Venezuela. Una constitución mutante

Las constituciones también envejecen. Pueden envejecer bien, y seguir gozando de buena salud, a pesar de los años, o, ir transformándose en una imagen vaga de lo que fueron, dejando de responder al espíritu y los valores para los que fueron creados. Este fenómeno, que los constitucionalistas denominan mutación constitucional, y que en España fue tratado en profundidad por Pedro de Vega, provoca que la literalidad de la Constitución deje de resultar relevante y se asuman comportamientos que vulneran claramente el texto constitucional.

Algo así viene pasando desde hace años en Venezuela. La Constitución aprobada en 1999 se ha ido devaluando condenando al olvido esa «sociedad democrática, participativa y protágonica, multiétnica y pluricultural” que proclama. Este proceso, del que dimos cuenta en un texto más extenso publicado hace 10 años (http://www.ilustracionliberal.com/29/venezuela-la-pesadilla-revolucionaria-y-el-camino-hacia-el-totalitarismo-rafael-rubio.html) ha ido cobrándose piezas hasta convertir la división de poderes en una mera declaración formal, desmontándo el poder legislativo (primero reformando más de ocho veces el reglamento de la Cámara y después gobernando a través de decretos presidenciales) y la justicia (con la designación directa de la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo, gracias a la reforma de la LOTSJ de 2004). En este proceso el Consejo Nacional Electoral, que según la Constitución debía ser nombrado con el voto de dos terceras partes de la Asamblea Nacional, fue nombrado por el renovado Tribunal Supremo de Justicia, sustituyendo a la primera ocasión los magistrados existentes por magistrados «afines a la Revolución».

Y es este Consejo Nacional Electoral el que, desde hace ya un mes, está pendiente de permitir la tramitación de un referéndum revocatorio, algo establecido en el artículo 72 de la Constitución como uno de los pilares del control del poder ejecutivo. La oposición ha recogido en un tiempo récord, tres días, 1,3 millones de firmas, según los procesos de verificación del propio gobierno, que se han tomado 41 días para realizar esta labor. El número de firmas aceptado, que deja fuera a más de 600.000 venezolanos firmantes, multiplica por 6 el 1% establecido por la norma. El CNE ha mostrado su voluntad inequívoca de demorar el proceso; los retrasos, silencios y obstáculos establecidos por su presidenta, Tibisay Lucena, han hecho imposible hasta la fecha pasar a la siguiente fase, aumentando paralelamente el nivel de violencia y de amenazas contra sus promotores y firmantes, con agresiones físicas como la sufrida recientemente por Julio Borges uno de los líderes de la oposición.

Parece el 20 de junio, se iniciará finalmente la segunda fase, que obliga a los firmantes validados a poner su dedo en los temidos captahuellas electrónicos, pero lo sucedido hasta el momento ha demostrado como una institución clave para el funcionamiento de la democracia, se ha convertido en una mera correa de transmisión de la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro, veremos hasta cuándo puede seguir forzando la Constitución y su espíritu, me temo que todavía nos espera alguna sorpresa.