Monstruos debajo de la cama

La noticia de que el parlamento regional de Valonia ha bloqueado la ratificación del CETA, el ambicioso acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá, tiene una trascendencia que no debe pasarse por alto. Esperemos que tenga arreglo y no se malbaraten esfuerzos negociadores de siete años. Porque el colapso de esta iniciativa –si la UE no es capaz de firmar un acuerdo con un país tan afín a sus valores como Canadá, difícilmente lo hará con cualquier otro socio– podría suponer para el proyecto europeo un golpe más destructor que el del Brexit. La apertura comercial está en el corazón del proyecto europeo y quién sabe si la tendencia refractaria al libre cambio mundial no acabará provocando también una sístole interna dentro del mercado común. Ya lo está haciendo en el caso de la libre circulación de personas.

Lo cierto es que durante los siete años de negociación del CETA, cualquiera que tuviera interés ha podido enterarse de la marcha del acuerdo. La sociedad civil fue frecuentemente consultada por ambos equipos negociadores. Durante un tiempo, Canadá parecía la parte reacia. Es poco conocido que se trata de un país con una fuerte veta proteccionista, que sólo a regañadientes se integró en 1994 el NAFTA, el área de libre cambio que mantiene con Estados Unidos y México. Porque, si bien una de las pocas cosas en las que suelen estar de acuerdo los economistas es que la práctica del comercio internacional trae beneficios globales a todas las partes que participan, lo cierto es que a corto plazo puede haber perjudicados. Por eso viene bien que los ciudadanos muestren sus dudas y prevenciones ante la actividad de sus representantes. Una opinión pública informada y vigilante fortalece la democracia, al obligar a los gobiernos a actuar con transparencia y tener en cuenta los intereses de todos los sectores concernidos. Desde luego, nadie se está inventado las dificultades de la clase trabajadora europea en plena fase de destrucción creativa por parte del capitalismo postindustrial.

Pero cuando la prevención se convierte en desconfianza permanente, y la discusión racional de las opciones a nuestro alcance cede paso a las teorías conspirativas, se destruye el necesario vínculo entre representante y representado. Se dice que esta crisis de la representatividad se combate con más transparencia y rendición de cuentas. ¿Pero qué ocurre cuando los ciudadanos no desean estar informados? O por mejor decir, cuando no quieren que sea la información contrastada la que guíe su voto y opinión. Tanto Canadá como la Comisión Europea han publicado sendos informes (aquí y aquí) que desmienten con suave rotundidad las acusaciones dirigidas al CETA. Podríamos pensar que los funcionarios que redactan estos tranquilizadores desmentidos son mentirosos desaprensivos. Pero también podemos sospechar que la existencia de un gran villano del que colgar nuestros males nos resulta demasiada atractiva como para permitir que los hechos la refuten. En la era de la política de la post-verdad, no hay una respuesta clara ante lo que se debe hacer cuando uno de los agentes convocados a la decisión (sea la sociedad en referéndum o, en este caso, un parlamento regional) sencillamente se niega a aceptar que no hay un monstruo debajo de la cama. El disenso y la posibilidad de rebatir verdades oficiales es a no dudar uno de los sostenes de nuestro modo de vida pluralista, pero negro futuro tendrá una democracia que no sepa hacer hueco a los humildes hechos.