THE OBJECTIVE, CON LA CONSTITUCIÓN
Resulta inquietante que quienes tienen la responsabilidad de gobernar demuestren no creer ni en los valores ni en los principios de una democracia
Ilustración de Alejandra Svriz.
La investidura de Pedro Sánchez para un nuevo mandato ha sido posible tras llegar a acuerdos con un conjunto heterogéneo de partidos que tienen como denominador común la voluntad de excluir a la derecha del juego político y la impugnación del Estado democrático que hemos conocido desde la aprobación de la Constitución en 1978. Por ello, es indudable que la elección del líder socialista como presidente del Gobierno sume a España en una etapa de incertidumbre que amenaza el marco constitucional, la convivencia y la prosperidad de los españoles.
La democracia vuelve a ser puesta a prueba. Lo fue en 1981 por el golpe de Estado del 23-F llevado a cabo por fuerzas reaccionarias nostálgicas del franquismo, por el terrorismo de ETA durante más de tres décadas y por la ilegal proclamación de la república catalana por los independentistas en octubre de 2017. En esas tres ocasiones la democracia venció gracias al consenso constitucional. La principal diferencia es que ahora la ambición de poder de Sánchez ha sacado al PSOE del pacto constitucional para adentrarse en una aventura personal rumbo a lo desconocido que pone en riesgo el futuro de todos.
No conocemos el proyecto político del presidente del Gobierno más allá del tan manoseado como vacío calificativo de «progresista» y la construcción de un «relato», léase propaganda, sobre el amenazante advenimiento del «fascismo». Pero sí sabemos que ese proyecto no tiene nada que ver con la socialdemocracia. Por el contrario, Sánchez ha hecho suyas las falacias de la extrema izquierda populista –la Transición fue una estafa perversa y el voto popular está por encima de la ley- y la versión disparatada de la historia de España de los nacionalistas.
Así lo prueban los acuerdos alcanzados para hacer posible su reelección, que amenazan, como ha venido advirtiendo este periódico en las últimas semanas, el Estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad de los españoles ante la ley, y que prefiguran la articulación de un Estado confederal en el que primarán las relaciones de ventaja de unas regiones sobre otras. Ninguno de estos cambios, hay que insistir en ello, fueron ni conocidos ni votados por los españoles en las elecciones del pasado 23 de julio.
Mucho menos aún la inminente aprobación, con carácter urgente, de la ley de amnistía a los delitos cometidos por los independentistas catalanes en los últimos 12 años, pactada en el extranjero por el PSOE con un prófugo de la justicia líder de un partido catalán minoritario. Una ley que, aparte de humillar al pueblo español asumiendo un relato falso, rompe el consenso constitucional, conduce al choque entre instituciones –Gobierno central contra comunidades autónomas, Parlamento contra jueces, Tribunal Supremo contra Constitucional, Congreso contra Senado-, desarma al Estado frente a futuras intentonas separatistas y genera un clima de discordia civil del que ya hemos sido testigos estos días.
Las democracias están siendo sometidas a múltiples amenazas en todo el mundo y, como se ha visto en experiencias recientes, su deterioro no siempre llega como consecuencia de un golpe abrupto, sino a veces a través de un proceso paulatino de degradación institucional y pérdida de libertades que acaba convirtiendo los países en democracias aparentes con un fuerte componente autoritario. Por eso resulta especialmente inquietante que quienes tienen la responsabilidad de gobernar a menudo demuestren con sus actos no creer ni en los valores ni en los principios de una democracia liberal. España no puede ser el proyecto personal de un solo hombre.
La Constitución, de la que próximamente se cumplirá su 45 aniversario, no fue un pacto del olvido como repiten desde hace una década ignorantes y oportunistas, sino un símbolo de reconciliación nacional con el que los españoles sellaron una alianza por la libertad después de siglos de guerras civiles y fracasos, y que ha permitido que nuestro país conozca el mayor periodo de prosperidad y bienestar de su historia. El Estado de derecho, la separación de poderes y las libertades, todos ellos pilares esenciales de la democracia, son irrenunciables. Y en su defensa firme y comprometida se encontrará siempre THE OBJECTIVE.
