El dogma y el aborto

En noviembre de 2011, Amanda Pellet supo que el feto que llevaba tenía defectos congénitos tan graves que moriría en el útero o poco después de nacer. La prohibición del aborto en Irlanda la obligaba a elegir entre seguir con el embarazo o interrumpirlo en otro país. Un comité de expertos de la ONU ha declarado que la prohibición violaba los derechos humanos.

En 2013, después de la muerte por septicemia de una mujer a quien los médicos no quisieron operar tras un aborto espontáneo, la ley reconoció la protección de la vida de la madre. Sigue sin permitir la interrupción del embarazo en casos de incesto, de violación, anomalías fetales o cuando no hay posibilidad de supervivencia para el feto. Aunque los médicos pueden dar información sobre el aborto, se enfrentan a sanciones si se considera que lo aconsejan. 3.400 irlandesas viajaron en 2015 a Inglaterra y Gales para interrumpir su embarazo.

Hace unas semanas, un estudio publicado en The Lancet mostraba que desde 1990 la tasa de abortos había caído globalmente, desde 40 casos por mil mujeres de entre 15 y 44 años en 1990 a 35 en 2014. El descenso en los países desarrollados era muy superior: de 46 a 27. El acceso a la planificación familiar y los anticonceptivos había permitido un notable descenso en Europa del Este.

Leyes menos permisivas, sostenía el estudio, no reducen el número de abortos, pero aumentan los riesgos de que la intervención se realice en malas condiciones y de que se produzcan complicaciones. América Latina, que tiene leyes restrictivas, presentaba las tasas más altas. 69 de cada 1000 mujeres de entre 15 y 19 años parieron en 2012, contaba el semanario The Economist, que alertaba de la “cruel intersección” de abuso de menores y embarazos adolescentes: hace unos meses una chica de 11 años tuvo que dar a luz al hijo de su padrastro en Paraguay, donde el aborto está prohibido salvo en caso de amenaza a la vida de la madre.

Aunque no son las únicas, la Iglesia católica y sus herencias obstaculizan en muchos países el acceso a métodos anticonceptivos y a la planificación familiar, e impulsan la resistencia contra un marco legal para el aborto. Esa postura niega la autonomía de los ciudadanos, cercena la libertad de las mujeres, y produce sufrimiento físico y mental. Se opone a la evidencia: desde la que muestra la importancia del control de la capacidad reproductiva para el desarrollo económico de un país hasta los riesgos para la salud. Al elemento de hipocresía se le suma el cinismo: esas restricciones, más preocupadas por proteger un dogma que por ayudar a alguien que está en apuros, perjudican sobre todo a las personas más pobres y con menos recursos.