El manto de la ley

La justicia, cadenciosa e inexorable, enfrenta a Artur Mas y dos consejeras de la Generalidad de Cataluña ante el conflicto que tienen sus acciones con la ley. La Fiscalía de Cataluña entiende que han incurrido en los delitos de prevaricación y desobediencia grave; es decir: dictar resoluciones injustas a sabiendas y actuar en contra de las decisiones legales de la autoridad, cuando convocaron la consulta de secesión del 9N. Los delincuentes han hecho mención tantas veces a la dignidad de sus acciones y el orgullo con que las realizaban que resultaría chocante que no aceptasen con el mismo orgullo una sentencia condenatoria.

Esta situación debe de satisfacer al gobierno, que responde al desafío secesionista apelando a la ley como su último valladar. Esto es un grave error, por varios motivos. El primero es que la concepción de la ley que ha prevalecido es positivista y muy arbitraria, y se le concede legitimidad sólo por el origen de la misma, que ha de ser democrático. La democracia, entendida como fuerza bruta de la mayoría, lo legitima todo. La ley, así entendida, podía haberse cambiado con un gobierno nacional-podemita presidido por Sánchez a fuer de referéndum, esa democracia pura y rápida tan de Franco y de Podemos.

Pero es que el desafío es mayor, porque niega el demos español. No es ya que la ley sea un castillo de arena, sino que se erige sobre una fuente, España, a la que se le niega su validez histórica, e incluso su propio nombre. Se refieren a ella como ‘Estado’, como si fuera una construcción, un acuerdo político que se pudiera deshacer en cualquier momento.

Ante el secesionismo la respuesta no puede ser, en última instancia, el manto de la ley. Hay que dejar ver lo que cubre ese manto: que el último ratio de la ley positiva es la violencia; así es el Estado. Y que no hay más soberano que el pueblo español.