Cuando se despertó, el Estado todavía estaba allí

Mucho se ha hablado en las dos últimas décadas de globalización del fin del poder del Estado-nación. Es habitual leer o escuchar análisis que enfatizan lo obsoleto de una organización sin la que no se entiende la modernidad, pero que no define ya el mundo que viene. Debido al auge de los mercados financieros, las grandes empresas tecnológicas, las megaurbes, los organismos multilaterales formales –como la ONU–, o los informales –como el G20–, el poder real habría migrado y dejado a dichos Estados-nación en el chasis. Una mera cáscara sin capacidad de influencia eficaz frente a unas dinámicas que la superan y la trascienden. Ese fue el relato básico de la globalización pre-crisis, cuando se pedía aquello tan frecuente de “una gobernanza global” que pusiera cierto orden en una nueva era horizontal y líquida.

No hay duda de que en gran medida es así. El Estado-nación ha cedido, además, muchas parcelas de poder de forma voluntaria y exitosa, como ocurre en el caso de la Unión Europea y en otros procesos de integración regional. Lo han hecho impulsados por un diagnóstico compartido y cierto: por sí solos, los Estados no tienen capacidad para afrontar los desafíos globales a los que nos enfrentamos, tales como el calentamiento global[contexto id=»381816″], los fenómenos migratorios o los cambios financieros o laborales que ha traído la revolución digital.

Sin embargo, el mundo post-crisis que observamos rebaja mucho la contundencia de los análisis sobre la salud y la caducidad del Estado-nación. Al punto que hace recordar aquella carta de Mark Twain en la que el escritor estadounidense escribía que las noticias sobre su muerte eran enormemente exageradas. Lo vimos con el papel de los Estados en la gestión de la crisis económica, o en los debates recientes alrededor de la necesidad de fomentar o permitir desde el poder la creación de “campeones nacionales” para competir globalmente. Y lo acabamos de recordar con la limitación que Donald Trump[contexto id=»381723″] ha impuesto a las compañías tecnológicas para restringir la colaboración con la china Huawei “por razones de seguridad nacional”. Algo que, a su vez, ha acarreado que Google retire de los terminales telefónicos de dicha empresa la posibilidad de actualizar su sistema operativo Android y de utilizar sus apps. Un boletín oficial de un Estado se ha impuesto a cualquier innovación tecnológica, e incluso a cualquier otro interés o temor colateral que pudieran tener compañías tan poderosas como Apple, que tiene en China una cuota importante de su mercado y que necesita sus así llamadas “tierras raras” para la fabricación de sus productos. Razones de Estado que no entienden –o, al menos, no prioritariamente– de intereses de compañías y accionistas cuando de según qué asuntos se trata.

En este caso ha sido la implantación del 5G para la nueva conectividad. Y ha pesado más la sospecha –o la certeza, como seguramente aducirán en sus informes restringidos– de que los productos de Huawei tienen una “backdoor” o “puerta trasera” de la que se beneficiará en última instancia el Estado chino, que los potenciales beneficios inmediatos de una implantación rápida y global de dicha tecnología. En consecuencia, una querella tecnológica se ha visibilizado como lo que realmente es y siempre fue: una cuestión de poder en la que los actores determinantes siguen siendo los Estados.

Muchos son los ejemplos que podemos encontrar apenas echamos un vistazo al periódico o nos sentamos a ver el telediario. Al fin y al cabo, las sociedades disfuncionales siguen siendo aquellas sin Estado o con uno débil e inoperante, por más megaurbes que tengan, y por más teléfonos inteligentes que porten sus ciudadanos. Claro está que un Estado hipertrofiado genera casi tantos o más problemas que la falta del mismo, y que hay que ser vigilantes y enfatizar la importancia de los contrapesos. Pero la sospecha exagerada, cuando no las críticas demoledoras, con frecuencia parten de posiciones intelectuales que resisten bien el papel pero no tan bien la realidad.

Que el Estado ya no sea suficiente, no significa que no siga siendo necesario, como la realidad se encarga de hacernos ver cada día. Y eso es algo que la revolución digital no está tan cerca de cambiar como tanto se ha aventurado. Al fin y al cabo, su eclosión coexiste con una potencia ascendente que basa su vigor en eso, en el poder omnímodo del Estado. Por eso, conviene quizá desempolvar algunos manuales que desechamos demasiado pronto.