La oportunidad de las reformas

Una de las dolorosas lecciones de la crisis de la Covid-19 ha sido que allí donde la sociedad está más polarizada, los datos de mortalidad han sido peores. La estadística la encabeza Estados Unidos, donde el abismo existente entre los republicanos trumpistas y  la izquierda iliberal dentro del partido demócrata, como la ha definido The Economist,  ha puesto contra las cuerdas no sólo el funcionamiento de sus instituciones si no también la esencia misma de su democracia. En España, la división entre los dos bloques de izquierda y derecha, agudizada por las tensiones nacionalistas, dificultó la toma de decisiones y puso en evidencia la fragilidad de nuestras instituciones. El resultado es que hoy se sitúa entre los países desarrollados con la cifra más alta de fallecidos en proporción a su población. Por encima de países de nuestro entorno como Italia o Francia.

Pero estamos en una nueva fase. La de la recuperación. Aunque no exenta de riesgos: la subida imparable de la inflación por el encarecimiento de la energía, los alimentos y la falta de oferta de algunos productos por culpa del desabastecimiento de sus componentes debido a los cuellos de botella en los países emergentes. Una evolución que puede trasladarse a los salarios y que convertiría la inflación en estructural y ya no transitoria. Este escenario aumenta la presión sobre los bancos centrales para reducir sus estímulos al crédito, tanto las inyecciones de liquidez como los tipos de interés hoy en tasas negativas. La restricción de la política monetaria no sólo podría frenar el crecimiento antes de tiempo, si no que encarecería la financiación hasta ahora en tasas negativas de la deuda que ha permitido por ejemplo a España financiar su déficit sin aumentar apenas la factura del servicio de la deuda. Y eso que esta ha aumentado en 25,5 puntos del PIB, el incremento más grande de la UE después de Grecia.

Lo cierto es que aunque las incertidumbres sean muchas, la nueva etapa que se abre, con la llegada de los fondos Next Generation UE en el caso europeo o el colosal aumento del gasto público en EEUU que han de tomar el relevo a los estímulos monetarios para apuntalar la recuperación, brinda una oportunidad única para modernizar nuestras economías y corregir algunos desequilibrios que se arrastraban antes de la pandemia y que esta ha puesto aun más en evidencia. Pero estos déficit no son sólo de índole económica, si no también de gobernanza y de funcionamiento de las instituciones. Y si la incapacidad de pactar entre los dos grandes bloques sigue siendo nula, basta ver las reacciones al proyecto de presupuestos para 2022 aprobado por el Gobierno y el desinterés de este por acordar nada con la oposición, es de prever que muchas de estas necesarias reformas sigan aplazándose sine die.

Con ese triple enfoque, La Fundación Hay Derecho, la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública de la Universidad de Murcia y EsadeEcPol han elaborado un informe en el que analizan las deficiencias del Estado de Derecho, la gobernanza y la economía. Son los Papeles de la Reforma, en el que participan Elisa de la Nuez, Fernando Jiménez S., Carlos Victoria, Germán Teruel y Toni Roldán, cuya lectura recomiendo. Su elaboración ha estado coordinada por la iniciativa ciudadana España Juntos Sumamos, que desde la sociedad civil aspira a promover los acuerdos transversales para romper precisamente esa dinámica de bloques e impulsar cambios en las políticas públicas que permitan modernizar las instituciones y fortalecer el Estado de Derecho y favorezcan la cohesión social y la solidaridad intergeneracional.

Ya sea la siempre postergada reforma de las administraciones públicas, pero ahora más necesaria que nunca: España va a recibir hasta 2027 algo más de 200.000 millones de euros de la UE (140.000 del Next Generation y el resto del presupuesto comunitario) y se sitúa a la cola en la gestión de los fondos estructurales que recibe de Europa (sólo el 43% fueron ejecutados entre 2014-2020). O los problemas que la gestión de la crisis ha revelado sobre la co-gobernanza del Gobierno central con los autonómicos, que hizo aguas por todas partes; o el harakiri del poder legislativo a favor del Ejecutivo que concentró la toma de decisiones sin control parlamentario, o la judicialización de la gestión en la recta final de la pandemia y la desescalada. Por no hablar de la deslealtad constitucional y federal de algunas autonomías, la pésima gestión de los datos, el abuso del decreto-ley para gobernar al margen del Parlamento o la falta de evaluación de las políticas públicas. Problemas estructurales algunos y otros puestos en evidencia por la pandemia que deberían ser corregidos pero que sin embargo y desgraciadamente no están en el debate político.

En el frente económico, el panorama es menos desolador gracias a que la respuesta a la crisis esta vez ha sido solidaria. En lugar de la austeridad que se impuso en 2008-2013, la UE ha apostado por las ayudas sociales (más de 7 millones de personas han recibido algún tipo de apoyo) y los estímulos fiscales para complementar la política ultra laxa de los bancos centrales y salir cuanto antes del colapso económico provocado por la pandemia. Y lo deseable es que estos fondos fueran aprovechados para promover las reformas pendientes: educación, pensiones y mercado laboral. Pero nada apunta en esa dirección.

No hay un plan para frenar el fracaso escolar que desemboca en el abandono de los estudios: uno de cada cinco jóvenes no ha terminado la ESO, la tasa más elevada de toda la UE. Una Ley de Educación tras otra, según se alterna el color de los Gobiernos no ha conseguido revertir esta tendencia. En este sentido, programas pioneros como el de Menttores de Toni Roldán podrían servir para inspirar futuras políticas públicas. Tampoco se ha conseguido llegar a un acuerdo que garantice la sostenibilidad de las pensiones sin romper el pacto intergeneracional (y el envejecimiento de la población acabará haciéndolo si no se toman medidas). La recién aprobada reforma deja de hecho de lado el factor de la sostenibilidad. Ni tampoco en la mesa de diálogo de los agentes sociales se está debatiendo una reforma que corrija la dualidad y el exceso de temporalidad del mercado laboral y que afecta sobre todo a los jóvenes. Y por último, el insolidario crecimiento de la deuda, cuyo pago detraerá recursos para otras partidas de los presupuestos.

El Gobierno de coalición PSOE-UP saca pecho con la partida que destinará a los jóvenes en el presupuesto del año que viene. Ayudas a la vivienda, un bono cultural, un aumento de las becas… Pero sobre cuestiones tan fundamentales como su acceso al mercado laboral o evitarles que la pensión media que hoy pagan tres cotizantes la tengan que pagar uno y medio de ellos en 2050, no hay nada.

Durante la pandemia, justo cuando más se necesitaba el consenso político más se ha agudizado la polarización. Y a la vista de los broncas sesiones parlamentarias, poco parecen haber cambiado las cosas en este frente. La actuación de la clase política española contrasta con la disciplina y la responsabilidad que la mayoría de los ciudadanos ha demostrado tanto durante los confinamientos como en su participación en la campaña de vacunación. Esa brecha debería invitar al optimismo. Pero, ¿cómo conseguir que los políticos estén a la altura de la sociedad?