Irene Rigau

El Tribunal de Cuentas exige el pago de 5 millones a los impulsores del 9-N

El Tribunal de Cuentas exige el pago de 5 millones a los impulsores del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha impulsado este miércoles un procedimiento contra cuatro exdirigentes catalanes, que podría terminar con el pago de más de 5 millones de euros por la consulta independentista no vinculante celebrada en 2014 y declarada ilegal, informa AFP. El caso aparece a dos meses y medio del referéndum secesionista que el ejecutivo nacionalista de Cataluña quiere celebrar el 1 de octubre, y al que el Gobierno español se opone de plano por considerarlo anticonstitucional. Los concernidos son el expresidente regional Artur Mas (2010-2016) y tres integrantes de su equipo: la exvicepresidenta Joana Ortega, la exresponsable de Educación Irene Rigau y el exportavoz Francesc Homs. El Tribunal les exige el pago de 5,12 millones de euros por los gastos que originó el referéndum a las arcas públicas y los amenaza con embargarles sus bienes hasta cubrir esa cantidad si no la abonan antes del 25 de septiembre, informan varios medios.

Artur Mas se sentará en el banquillo por celebrar la consulta independentista del 9-N

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Los hechos presuntamente delictivos se centran en el periodo de tiempo que va desde el 4 de noviembre —fecha en la que el Tribunal Constitucional prohibió la consulta organizada por la Generalitat— y el 9 de noviembre de 2014, día de la consulta. El TSJC recuerda que el Tribunal Constitucional «comunicó directamente la existencia» de la resolución al expresident mediante un correo electrónico. El Gobierno catalán argumenta que dejó la organización de la consulta en manos de voluntarios. Sin embargo, el auto apunta que la Generalitat permitió que los trabajos encargados a empresas privadas siguieran adelante. El 9-N, día de la votación, «acaeció en todo momento bajo el control directo de la administración autonómica» presidida por Mas, señala el auto. Y continúa: Mas, «auxiliado» por Ortega y Rigau, «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo» a la suspensión ordenada por el TC. Los resultados de la jornada, por ejemplo, fueron difundidos públicamente por la vicepresidenta Joana Ortega.

La Fiscalía pide una pena de diez años de inhabilitación para que Mas no pueda desempeñar ningún «cargo público electivo» ni «ejercer funciones de gobierno» en ningún ámbito, sea local, autonómico o estatal. En el caso de Ortega y Rigau, la petición de inhabilitación se rebaja a los nueve años.

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