El Tribunal de Cuentas exige el pago de 5 millones a los impulsores del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha impulsado este miércoles un procedimiento contra cuatro exdirigentes catalanes, que podría terminar con el pago de más de 5 millones de euros por la consulta independentista no vinculante celebrada en 2014 y declarada ilegal, informa AFP. El caso aparece a dos meses y medio del referéndum secesionista que el ejecutivo nacionalista de Cataluña quiere celebrar el 1 de octubre, y al que el Gobierno español se opone de plano por considerarlo anticonstitucional. Los concernidos son el expresidente regional Artur Mas (2010-2016) y tres integrantes de su equipo: la exvicepresidenta Joana Ortega, la exresponsable de Educación Irene Rigau y el exportavoz Francesc Homs. El Tribunal les exige el pago de 5,12 millones de euros por los gastos que originó el referéndum a las arcas públicas y los amenaza con embargarles sus bienes hasta cubrir esa cantidad si no la abonan antes del 25 de septiembre, informan varios medios.

Los cuatro ya han sido condenados este año a penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos, por organizar el 9 de noviembre de 2014 la consulta independentista no vinculante y prohibida por la justicia española. Artur Mas, concretamente, ha quedado inhabilitado durante dos años por desobediencia. La acción de la Justicia no se detuvo allí, puesto que a finales de mayo, la Fiscalía pidió que se investigaran «presuntos daños causados en los caudales públicos» con motivo de esa consulta. Dichos gastos fueron cifrados en 5,12 millones de euros. El gobierno catalán pidió que se archivaran las actuaciones por considerar que no hubo «infracción de normas contables o presupuestarias», pero en un auto fechado este miércoles, el Tribunal español de Cuentas desestimó el recurso.

En una rueda de prensa realizada después de conocerse la decisión del Tribunal de cuentas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusado al Gobierno de «fomentar el miedo como único argumento para evitar lo inevitable», es decir, la consulta del 1 de octubre, y de haberse «saltado garantías fundamentales». Por su parte, el vicepresidente, Oriol Junqueras, ha insistido en que «celebrar un referéndum ni convocarlo tampoco» ni desde el derecho internacional ni desde el español. Ha acusado asimismo al Partido Popular de saltarse «las normas básicas de la democracia».