De la solidaridad

Lástima que el deseo de que esta crisis nos uniera se haya disuelto más rápido que un azucarillo en un café hirviendo. Basta echar un vistazo a lo que ocurre en el Congreso o en la llamada Comisión para la RE-construcción (¿o es para la DES-trucción?), como para que a cualquiera le entren unas ganas tremendas de volver al confinamiento total y desentenderse del mundo. Pero luego viene la indignación. Y el miedo a que en medio de todo ese atronador ruido político y mediático se acabe desviando la atención de los verdaderos problemas que se avecinan. Porque parece que a la crisis sanitaria[contexto id=»460724″] de la que estamos saliendo y a la económica en la que nos adentramos se ha venido a sumar una tercera no menos grave. Una crisis moral que está siendo instigada desde una parte del Gobierno, sus socios independentistas y la oposición más radical, con un mismo objetivo: dividir a la sociedad en un momento en el que se precisa exactamente lo contrario para hacer frente a los enormes desafíos sociales y económicos de los próximos meses.

Asistimos atónitos a la sucesión de escándalos y a un preocupante desgaste de las instituciones que no hacen más que aumentar la desconfianza de los ciudadanos en sus dirigentes y esas instituciones y comprometer la imagen de España en el exterior. Hoy, el escándalo por la presunta injerencia de Marlaska en una investigación judicial sobre el 8M tapa el vídeo de antes de ayer de Irene Montero en el que reconoce haber tenido miedo al contagio del coronavirus por los besos que recibió en esa manifestación. El desafortunado vídeo a su vez logra eclipsar el polémico cese del coronel Pérez de los Cobos cinco días antes, que, a su vez, había logrado acallar el estupor provocado previamente el anuncio del pacto entre el PSOE, UP y Bildu para desmantelar la reforma laboral, luego abortado. Y así todo.

De forma que algunos en el Gobierno prefieren irresponsablemente jugar la carta de la polarización y acusar a una parte de la oposición de intentos de golpe de Estado en lugar de rendir cuentas sobre el desbarajuste que hay en la cifra de fallecidos por coronavirus (entre los 27.133 oficiales y los 48.000 más que con respecto al mismo periodo de 2019 contabiliza el INE). Una abismal diferencia que debe ser aclarada para honrar su memoria y el dolor de sus familias. Pero no solo eso. En su afán por demostrar que el plan de desescalada está siendo un éxito y de proyectar una imagen de seguridad hacia el exterior, Sánchez aseguró en el pleno del pasado miércoles que España llevaba dos días con cero casos de nuevos fallecidos, en contraste con la información dada por varias comunidades autónomas. Ha tenido que ser el Financial Times el encargado de sacar los colores al Gobierno avisando de que solo en Madrid y Castilla-La Mancha se habían informado de 17 muertes 24 horas antes. Una confusión que daña nuestra credibilidad y supone una gran falta de respeto. ¿De qué sirve declarar luto nacional si hay falta de rigor en lo más elemental?

¿Y qué me dicen de los ERTE sin cobrar por falta de liquidez o de los que se han pagado erróneamente o con retraso? ¿Y de los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargados de tramitarlos, que se han visto desbordados de trabajo y reconocen errores en el cálculo de las prestaciones? Una gestión dudosa para una partida a la que se han destinado 17.000 millones de euros y cuya factura, si se prolonga el uso de esta figura hasta septiembre en el caso de los sectores más afectados, podría duplicarse. ¿Les han oído a nuestros representantes políticos debatir a fondo esta cuestión?

Ni siquiera la renta mínima vital aprobada esta semana por el Gobierno y que cuenta con el apoyo del PP y Ciudadanos ha servido para favorecer un clima de entendimiento. Sus señorías prefieren seguir instaladas en el insulto. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? No hay un solo atisbo de voluntad para unir fuerzas y pactar las políticas que han de sacarnos de la colosal crisis económica en la que nos adentramos. Tras un parón económico de casi tres meses y una reapertura solo paulatina de la actividad, el destrozo en términos de empleo, rentas y recaudación de impuestos es más que evidente. Tan evidente como que el Estado debe destinar sus recursos para proteger a los perjudicados por la crisis: trabajadores, empresarios y, en especial, a los más vulnerables. Pero la defensa de su bienestar no es patrimonio del Gobierno PSOE-UP. Es el esfuerzo solidario de todos.

Y no viene solo de los contribuyentes nacionales, sino también de la protección que nos brinda nuestra pertenencia a la Unión Europea. ¿Se imaginan qué sería de España fuera de la UE? ¿Qué tipos de interés nos pedirían para comprar nuestras emisiones de deuda en el mercado internacional? Los 750.000 millones de euros (el 70% del PIB de España) de ayuda acordada por la UE para aliviar los efectos de la crisis en los países más afectados por la COVID-19, promovida por Merkel y Macron, es una cantidad insólita en la historia de la Unión, equiparable a la ayuda que EEUU puso en marcha en la crisis de 2008 que tanto envidiamos entonces.

El dinero procederá además de la emisión conjunta de deuda, otro gesto sin precedentes. Y sale adelante gracias al apoyo de las principales fuerzas políticas representadas en el Parlamento Europeo: populares, socialdemócratas y liberales. Esas que son incapaces de pactar en el Parlamento nacional, para frustración de la mayoría de sus bienintencionados votantes. La cantidad y la forma representan un hito en la historia de la Unión, que contrasta con la gestión de la anterior crisis, en la que se impuso la austeridad. Nunca ha habido mayor consenso en la eurozona para seguir las directrices del gran John Maynard Keynes, el primero en identificar el necesario papel del Estado como dinamizador de actividad económica si esta se interrumpía estrepitosamente, como ocurrió en la Gran Depresión de los años 30.

Frente al uso partidista de la solidaridad, como hace el vicepresidente segundo, cabe recordar que no hay nada más insolidario que gastar ignorando el endeudamiento de las generaciones futuras. Arrogándose el mérito de las políticas sociales con el dinero de todos para aspirar a perpetuarse en el poder. A la argentina. De ahí la importancia de que Europa exija condiciones. Bienvenidas sean estas. Porque España, el segundo país más afectado después de Italia por la crisis del coronavirus y segundo potencial beneficiado de la solidaridad de los contribuyentes europeos, arrastra el mayor déficit estructural de la eurozona (el que se origina independientemente de la influencia del ciclo económico sobre la renta y los gastos) y se sitúa en la peor posición fiscal de los 27 países de la UE.

No ha sido capaz de reducirlo a la velocidad del resto de sus socios en los últimos años y eso le ha impedido acumular colchón fiscal alguno para poder gastar en un momento de crisis como el actual. A diferencia de Portugal, Irlanda o Grecia, que fueron rescatados por la temida Troika y sufrieron mucho más la pasada crisis en términos de crecimiento y recortes. Todos ellos han logrado acumular un superávit (más ingresos que gastos) en 2019. España, por el contrario, cerró 2019 con un déficit del 2,8% del PIB, rompiendo la tendencia a la baja de este desfase, y, solo en los cuatro primeros meses de 2020, este desequilibrio se sitúa en el 1,78% del PIB, un 159% más que en el mismo periodo del año anterior y amenaza con cerrar el año en el 11%. Pero ya verán cómo, cuando vengan las condiciones de la UE, los populistas que se sitúan en la extrema izquierda de este Gobierno culparán a Europa del coste de la crisis, creyéndose merecedores de su ayuda sin condiciones.

Y aquí viene un obstáculo adicional y desmoralizador, sobre todo cuando no va a quedar más remedio que subir los impuestos: la dificultad de nuestra clase política para respetar el dinero público. La corrupción que ha aquejado a todo partido en el poder, especialmente aquellos que más lo han retenido, ya sea el PP, el PSOE o CiU, es la mejor muestra de ello. Y declaraciones como las de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el primer Gobierno de Sánchez: “1.200 millones parriba, pabajo, chiqui, eso es poco”, o las de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuando como ministra de Cultura de Zapatero dijo aquello de que “el dinero público no es de nadie”, no ayudan.

De ahí la importancia de presentar un plan creíble de corrección de los desequilibrios fiscales en el medio plazo. En ese contexto, no estaría de más que el Gobierno fuera el primero en arrimar el hombro. Frente a la inevitable subida de impuestos, el cierre de empresas y la pérdida de empleos, ¿qué tal reformar las administraciones públicas y acabar con el coste de sus duplicidades y la red clientelar que representan? ¿Y qué tal también si se animan a reducir los 22 ministerios y sus correspondientes altos cargos y asesores? Rajoy capeó la anterior crisis con 13 ministros. No es populismo, como decía Sánchez. Se trata de ganar autoridad moral en tiempos de escasez.

Pues eso, de la insolidaridad de los que nos gobiernan. Y de la solidaridad, que es de todos los contribuyentes.