Tocar de oído

Hablamos mucho del obstáculo que, para el gobierno democrático de las sociedades contemporáneas, representa su complejidad. ¡Y con razón! Pero la crisis catalana nos demuestra que incluso los aspectos más sencillos de la organización política democrática constituyen una fuente inagotable de confusión ciudadana. Lo que de paso nos recuerda qué difícil es construir sociedades bien ordenadas y capaces de perseguir de manera justa la realización de principios básicos como la igualdad o la libertad. Aunque damos por supuesto el relativo bienestar del que disfrutamos, bien haríamos en recordar cada mañana qué frágiles son los acuerdos básicos de los que depende su continuidad.

Según parece, el ejercicio de la ciudadanía -no digamos del famoso «pensamiento crítico» en sus expresiones más cotidianas- consiste a menudo en tocar de oído. Lo vimos la pasada semana con el encarcelamiento preventivo de la cúpula soberanista, justificado en un auto judicial al que con la ley y los hechos en la mano no pueden hacerse demasiados reproches. División de poderes, imperio de la ley, actuación judicial: no es precisamente un rompecabezas de cien mil piezas. Pero incluso esos elementales mecanismos institucionales, concebidos ya en lo esencial por John Locke en el siglo XVII, son objeto de frecuentes malentendidos.

Son así muchos los ciudadanos que dicen sentir vergüenza por la democracia española al ver a unos políticos electos entrar en prisión, piensan que el Gobierno ha dado órdenes a la jueza, entienden que el encarcelamiento responde a delitos de opinión, ejercen de juristas a tiempo parcial o creen ver la sombra del franquismo al pie de cada farola. No me refiero a la reacción del independentismo; ni siquiera a la de quienes desde la izquierda populista juegan estas semanas al «fin de régimen» echando mano de un tremendismo mendaz. No, abundan los ciudadanos que opinan de manera bienintencionada y sin embargo poseen un conocimiento muy superficial de los asuntos en juego; algo que se pone de manifiesto en cuanto se inicia una conversación al respecto. Es lógico: trabajar cansa.

También habría que suponerle buena intención los académicos extranjeros -muchos de ellos acreditados desde hace años en la más acerada crítica del capitalismo liberal- que han enviado una carta a la Comisión Europea tras conocerse el auto de la juez Lamela. Demandan algo singular: que se cumpla el imperio de la ley en Europa. O sea: que se suspenda la vigencia de las leyes españolas cuya aplicación les parece inaceptable a la luz de los hechos. Claro que su interpretación de los hechos es más que dudosa. Mis colegas, por ejemplo, consideran que el acoso multitudinario a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, prolongado durante al menos 14 horas, no fue más que un ejercicio pacífico de la libertad de expresión. «Esos hechos nunca pueden constituir un delito de sedición», añaden, sin que parezcan haber leído el artículo 544 de nuestro Código Penal. El síndrome del abajofirmante se combina aquí con el orientalismo más perezoso. Jon Lee Anderson como paradigma: Francoland como entretenimiento.

Nada de esto es sorprendente. Nuestros juicios dependen de nuestro conocimiento. A menor conocimiento -de hechos, conceptos, instituciones, leyes-, más pobreza de juicio. O más dependiente este último de una impresión superficial de los acontecimientos. En fin de cuentas, la democracia liberal es un régimen afectivo de opinión limitado por las leyes, cuya esfera pública somete cotidianamente la complejidad a un inevitable ejercicio de simplificación. Y donde, como descubrimos con melancolía en estos momentos críticos, lo más simple puede resultar también demasiado complejo.