La CUP y la radicalización del procés

En las últimas semanas no han faltado hazañas protagonizadas por la última fuerza representada en el parlamento autonómico catalán, la CUP. Su mayor o menor recorrido mediático no es óbice, sin embargo, para que la fotografía conjunta de todas esas iniciativas permita al lector hacerse una idea bastante precisa de lo que persiguen los integrantes de la -¿formación?-.

Despidieron el curso escolar con una pegada de carteles con el rostro del caudillo que perseguía tildar de franquista a todos aquellos catalanes que se niegan a participar en la votación ilegal que teje de espaldas a la ciudadanía el gobierno catalán. La misma semana, en el parlamento, se negaron a condenar la tiranía de Maduro en Venezuela. Huelga la mención a los violentos ataques contra el turismo en la capital catalana que han marcado la primera quincena del mes. 
La guindilla: su cartel escoba. Son famosas sus reminiscencias leninistas pero lo son algo menos el uso que de la misma técnica hizo el fascismo español en los años 30, y más recientemente, la extrema derecha de la UKIP en Reino Unido. Al cabo, ¿no supone barrer todo aquello que no le gusta a uno la no aceptación de las razones del otro? ¿Y no es esa, en todo caso, una posible definición del fascismo?

Y ante la gravedad de estos hechos, hay quien se atreve a sugerir que estos episodios no son más que menudencias veraniegas que buscan acalorar las calurosoas sobremesas. Alegan, ellos, que se sobredimensiona en el debate público todo lo que tiene que ver con la CUP. Añaden que la finalidad única es, claro, dañar el ‘procés’ mediante los ataques al socio principal del gobierno desleal del convergente Puigdemont.

Algunas de esas críticas han hecho que me pregunte si es intelectualmente honesta esa asociación. Y lo cierto es que desbaratar la deriva separatista por los actos violentos y de insurrección de la minoritaria CUP es lo más justo que se puede hacer. Porque la lógica es la misma: a la CUP le parece antidemocrático tener que pagar los daños causados por el asalto violento a un autobús en la vía pública y a Puigdemont le parece antidemocrática la Constitución española. Por eso unos anuncian que no afrontarán para la multa y otros proclaman que desobedecerán al TC.

¿Cómo va a exigir Puigdemont, que ha reiterado que desoirá a los tribunales españoles, que los antisistema paguen una multa? Jugar con el desprecio a la ley y convertirlo en la única meta política de la acción de un gobierno tiene consecuencias como esta, la legitimación para que cada cual decida a su antojo qué parte del ordenamiento jurídico quiere aplicar. ¿Por qué habría de ser más tolerable desobedecer al TC que dejar de pagar una multa?

Por si fuera poco, es evidente que la lógica contraria a la legalidad del ‘procés’ cada vez concita menos apoyos. De hecho, sólo está el de la formación antisistema y contraria a la propiedad privada. Reprochar las subidas de tono de la CUP al gobierno catalán, entregado a la independencia, lejos de ser una incorrección es de lo más preciso: que expliquen Puigdemont y Junqueras por qué siguen comprando gustosos el favor de sus socios y que rindan cuentas por ellos, que nadie sino los moradores de la Generalitat decidieron auparlos al centro del debate público catalán.