Constitución. Una decisión denunciada como un «golpe de Estado» por su principal rival, el partido de inspiración islamista Ennahdha.
Esta nominación se produce después de que en los últimos día varias organizaciones de la sociedad civil y extranjeras presionaran a Saied para que formara un nuevo gobierno lo antes posible. Según la prensa tunecina, Gharsallaoui es un comisario de policía que ahora asesorará al presidente en materia de seguridad.
Tres días después de haber suspendido la actividad parlamentaria durante un mes y de haberse arrogado el conjunto del poder ejecutivo, Saied también criticó las «malas decisiones económicas» adoptadas durante los últimos años en Túnez.
Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada ‘Revolución de los Jazmines’, que puso fin a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y durante la cual se han sucedido un total de diez gobiernos que han agravado todavía más la crisis económica y social.
El jefe del Estado, que todavía no ha nombrado a un nuevo primer ministro, denostó a «quienes saquean dinero público», durante una reunión con el presidente de la patronal (UTICA) el miércoles por la noche.
Kais Said ha lanzado una ofensiva anticorrupción contra medio millar de empresarios acusados de desviación de fondos durante la dictadura. el mandatario recuperó un informe publicado una década antes por la comisión nacional de investigación sobre la corrupción y malversación cometida durante el régimen de Ben Ali, en el que aparecen 460 personas involucradas que habrían malversado hasta 4.000 millones de euros.
Pero el mandatario ofrece a los acusados inversiones en regiones desfavorecidas a cambio de amnistía, mediante inversiones en proyectos públicos, como colegios y hospitales, en lugares seleccionados como prioridad por los comités populares.
En medio de una grave crisis económica y en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo acuerdo- el cuarto de esta última década- por un valor de 3.300 millones de euros, Said busca hacer «justicia» pero también restituir una parte de las arcas del Estado, que alcanza una deuda pública del 100% de su PIB. País con escasos recursos naturales, una de sus fuentes de divisas son los fosfatos. Pero la producción se hundió después de la revolución de 2011, a causa de una falta de inversión y las repetidas huelgas.
Saied también anunció una célula de crisis para gestionar la pandemia de coronavirus, bajo supervisión militar.Túnez enfrenta un colapso de su sistema sanitario ante un nuevo pico de la pandemia. Con 12 millones de habitantes, el país ha registrado 19.000 decesos relacionados con el nuevo coronavirus, una de las peores tasas de mortalidad en el mundo.
Las medidas excepcionales del presidente podrán ser prolongadas
Las medidas excepcionales anunciadas el pasado domingo por el presidente tunecino, Kais Said, podrán ser prolongadas más allá de los 30 días que otorga la constitución a través de un decreto presidencial. «Son suspendidas todas las competencias de la Asamblea de Representantes del Pueblo durante un periodo de un mes a partir del 25 de julio de 2021. El plazo previsto puede ser prolongado por decreto presidencial conforme a las disposiciones del artículo 80 de la constitución», ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado (JORT).
Asimismo, ha revelado que el secretario general de la Asamblea, que se encuentra cerrada y custodiada por el Ejército, se encargará de gestionar los asuntos administrativos y financieros.
Según dicho texto, el objetivo es garantizar el regreso a un funcionamiento regular del poder público «lo antes posible» mientras que el Tribunal Constitucional- pendiente de creación desde 2015- debe tomar una decisión en caso de prolongar su extensión.
En este vídeo te damos las claves de la crisis política en Túnez:
