'Conviction politics'
«Se trata de recaudar más y mejor, no de castigar o beneficiar a unos sectores o a otros en función de la ideología del partido de turno en el poder»
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | Eduardo Parra (Europa Press)
Lo peor está aún por llegar. O eso anuncia el FMI en su último informe de octubre. El organismo internacional calcula que el crecimiento global se rebajará al 2,7% en 2023. Y que muchos países, entre ellos algunas economías europeas, entrarán en recesión. Este año, la economía mundial crecerá un 3,2%, casi tres puntos menos del 6,1% que avanzó en 2021, el año marcado por la salida de la hecatombe económica provocada por la pandemia. El invierno no sólo se presenta jodido por aquello del frío y la escasez energética, sino también por los efectos de la subida de los tipos de interés en la actividad económica y en el coste de la financiación de los estados soberanos con mayores desequilibrios fiscales. No hay mucho a donde agarrarse. Sólo el estímulo fiscal que viene del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los llamados fondos Next Generation EU, puede amortiguar algo el duro golpe. Y estos están condicionados a cumplir con una serie de reformas. De no ser así, el calendario de desembolsos semestrales de la Comisión que permitirá a España recibir entre 2021 y 2023 el 80% de las transferencias previstas, que ascienden a 140.000 millones de euros (60.000 a fondos perdido), puede verse comprometido.
¿Será el Gobierno capaz de cumplir con las reformas exigidas? Desde organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se ha alertado de cómo la política fiscal del Gobierno se está alejando del objetivo de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo, una de las condiciones de Bruselas. Ni los presupuestos para 2023 recién presentados, que destinan más de la mitad de los recursos públicos a gasto social y al pago de los intereses de la deuda, que están abocados a subir tras el giro de la política monetaria, apuntan en la buena dirección.
Pero poco se habla de ello. Tampoco de la deficitaria ejecución de los 31.000 millones de euros hasta ahora recibidos de los 140.000 millones asignados a nuestro país. De ese montante, a la economía real han llegado menos de 7.000 millones. Como si nos lo pudiéramos permitir con la que está cayendo. Pero parece ser el signo de los tiempos. Anunciar medidas, apuntarse la medalla sin que nadie fiscalice su gestión o haga un seguimiento de su impacto en la economía real. Es dinero público. De los contribuyentes, europeos y nacionales, pero no hay rendición de cuentas. Es un mal que no afecta sólo a los fondos europeos. Y que viene de lejos.
El antecedente más clamoroso es el de los casi 100.00 millones de euros (55.000 financiados por la Unión Europea en forma de créditos blandos) destinados a la crisis de las cajas de ahorro y parte de la banca. La Comisión de seguimiento en el Congreso se cerró sin pena ni gloria. ¿Podemos aspirar a recuperar parte de ese dinero público? En el caso de Bankia, esa ayuda superó los 20.000 millones de euros. Tras su fusión con Caixabank, y debido a las condiciones de la operación, este se da por perdido. Pero lo más destacable es que nadie habla de ello.
«Se imponen las conviction politics, esas políticas en clave ideológica que sólo buscan votos»
Y así con todo. Cuando estamos al borde de una recesión en el continente europeo, sobre todo porque la locomotora, Alemania, ya ha entrado en ella, aquí seguimos gastando y proponiendo medidas que resultan populares pero que no necesariamente son eficaces económicamente. Se imponen las conviction politics, esas políticas en clave ideológica que sólo buscan votos y que en el caso que nos ocupa se desentienden de su impacto real en la economía, el empleo y, más importante aún, en la estabilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo, comprometiendo el bienestar y las oportunidades de las siguientes generaciones.
Lo que está ocurriendo con la subida indiscriminada de las pensiones indexadas con la inflación, es una muestra de ello. En los Presupuestos de 2023 recién presentados, el pago de las pensiones representa el 40% del gasto. El servicio de la deuda el 6,4% y los gastos de personal (funcionarios) el 4,2%. Más del 50% del presupuesto. El voto cautivo manda. Y el resultado es que la inversión en partidas que deciden el futuro del país, como la Educación o la Investigación y el Desarrollo es cada vez más marginal. Y la evolución demográfica sólo aguzará ese desequilibrio. ¿Por qué no tomar nota de nuestro vecino portugués? Ahí el Gobierno socialista de Antonio Costa ha limitado la subida de las pensiones al 4% de media, con una inflación del 9,3%, favoreciendo a las más bajas frente a las más altas. En esa línea, les recomiendo que lean la propuesta que hace el EsadeEcPol, dirigido por Toni Roldán, al respecto.
«¿Por qué temer a la evidencia de los datos si eso permite corregir los indeseables efectos secundarios de la medida? La ideología y la medalla populista mandan»
El impacto en el empleo de las subidas del Salario Mínimo es otro tema tabú. ¿Cómo oponerse a que este esté por encima de los 1.000 euros? Por supuesto. Pero no se pueden ignorar sus efectos en algunas regiones y sectores y la exclusión del mercado de trabajo que supone para algunos jóvenes con menores salarios. El Banco de España y otros servicios de estudios reputados así lo han señalado, alertando de que hace falta establecer mecanismos para compensar esos efectos. Pero no. Tampoco se puede hablar de ello. Hasta el punto de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha instado hace pocos días al Ministerio de Trabajo a que remita el informe sobre el impacto de la subida del SMI sobre la desigualdad y el empleo que realizó una comisión de expertos un informe encargado por el propio ministerio hace ya meses. Y que hasta ahora ha evitado por todos los medios que se haga público. ¿Por qué temer a la evidencia de los datos si eso permite corregir los indeseables efectos secundarios de la medida? La ideología y la medalla populista mandan. Su efectividad es secundaria.
Lo mismo ha pasado con el popular bono de 20 céntimos por litro al consumo de la gasolina. No sólo es una medida equivocada porque no promueve el ahorro en el consumo de los carburantes, sino que además ha supuesto un desvío de dinero público a las cuentas de resultado de las grandes compañías petrolíferas distribuidoras, que han multiplicado por tres sus márgenes en lo que va de año. Si su aplicación se hubiera limitado a los sectores industriales cuya actividad depende más del consumo de combustibles, dependientes, como el transporte, la agricultura o la pesca, sería comprensible. Pero esto es un despropósito que se aleja además del espíritu de ahorro energético defendido por Europa para hacer frente a la escasez de combustible que aqueja al continente a raíz de la crisis energética que ha provocado la brutal agresión de Rusia a Ucrania.
«Se trata de recaudar más y mejor, no de castigar o beneficiar a unos sectores o a otros en función de la ideología del partido de turno en el poder»
El último capítulo es la maraña fiscal. El debate elude el hecho de que de nuevo el actual Gobierno elude enfrentarse a una reforma fiscal en profundidad que está pendiente desde hace varias legislaturas. Hay una propuesta de un comité de expertos que sigue incomprensiblemente durmiendo en un cajón. Porque frente a la grandilocuencia ideológica, se impone la eficacia del sistema recaudatorio, que hoy es deficitario, como demuestra la comparativa con la mayoría de nuestros socios europeos. Se trata de recaudar más y mejor, no de castigar o beneficiar a unos sectores o a otros en función de la ideología del partido de turno en el poder.
La batalla de las rebajas fiscales que ha explosionado en las últimas semanas ha sido respondida con el golpe dado por el Gobierno por la puerta de atrás para socavar la independencia fiscal de las administraciones autonómicas que reconoce nuestro orden constitucional. Y la cosa no pinta bien. No sólo porque puede derivar en un complicado litigio legal por la cuestión de la doble imposición, gravar el mismo activo dos veces, sino porque no necesariamente sirve para lograr el objetivo fundamental: una mayor recaudación. De medidas fiscales de alta carga ideológica tenemos ejemplos cercanos y fallidos. ¿Cuánto tardó el presidente socialista francés François Hollande en retirar el impuesto del 75% a las grandes fortunas? No sólo provocó la huida del país de los grandes contribuyentes y obtuvo una recaudación marginal, sino que la medida fue tumbada por el mismísimo Tribunal Constitucional francés. En una comunidad económica común, con libertad del movimiento de los capitales y de las residencias fiscales, los gestos grandilocuentes en clave populista no suelen tener un gran recorrido. Es más, suelen volverse en contra del propósito original.
En un escenario tan difícil e incierto como el que vivimos, en el que las políticas monetarias y fiscales tradicionales no parecen ser suficientes para dar respuesta a los tremendos desafíos que no acechan por tantos frentes, las decisiones políticas deberían ser lo más pragmáticas posibles. Y cuanto más alejadas de la ideología, mejor. Pero me temo que en una España tan polarizada como la nuestra eso es mucho pedir. Mientras eso no ocurre, al menos pidamos a nuestros políticos rendición de cuentas.
