Autócratas de nosotros mismos

En 1981 la escritora americana Barbara Tuchmann publicó un libro donde examinaba una serie de episodios históricos en que gobiernos de todas las épocas habían tomado decisiones contra los propios intereses de sus respectivos países. A Tuchmann no le bastaba con que la decisión hubiera sido errónea: interesaban los casos en que el curso equivocado se hubiera adoptado en presencia de alternativas razonables y a despecho de advertencias e indicios de los que se podía inferir el desastre. El libro se llamó La marcha de la locura y presenta un interesante fresco de la insensatez en el gobierno de las sociedades humanas: ahí están desde los troyanos aceptando fraudulentas ofrendas de los griegos, hasta Estados Unidos, porfiando en una guerra tan insensata como la de Vietnam.

Es tentador pensar que si Tuchmann viviera, correría a añadir el episodio del Brexit a su tratado. Por más que quiera uno aproximarse con respeto a las razones que han llevado a un 51 por 100 de británicos a querer salir de la Unión Europea, la evaluación objetiva del daño causado invita a la perplejidad: todos los escenarios posibles prevén un frenazo a la actividad económica; la ciudadanía británica pierde su derecho a vivir y trabajar sin trabas en 27 Estados europeos; la unidad del Reino pende de un hilo y aun en la propia Inglaterra se ha desatado una acerba confrontación que amenaza con reventar coloquios familiares y reuniones de amigos durante décadas. ¿Qué contrapartidas pesan en el otro platillo de la balanza? Apenas unas tenues promesas sobre la mejora de los servicios sociales, que los paladines de la salida no osan ya mantener, y la satisfacción pasajera que produce pronunciar palabras tan altas como, por lo general, vanas: libertad, soberanía o  independencia.

Pero para que Tuchmann considerara al Brexit un episodio digno de figurar en La marcha de la locura, habría de superar un escrúpulo: nuestra reticencia a admitir abiertamente que el pueblo puede equivocarse. Brexit nos recuerda que no hay nada en la regla de la mayoría que asegure la inteligencia de la decisión, y que se puede, por lo mismo, “votar mal”. Porque negar que se pueda votar mal implicaría que tampoco se puede “votar bien”; que no hay criterio posible para evaluar decisiones. Pero si admitimos que en nuestra vida privada podemos tomar decisiones individuales equivocadas, y sabemos reconocerlas por los efectos adversos que generan, no debería haber demasiado problema en admitir que lo mismo ocurre en el plano colectivo. Al hacerlo, no cancelamos nuestras convicciones democráticas, puesto que la democracia se reduce al cabo a sostener una creencia simple y básica: que todos los miembros de la comunidad son ciudadanos; que todos gozan de iguales derechos y deberes, y que no hay, en nuestra ciudad, situaciones de subalternidad sancionada por la ley. Cuestionar que la mayoría acierte siempre, y protegerse ante tal eventualidad –mediante pólizas de seguro en forma de mecanismos parlamentarios y separación de poderes– no altera el núcleo de esa creencia. 

Sucede, sin embargo, conviene recordarlo, que el democrático es, de todos los gobiernos, el que menos debiera tender al error; al menos, al error catastrófico. Al dispersar el poder decisorio y exigir el concurso de voluntades, la democracia toma precauciones ausentes en el régimen monárquico u oligárquico, mucho más expuestos a los ímpetus irreflexivos de sus gobernantes. Curiosamente, es cuando el pueblo no quiere serlo, y prefiere, en el trance plebiscitario, alzarse orgullosamente como un monarca, hablar “como si fuera un único hombre”, y emitir, de un solo trazo, grueso e irreversible, elukase de su voluntad, que las posibilidades de error se ensanchan. El ideal deliberativo que late en la democracia se pierde y el votante, poseído por su humor o mal aconsejado, exactamente igual que un rey o emperador en su peor momento, se transfigura momentáneamente en autócrata de sí mismo.