El precio de salvar a España

En su célebre Derecho natural e historia, Leo Strauss reflexionó sobre las normas de justicia que deberían guiar el ejercicio de la política. En una ocasión concreta, lo hizo leyendo a Aristóteles y pensando en esas normas morales que van dirigidas al sostenimiento del bien común. En el transcurso de aquella reflexión, ese gran lector del siglo XX comentó la posibilidad de que el bien común implicase, en primer lugar y como lo más fundamental, la mera existencia, supervivencia e independencia de la comunidad política. Así, en situaciones extremas podría ser que las demandas de supervivencia entraran en conflicto con los principios de justicia aplicados en situaciones normales. Sin ir más lejos, incluso la más decente de las sociedades podría tener que recurrir a una violación de los principios de justicia si sus enemigos le obligaran a ello: el espionaje —que supone la vulneración de ciertas normas de justicia habitualmente respetadas— era un ejemplo. Había más, puesto que los enemigos no aparecen únicamente en el exterior de una comunidad política… pero llegados a este punto, Strauss prefirió dejar “estas tristes exigencias cubiertas con el velo con el que son justamente cubiertas”.

Alguien podría sospechar que son estas tristes exigencias de lo político las que se han puesto en marcha en los últimos tiempos en este país. Cuando se observa una comunidad política luchando por su supervivencia, incluso el más optimista de los ilustrados debería preguntarse, con Maquiavelo, si no será verdad que toda comunidad política descansa, en última instancia, en la inmoralidad. En la búsqueda de una respuesta, quizás sirva recordar la revolución de otoño de los independentistas –constituidos en un solo pueblo– en contra de la legalidad española y en detrimento de los derechos de la minoría no soberanista del Parlament.

Es mucho más eficaz, sin embargo, volver la mirada hacia la dura reacción del Estado español al desafío soberanista. Primero, recordando las desproporcionadas cargas policiales sobre una ciudadanía que votaba en un referéndum del que el gobierno había dicho una y otra vez que no tenía ninguna garantía. Segundo, observando los argumentos de un juez español para mantener en prisión provisional a políticos que han eliminado tanta posibilidad de reiteración delictiva como les es posible y que, sin embargo, siguen encerrados bajo un pretexto tan disparatado como la conjunción entre sus ideas y el contexto político existente. Tercero, analizando las recientes detenciones de los principales dirigentes soberanistas, acusados de un delito de rebelión que requiere, según el artículo 472 del código penal, que los reos se “alzaren violenta y públicamente” para, entre otras cosas, “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Estas detenciones se basan en un relato sobre la violencia extremadamente dudoso. La tremenda ingenuidad progresista de unos y el legalismo sin prudencia de otros nos ha llevado de vuelta y bruscamente –por enésima vez en la historia de la España contemporánea– a los fundamentos de nuestra existencia política. Y cuando se llega tan abajo, uno solo contempla cosas desagradables.

Ante este escenario, tal vez sea pertinente recordar que las soluciones que fuerzan los límites morales de lo habitualmente respetado son limitadas. Especialmente en la época de la transparencia y de la comunicación masiva, la continua vulneración de la moral normal puede salvar a España, ciertamente, pero a un precio demasiado alto. Y es que el continuo conflicto con una parte significativa de su comunidad política podría acabar mostrando, en exceso, las tristezas que deben ser justamente cubiertas, poniendo a prueba la fidelidad de otras partes de la comunidad. Incluso el cruel Maquiavelo advertía de los excesos de la crueldad.

Teniendo presente un daño tan grave como el que se ha vivido en los últimos tiempos, hay dos opciones especialmente significativas: apostar por un reconocimiento de Catalunya que vaya indisociablemente unido al compromiso de constituir un proyecto común, o insistir en la dicotomía amigo-enemigo. Se ha dicho que la primera opción pasaría por proteger legalmente la unión con el reconocimiento de la particularidad lingüística y cultural de Catalunya, así como reconocer sus esfuerzos económicos para con el conjunto de España con un tratamiento económico acorde con dichos esfuerzos. La segunda opción es la del sometimiento a rajatabla –que es también la de la resistencia. Ante la realidad compleja de lo que es Catalunya, la única opción que parece resultar en estabilidad, concordia y progreso a largo plazo es la primera. Sin embargo, la situación más bien parece indicar que habrá tristeza política para rato. Lo interesante sería saber cuánta tristeza política somos capaces de soportar.