Una vida con juicio

En The Elements of Politics, el eminente filósofo victoriano Henry Sidgwick describió la vida democrática como una especie de juicio que se desarrolla con jurado pero sin juez. En esta aguda metáfora, el jurado lo formamos nosotros, los ciudadanos, mientras que los políticos son los abogados de las partes enfrentadas, que, al mismo tiempo que se contradicen entre ellas, tratan de persuadirnos de que nos inclinemos por sus tesis y no por las contrarias. Es sabido que tanto el político como el abogado se servirán de malos argumentos, por falsos o por patéticos, si creen que son más eficaces para ganar una elección o conseguir un veredicto favorable. Tal es el punto de tangencia de ambas profesiones. Pero también es sabido que, en el caso del abogado, su propia deontología le autoriza a usar una retórica tramposa si eso ayuda a su cliente, cuya inocencia puede defender incluso si no se la cree. Si consentimos esta exhibición pública de hipocresía es porque existe un entero sistema judicial que la delimita y controla, diseñado como está para que la verdad prevalezca. Clave de ese sistema es el juez o tribunal, cuya tarea, dice Sidgwick, es «separar y echar al viento cualquier paja que el defensor haya mezclado con el grano de un argumento plausible». Y esto es lo que no ocurre en la arena de la política: en ella el líder o activista político está en la posición en que estaría el abogado si se dirigiera a un jurado que no solo no está presidido por un magistrado, sino que además escucha de manera desigual a las partes en litigio o incluso solo a una de ellas.

Vivir en democracia es así ser parte de un debate que nadie se encarga de orientar técnicamente al esclarecimiento de la verdad. Somos los ciudadanos quienes, sin ayuda de autoridad judicial que regule la discusión, debemos creer en la veracidad o no de los alegatos (en el entendido, hoy en cuestión, de que la verdad sea algo importante para nosotros). Sucede, sin embargo, que hemos tomado la cautela de reservar parcelas de la vida en común en las que es un juez el que decide y ordena el debate. Un juez que no está para que le cuenten cuentos, sino para preservar uno de los pocos reductos de las sociedades modernas –si no el único– donde se aspira a dar la razón a quien más se haya acercado, aunque sea asintóticamente, a la verdad. Lo estamos viendo con nitidez con ocasión del juicio a los acusados por el golpe independentista de octubre de 2017, en la persona del juez Marchena, que cada día debe afanarse por disciplinar el ego que exhibe la mayoría de testigos de la defensa, obligados, fuera de la salsa sentimental del medio catalanista –y se ve que les falta práctica–, a ceñirse a aquello con lo que siempre han tenido una tenue relación: los hechos. Según una sentencia que los filósofos se pasan de mano en mano desde hace más de veinte siglos, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Tampoco está mal que un tribunal venga a poner tasa de vez en cuando a las fantasías e historietas que de ordinario intentamos hacer pasar por argumentos para justificar nuestra conducta.