Arde París, otra vez

“Los docentes, que a diario trabajan para que los alumnos logren triunfar, deben sentirse seguros de la confianza que se deposita en ellos. Su trabajo debe ser el foco de un mayor reconocimiento por parte de la nación, que respeta sus conocimientos profesionales e invierte en su desarrollo”.

Sin duda, esta declaración de intenciones de Emmanuel Macron resonó este jueves en forma de chascarrillo entre los miles de docentes que este jueves paralizaron Francia en protesta contra el sistema de jubilaciones que pretende implantar a comienzos de año.

Las promesas electorales del candidato de En Marche dieron sus frutos. Tal y como muestra este estudio de IFOP, al entonces candidato Benoît Hamon lo respaldó apenas un 15% de docentes frente al 48% cosechado por el PS en los comicios de 2012. Tanto el actual presidente de la República como Jean Luc Mélenchon sacaron provecho del que había sido un caladero tradicional de voto socialista.

Hoy, se sienten estafados y añaden ésta a una lista de incumplimientos del exsocialista con la enseñanza pública.

Ya en septiembre de 2018 el anuncio por parte del ministro de Educación Jean-Michel Blanquer de la supresión de 2.800 puestos no estuvo exento de controversia.

A la comunicación atropellada de la que el ejecutivo Macron hace gala le acompañó la confusión sembrada por las declaraciones del secretario de Estado del ministro del Presupuesto, Olivier Dussop. Cuando desde las aulas se acusó al gobierno de intentar ahorrar en detrimento de la Educación pública, éste defendió en France Info que aquel recorte respondía únicamente a una cuestión de “demografía escolar”. Esto es, a menos alumnos en secundaria menor necesidad de contratar a profesores.

En cambio, los datos confirman todo lo contrario: entre 2019 y 2020 la cifra ronda los 40.000 nuevos alumnos en secundaria, un ritmo de escolarización que, lejos de disminuir, va a continuar aumentando hasta el final del quinquenato de Emmanuel Macron.

Estas cifras son de sobra conocidas por el propio gobierno. Tanto es así, que fue el propio ministerio de Educación quien las hizo públicas a través de este estudio en marzo de 2018. Esta cifra -2.800- puede parecer residual en el conjunto de los 880.000 docentes de la enseñanza pública francesa. En cambio, no es sino un golpe seco a la igualdad de oportunidades si tenemos en cuenta que los más damnificados son los centros que menor capacidad tienen de encajar un recorte de presupuesto. Esto es, aquellos que reúnen entre sus cuatro paredes dos variables: el crecimiento demográfico de la zona en que están situados y el escaso (o nulo) atractivo que despiertan entre docentes. El impacto no tardó en dejarse notar en departamentos como Seine-Saint-Denis, en el extrarradio de París, donde al recorte de puestos debemos sumar el absentismo del profesorado y la ausencia casi sistemática de sustitutos. Hoy están desbordados y suplican que a sus aulas lleguen profesores para asegurar algo tan innegociable como el derecho a la educación de todos los alumnos del país.

Quienes perpetúan la idea -sí, también en Francia- de que los profesores “viven demasiado bien para lo poco que hacen”, deberían tener en cuenta el impacto que estas políticas en el ámbito de la educación tienen para el futuro de sus hijos. En Francia, por ejemplo, el número de candidatos al CAPES 2020 (oposición necesaria para ejercer en instituciones educativas públicas) ha disminuido un 7,8%. Es la cifra más baja desde 2013. “Crisis vocacional”, lo consideran quienes prefieren mirar hacia otro lado.

En Francia, a pesar de que el nivel demandado en las oposiciones a futuros profesores de letras, matemáticas o alemán ha permitido la admisión de la mitad de los candidatos, la demanda total sigue sin cubrirse.

Quienes estos días se echan a las calles entienden que, de materializarse la reforma -que incluye la homogeneización del sistema de jubilación francés y la ruptura de especificidades propia de la Educación pública- el sistema educativo francés se adentraría de lleno en la senda de la desigualdad. Los docentes ya han hecho públicos cálculos del impacto de esta medida en su cada vez más castigado poder adquisitivo: con el nuevo cálculo -“un euro cotizado, un euro de jubilación” – perderían, al llegar a su retiro entre 300 y 900 euros al mes.

Horas antes de la huelga, y en un intento desesperado por calmar los efectos de la misma, el gobierno dirigió a los funcionarios de Educación una carta en la que se proponía equilibrar tales pérdidas con una posible subida de sueldo durante su carrera. Para compensar esta pérdida -dicen- haría falta que dicha subida salarial doblase sus actuales retribuciones.

Hoy, el 64% de los franceses consideran que su presidente está “desconectado de la realidad social” de su país. Sus detractores suelen afirmar que gestiona el país como si de una gran empresa tecnológica se tratase.

Su táctica negociadora se asemeja a la seguida en un comité de empresa: amagar primero con un recorte severo para que, fruto de la negociación, una pérdida menor sea percibida como una victoria por quienes se manifiestan. Al sentar el marco negociador, los sindicatos ya sólo pueden aspirar a minimizar el daño. El mensaje ha sido claro: la reforma es inevitable. Macron aprende del pasado. Sabe que tres semanas de paro total en 1995 tumbaron una propuesta similar de Alain Juppé, entonces primer ministro de Chirac.

Entre 800.000 y 1,5 millones de franceses secundaron el jueves esta primera jornada de huelga. Mientras tanto, Marine Le Pen aguarda expectante. Agita en la sombra la llama y se alza como la portavoz del “pueblo” contra la “élite”. Y en el terreno del descontento, nadie se mueve mejor que ella.