Gibraltar

Hace años que en el debate público se imponen las visiones favorables a la celebración de referéndums. Los argumentos discurren entre el más básico, que viene a decir que no hay nada más democrático que “dejar que el pueblo vote»,  a otros más sofisticados que ven, por ejemplo, Suiza como una democracia madura donde la aceptación y normalización de esta herramienta por parte de la ciudadanía es un compromiso cívico y activo con su país. Poco importa las peculiaridades del país helvético, como su condición de paraíso fiscal o que recientemente se volviera a votar, en referéndum, a favor de limitar la entrada de inmigrantes de países de la Unión Europea. Una forma muy democrática de los suizos de mantener sus privilegios frente a los ciudadanos europeos.

La victoria del Brexit en el referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea ha servido para matizar un poco esta posición, porque ya se sabe que los referéndums solo gustan si sale el resultado esperado. El municipio tarraconense de Tortosa es un claro ejemplo de ello: las autoridades catalanes enmendaron lo que votaron la mayoría de sus habitantes en una consulta popular, que era conservar un monumento franquista situado en el río Ebro.

Los referéndums, además, han sido tradicionalmente la herramienta favorita de las dictaduras. Ya sea la cubana o la de Franco. Evidentemente, esto no invalida su uso en democracia. Pero este uso debería ser siempre como mecanismo de ratificación de una deliberación previa, no como un pretexto para tumbar el político que lo ha liderado o allanar el terreno al populismo haciendo que la ciudadanía decida sobre temas que desconoce o sin calcular previamente las consecuencias.

Precisamente estos días con Gibraltar se está viendo una de las consecuencias más lamentables del referéndum del Brexit. Y es que se abre el melón a redibujar las fronteras en un continente donde estas mismas fronteras se han cambiado con sangre y muertes. May ha advertido de que protegerá la “soberanía británica” en el Peñón, y España cree, erróneamente, que puede recuperar algo que perdió hace 300 años. Esto no significa que no se puedan revisar las condiciones del acuerdo en un territorio limítrofe y puerta de entrada de la droga, pero las veleidades de cambiar fronteras nacionales deberían quedar al margen. Evitar perder el tiempo en este espectáculo lamentable entre socios europeos cuando las principales amenazas llegan por otros frentes.