De la corrupción al enfrentamiento civil
La corrupción política se ha revelado como el peor enemigo de la democracia moderna. Porque corroe a la misma por dentro, pervierte toda la conducta de la administración del Estado y de las fuerzas responsables de defender a la sociedad. Porque lleva a la violación sistemática de las leyes por parte de muchos encargados de vigilar su cumplimiento. Pero también y muy fundamentalmente porque deslegitima al Estado en su autodefensa contra enemigos de la democracia y libertad. No solo debilita a las fuerzas de defensa del Estado por la infiltración de la delincuencia común y política que la corrupción promueve. Deja además al Estado y sus representantes bajo permanente sospecha y sin el apoyo de la sociedad en la lucha contra la delincuencia y lo proyectos totalitarios antidemocráticos. Por eso la falta de reacción de los principales partidos políticos españoles (PP, PSOE, CDC…) contra la corrupción en las pasadas décadas es una causa capital del surgimiento de alternativas totalitarias en España, al margen de las separatistas nacionalistas siempre habidas. Y por eso es tan grave la responsabilidad de Mariano Rajoy y su gobierno en estos pasados cuatro años en los que siempre ha ido a remolque de los acontecimientos policiales y judiciales. Sistemáticamente ha menospreciado la reacción social ante los escándalos de corrupción. Sistemáticamente ha trivializado los abrumadores indicios de tramas inmensas de corrupción, véase Valencia. Y ha perseguido y marginado mucho más cualquier diferencia política y cuestionamiento de su autoridad que las sospechas de corrupción. Su soberbia en el trato de algunos casos y especialmente en el de su amigo Luis Bárcenas, cuando tras su mensaje solidario con el detenido debió sin duda dimitir, han sido determinantes para un desprestigio general del Partido Popular.
La corrupción política se ha revelado como el peor enemigo de la democracia moderna. Porque corroe a la misma por dentro, pervierte toda la conducta de la administración del Estado y de las fuerzas responsables de defender a la sociedad. Porque lleva a la violación sistemática de las leyes por parte de muchos encargados de vigilar su cumplimiento. Pero también y muy fundamentalmente porque deslegitima al Estado en su autodefensa contra enemigos de la democracia y libertad. No solo debilita a las fuerzas de defensa del Estado por la infiltración de la delincuencia común y política que la corrupción promueve. Deja además al Estado y sus representantes bajo permanente sospecha y sin el apoyo de la sociedad en la lucha contra la delincuencia y lo proyectos totalitarios antidemocráticos. Por eso la falta de reacción de los principales partidos políticos españoles (PP, PSOE, CDC…) contra la corrupción en las pasadas décadas es una causa capital del surgimiento de alternativas totalitarias en España, al margen de las separatistas nacionalistas siempre habidas. Y por eso es tan grave la responsabilidad de Mariano Rajoy y su gobierno en estos pasados cuatro años en los que siempre ha ido a remolque de los acontecimientos policiales y judiciales. Sistemáticamente ha menospreciado la reacción social ante los escándalos de corrupción. Sistemáticamente ha trivializado los abrumadores indicios de tramas inmensas de corrupción, véase Valencia. Y ha perseguido y marginado mucho más cualquier diferencia política y cuestionamiento de su autoridad que las sospechas de corrupción. Su soberbia en el trato de algunos casos y especialmente en el de su amigo Luis Bárcenas, cuando tras su mensaje solidario con el detenido debió sin duda dimitir, han sido determinantes para un desprestigio general del Partido Popular.
