Mobiliario urbano

Cuando, la noche del pasado viernes, ocho ciudadanos fueron identificados por la policía autonómica catalana en el municipio, el alcalde de l’Ametlla de Mar tuvo a bien difundir la hazaña de los agentes a través de un mensaje en la red. Además de airear la identidad de una de las personas retenidas, calificó al conjunto de los integrantes del grupo como “bichos”. La de retransmitir en directo las acciones de la policía que tienen lugar a diario en la localidad que se gobierna no parece una práctica habitual en la rutina de los alcaldes, lo cual no fue óbice para que el señor Jordi Gaseni, ante lo que debió de considerar una actuación policial ejemplarizante, casi saliera a sacar pecho de lo ocurrido en l’Ametlla de Mar.

Todo tiene su explicación. Y en este caso, por aterradora que sea, no deja de ser plausible, habida cuenta de las anunciadas intenciones de Joaquim Torra sobre la instrumentalización de los Mossos d’Esquadra en Cataluña. La acción que motivó que el alcaldísimo señalara, insultara y despreciara públicamente a esas personas, haciendo valer su condición de autoridad y cargo público, no fueron disturbios o gritos que impidieran el descanso vecinal con unos decibelios de más, siquiera una infracción de tráfico: Gaseni sólo se hizo eco del asunto porque un grupo de ciudadanos decidió protestar ante la presencia de simbología separatista que preside una rotonda del municipio. “Pillados”, escribió. Hombre, podemos ser “pillados” atracando una gasolinera, consultando el whatsapp en un semáforo u orinando en la vía pública, pero a los demócratas nos enseñaron a protestar políticamente con el rostro descubierto. Gaseni considera que para discrepar del separatismo hay que andarse con cuidado de no ser cazado. Revisando sus redes, por cierto, he comprobado que es un firme defensor de la existencia de persecución política por parte de las instituciones del Estado español.

Para cubrirse las espaldas, el alcalde justificó sus insultos al grupo de valientes, a quienes también llamó “sucios”, arguyendo que estaban atacando el mobiliario urbano. Desconozco si iba en serio o intentaba reírse de todos nosotros, pero, inclinándome por lo primero, benditas sean todas y cada una de las traiciones del inconsciente que padeció Gaseni -la primera, ya apuntada, la de “pillar” a personas quitando lazos-, por reveladoras. Efectivamente, la condición casi monumental que tiene, por composición y dimensiones, ese lazo amarillo, hace de él un elemento más que el Ayuntamiento, la institución, asume como propio: con sus costes -¿sufragado con dinero público?-, con su debido mantenimiento, y ahora sabemos que con la protección debidamente ordenada por la Generalitat.

La concepción según la cual los lazos amarillos son mobiliario urbano y las acciones orientadas a burlarlos son vandalismo no es distinta a la lógica que lleva a un gobernante a confundir su ideología con la de la institución a la que representa y a sus adversarios políticos con ilegítimos discrepantes cuyas opiniones deben ser censuradas. La ocupación impune del espacio público con símbolos partidistas excede la libertad de expresión cuando, como evidencian las prisas de Gaseni por lanzar ese mensaje incendiario a sus vecinos y, por extensión, al conjunto de los catalanes, deja de tratarse de una reivindicación para convertirse en una herramienta de negación del que no está representado en ese símbolo.

La normalización de ciertos abusos del nacionalismo catalán por parte de actores políticos teóricamente ajenos a él ha generado no pocos falsos consensos -con la lengua, con la televisión pública catalana- según los cuales, en Cataluña, hay cuestiones sobre las que deciden los nacionalistas. El espacio público no debe ser otro más. No es tolerable siquiera el intento de construir una ficción según la cual a todos los ciudadanos de Cataluña les parece apropiado tener sus calles pobladas de lazos amarillos. Por ello, a día de hoy, su retirada no sólo no es delito, como ha señalado la Fiscal General del Estado, sino que esa protesta contra su presencia es necesaria para evitar que los acaben convirtiendo en parte del paisaje, o sea: en verdadero mobiliario urbano.