Tribunales populares

Una compañera de trabajo relataba hace un par de días algo que le había ocurrido a su sobrino de tres años, en su primer año escolar. Tras cometer una trastada menor -no recuerdo si apropiarse de las pinturas de un compañero o utilizarlas para colorear el pupitre y no el papel, puede que ambas-, al crío no se le interpuso un castigo al uso sino que se le organizó lo que denominan una asamblea en la que profesor y alumnos reflexionan juntos acerca de las dimensiones de la travesura y de las correspondientes consecuencias. No sé cuánto hay de verdad en la anécdota ni cuánto puede haber sido adulterada hasta llegar a mí, pero habida cuenta del furor que causan los tribunales populares -en armonía, además, con el desprestigio a la autoridad-, no sólo parece verosímil sino que ese episodio en un aula hace tiempo que tiene réplicas exactas en el debate público.

Las normas establecidas hace tiempo que gozan de muy mala prensa y las alusiones al cumplimiento de la ley tienen que ir acompañadas de algún pero para hacerlas más amables o empáticas, como gusta decir ahora. Y aunque parece que el año político comienza con el súbito despertar de quienes llevan años practicando ese desdén al normal funcionamiento de una democracia como la española, está por ver si ese repentino fervor por el sistema de valores que ahora -y sólo ahora- algunos temen que se vuelva blanco y negro se corresponde también con el debido respeto a la actuación de los jueces durante este 2019. La actuación judicial se observará con lupa al calor del ‘procés’, es obvio, pero más allá del Juicio, si algo demuestra el año anterior es que las decisiones de los tribunales se han convertido un buffet libre en el cualquiera puede servirse a conveniencia con el único objetivo de cuestionarlas para demostrar lo poco que funciona la Justicia.

Cuando se dictó la presión preventiva para los políticos separatistas, o tras las sentencias condenatorias a cantantes que bromean con muertes de terceros, muchos agoreros vaticinaron el fuerte retroceso que España padecía en derechos civiles. Nada de esto ha quedado acreditado con el reciente ranking de The Economist, que sigue calificando a España como democracia plena, una declaración que sería osada para el partido que nos gobierna, sin ir más lejos. Un PSOE, por cierto, que anda ahora horrorizado porque, tras constatar Sánchez que los 350 diputados son constitucionalistas -incluidos los que se declaran abiertamente contrarios a la Carta Magna y los que han consumado su intento de liquidación-, ha descubierto que hay enterradores vocacionales del 78 a los que sí cabe señalar. Cinismo sanchista al margen, el respeto a la separación de poderes se adivina como una buena prueba de constitucionalismo cuando se ha comprobado que este puede desbordarse por varios flancos a la vez.

El tiempo lo demostrará, pero todas esas apelaciones al pueblo y la constante contraposición de los jueces a la democracia, comunes entre el independentismo y también en el entorno de Podemos, van a verse extendidas con discursos de otro signo pero al cabo, parecidos. De los peligros que entraña dar alas a la reaccionaria justicia popular que tantas caras cándidas tiene a veces, como una asamblea preescolar a buen seguro bienintencionada, es preciso que se alerte desde el único lugar del que se puede hacer: la defensa de la ley como única garantía frente a la arbitrariedad. En este año crucial para los jueces, si algo hay que pedir al debate público, es que todos sus actores dejen de acogerse a las sentencias como si se trataran de un programa electoral del que diferenciarse para hacerse notar como compasivos y humanos. Porque la alternativa que se presenta bajo consignas puristas no es sino la sustitución de las reglas de juego por los caprichos y los prejuicios como fuente para dirimir las culpas. Y de prejuicios, ay, quién se atreve a dar lecciones.