Nostalgia de un caudillo
En vísperas del golpe de Primo de Rivera, hablamos del 9 de febrero de 1922 y de una España sumida en una aterradora crisis política -hablar de la crisis de la política en España es algo tan recurrente como hablar de la crisis del teatro, que ya se empezaba a atisbar cuando estrenaba Esquilo-, Julio Camba pone a prueba su retranca en un artículo dedicado a la suspensión de las garantías constitucionales.
En vísperas del golpe de Primo de Rivera, hablamos del 9 de febrero de 1922 y de una España sumida en una aterradora crisis política -hablar de la crisis de la política en España es algo tan recurrente como hablar de la crisis del teatro, que ya se empezaba a atisbar cuando estrenaba Esquilo-, Julio Camba pone a prueba su retranca en un artículo dedicado a la suspensión de las garantías constitucionales.
El segundo mejor escritor que ha dado Villanueva de Arosa escribió que “la gente se entera de que sus garantías están en suspenso cuando oye hablar de que se le van a restablecer. Hasta entonces nadie se acuerda de que las tiene hipotecadas, porque nadie tampoco las echa de menos”.
¿Quiere usted decirme para qué necesito yo las garantías?, le respondían al periodista cuando se interesaba por la salud democrática de la -es un decir- ciudadanía.
Ha pasado casi un siglo desde que se publicara aquel artículo en El Sol y los españoles hemos cambiado mucho desde entonces. Particularmente nuestra concepción de la democracia. Hemos pasado de ignorar la suspensión de las garantías a celebrarla. No ya en la intimidad, que allá cada cual con sus servidumbres voluntarias, sino con impudicia. Con estruendo, vamos, a cuatro columnas, que es como se expresa la estridencia en los periódicos.
Supongo que ya habrá alguien ocupándose de recopilar todas las veces en las que desde hace una década los periódicos han alojado en su portada los sintagmas “La UCO investiga”, “La Guardia Civil señala”, “Un informe de la UDEF asegura”.
Arcadi Espada y Enrique Gimbernat mantienen estos días el debate crucial sobre la responsabilidad del periodismo en la vulneración de facto de la presunción de inocencia. Yo tengo una opinión sobre ello pero las suyas son mucho más interesantes y merece la pena que usted, lector, le dedique su escaso tiempo a ellas.
Lo que es indudable es que cada vez que un servidor público decide violar el secreto de un sumario -es decir, violar las garantías de un investigado- para jugar a la política en los medios está corrompiendo el sistema. Y cuando nosotros, peones ignorantes de nuestra condición, lo aplaudimos, clamamos por una suspensión de las garantías. Aunque hoy nos parezca imposible, hay cosas peores que robar.
Conceder a las fuerzas de seguridad la autoridad que corresponde a un juez es nostalgia del caudillaje. Es el oscuro deseo de que un paladín se erija por encima de la trama de legitimidades que teje la democracia para que sacie nuestra sed de revancha.