La escuela de las mentiras
«Sánchez ha amenazado con una legislación específica para los periódicos digitales. Debería aplicársela a sí mismo porque es el rey entre todos los mentirosos públicos»
Ilustración de Alejandra Svriz.
«La propaganda siempre está hecha de mentiras, incluso cuando uno dice la verdad». En 1942 George Orwell anotó esta reflexión en su diario personal, reproducido más tarde en el libro Escritor en guerra. Por las mismas fechas, en sus Recuerdos de la Guerra de España mencionaba la tendencia del naciente régimen franquista a apoderarse no solo del futuro del país, sino también de su pasado. Esto lo intentan conseguir ahora algunos con las leyes de memoria histórica; tienen que ver con la memoria histórica lo mismo que la música militar con la música o el derecho canónico con el derecho. El relato ha sido siempre un arma del poder, en democracia como en dictadura, y por eso aquel tiende siempre a controlarlo. Lo que ha llevado a todos los teóricos de la democracia a insistir en la relevancia de la libertad de expresión como fundamento esencial de la misma.
El enfrentamiento entre los gobiernos y las libertades de información y de pensamiento es tan viejo como la historia del mundo. Todas las democracias que hasta ahora han sobrevivido a la tiranía de sus líderes y la corrupción de los partidos políticos han sido escenario de debates descarnados sobre la máquina del fango, un cacharro que Pedro Sánchez conoce bien y en cuyo manejo es experto, habida cuenta de su capacidad para el cinismo. La desvergüenza, la mentira y la difamación son armas por desgracia habituales en la lucha por obtener y conservar el mando, al margen de la ideología de quienes se empeñen en ello. Pero su empleo eficiente exige la convicción, muy patente hoy en la dirección del Partido Socialista, de que el fin justifica los medios.
Es probable que Orwell escribiera la reflexión citada en el comienzo de este artículo tras su experiencia como redactor radiofónico en la BBC. Y que se inspirara en ella a la hora de describir en 1984 el funcionamiento del Ministerio de la Verdad. Antes de que la radio le diera acceso al micrófono, tuvo que asistir a unos cursos de formación que algún amigo suyo describió como la Escuela de las Mentiras. Y aunque él mismo declarara que nunca había sufrido censura alguna, cuando menos fue reprendido, si no amenazado, por unos comentarios críticos contra Stalin. ¡Y estamos hablando de la admirada y admirable BBC! No digamos de lo que pasa ahora en Televisión Española, empeñada en arrebatar a la televisión autónoma de Cataluña el liderato de la sumisión al poder de turno. El que paga manda, aunque lo haga con dinero ajeno.
Las pesimistas premoniciones de Orwell sobre la vida libre en nuestro planeta se fundan en una arraigada tradición intelectual de los mejores teóricos de la democracia. Ya Tocqueville, tras su gira por América, avisó de las derivas que podía padecer hacia un nuevo tipo de despotismo: el democrático. Los gobernantes elegidos por los ciudadanos se creen a menudo investidos de una autoridad exhaustiva y bienhechora. Eso les permite, en nombre de la seguridad, del bien común o del interés general, aplicar toda clase de prohibiciones, burocracias y recomendaciones que nadie les pide. Despotismo democrático y populismo descarnado son precisamente los métodos utilizados por Sánchez, cuando insiste en que él y su partido están del lado bueno de la Historia. O sea, que ellos son los buenos y los demás los malos. Este infantilismo cruel no le impide, sin embargo, abrazarse con delincuentes convictos y confesos a cambio de unas miserables papeletas que le garanticen el sueldo y la poltrona.
Pero como el propio Tocqueville señala, hay dos cosas irrenunciables en democracia: la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos, amenazadas ambas por el autoritarismo de quienes gobiernan, aunque hayan sido elegidos por la mayoría de los votantes, lo que además no es el caso que nos ocupa. Libre opinión e independencia judicial son, estos sí, los muros, contra los excesos, las estupideces y las mentiras del poder. En esta hora de España es preciso reforzarlos, defenderlos, frente a quienes pretenden destruirlos.
«El principal enemigo de la libertad de expresión, en dictadura como en democracia, es el poder de los gobiernos»
Es obvio que, con el despertar de la civilización digital, las sociedades enfrentan desafíos novedosos difíciles de gestionar. La desaparición de las élites —o de su influencia en la comunidad— y la globalización de las comunicaciones representan un escenario mediático confuso y atrabiliario, donde la mentira, el descaro, la ignorancia y la brutalidad alientan muchas veces la confrontación, y en no pocas ocasiones las políticas de odio. Un ambiente en el que, en nombre de la mayoría, los nuevos déspotas no ilustrados desprecian a la disidencia cuando no la persiguen, insultan al oponente e imaginan toda clase de represiones y aun persecuciones contra aquellos que no piensen ni hagan como ellos. Que esto se lleve a cabo por dirigentes y militantes de un partido como el socialista, vertebral en la fundación y desarrollo de nuestra democracia, es singularmente preocupante.
Lo mismo que muchos de mis colegas, en mis más de 60 años de ejercicio del periodismo he vivido toda clase de amenazas, persecuciones y represiones. Entre otras, en los momentos más turbios fui condenado a la cárcel por una opinión editorial de El País; se me aplicó la ley antiterrorista para registrar mi casa; me acusaron de ser espía soviético, falsificando pruebas en mi contra; y, junto a todo el consejo de Canal Plus presidido por Jesús Polanco, aseguraron que nos habíamos apoderado de miles de millones de los depósitos de los suscriptores de la primera televisión de pago en España. Nos defendimos abiertamente de las calumnias y las maquinaciones, pero nunca pusimos cara de víctimas ni de héroes, como ahora hacen tantos en el partido del Gobierno y sus plañideras cuando la esposa del primer ministro es investigada judicialmente por corrupción. Y mucho menos se nos hubiera ocurrido demandar una legislación específica en la que el Ministerio de la Verdad, hermano mayor de la Escuela de las Mentiras, dijera lo que es cierto y lo que no. Porque sabemos que el principal enemigo de la libertad de expresión, en dictadura como en democracia, es el poder de los gobiernos.
Pedro Sánchez, sin embargo, ha amenazado con una legislación específica para establecer lo que está bien y lo que está mal en los periódicos digitales. Debería aplicársela a sí mismo porque es el rey entre todos los mentirosos públicos que acechan y manipulan a la ciudadanía. Utiliza en su argumentación un reglamento de la Unión Europea que nada tiene que ver con esto y cuya aplicación esperamos fervientemente porque establece que los medios de comunicación deben hacer público el nombre de sus dueños y las subvenciones oficiales que reciben. Ojalá al menos en esto cumpla sus promesas el presidente del Gobierno.
Este es un buen día para solicitarlo, porque celebra junta general la sociedad Prisa, propietaria del que todavía es el periódico más relevante de España y del que desconocemos a sus verdaderos dueños. Funge como principal accionista un fondo de inversión de los popularmente llamados buitres, pero no sabemos la identidad de sus inversores, aunque sí su presidente. El fondo tiene además intereses en el negocio del futbol internacional y ha sido beneficiado por operaciones societarias en la compañía Indra, de acuerdo con su accionista mayoritario que es el Gobierno.
El País salió a la calle bajo el eslogan de la independencia. Por eso publicamos con nombre y apellidos los nombres de los casi 500 accionistas que lo impulsaron. Esta me parece una costumbre a implantar para saber quiénes son los que fabrican el fango y quiénes lo padecen, y estoy seguro de que en el caso de El País sería muy bien acogida por sus lectores y sus profesionales. E incluso por los accionistas, particulares o empresas. Con ello nuestra democracia sería un poco menos despótica, y un poco más transparente, aunque claro está que la escuela de las mentiras seguirá subsistiendo.
