Ministro Iglesias
«Quedamos a la espera de que averigüen que los partidos nacionalistas tampoco tienen el fortalecimiento y la estabilidad de la democracia española entre sus prioridades»
Pedro Sánchez explicó ante el periodista Antonio García Ferreras las razones por las que no podía aceptar a Pablo Iglesias en su gobierno. El día anterior, Iglesias nos había regalado este tweet: «El silencio de los grandes medios sobre lo que el CNI sabía de los terroristas de Las Ramblas revela cómo funciona el poder en España». No parece el mejor modo de presentarse a ministro, pero el tono y las siniestras implicaciones del texto encajan con el Iglesias que todos conocemos. Lo sorprendente es que Pedro Sánchez haya tardado tanto en verlo, e incluso se haya quedado corto en explicar los porqués de la exclusión.
Se ha repetido que la diferencia insalvable entre los dos es que Podemos defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña. Esta es sin duda una discrepancia notable, pero desvía la atención de algo más importante: en el aciago otoño de 2017 Podemos no se posicionó de parte de la autodeterminación, sino de la agresión. No es lo mismo defender un cambio legislativo que defender el quebrantamiento de la ley. En aquellos días críticos se podía estar con quienes asaltaban la legalidad o con quienes la defendían, y Podemos estuvo con los primeros. Todas sus manifestaciones fueron en defensa de los insurrectos, es decir, del delito. Uno puede legítimamente defender una reforma constitucional que reconozca un derecho colectivo hoy inexistente, pero eso difiere notablemente de defender a quienes pretenden ejercerlo violando sistemáticamente la legalidad vigente.
El asunto de los presos políticos es aún más desconcertante. Conviene recordar que antes de Junqueras, Cuixart y compañía, fueron presos políticos Alfon y Bódalo, y que los diputados de Podemos mostraban pancartas en el Congreso reclamando su puesta libertad. También Otegi era un preso político; recuerden aquel Tweet de Iglesias: «La libertad de Otegi es una buena noticia para los demócratas. Nadie debería ir a la cárcel por sus ideas». En definitiva, Pablo Iglesias siempre ha considerado que en España hay presos políticos, es decir, nunca ha considerado que España fuera un país verdaderamente democrático. Por eso sorprende tanto que se pirre por entrar en su gobierno. Uno puede ceder en puntos programáticos, pero querer formar parte de un gobierno que encarcela a las personas por sus ideas requiere un escrúpulo democrático muy especial. Este afán solo puede responder a dos motivos: o bien la retórica de los presos políticos es puro postureo, o bien no le importa demasiado formar parte de un Ejecutivo carcelero. Si en abril decía: “No quiero vivir en un país con presos políticos”, ahora resulta que quiere gobernarlo. Si quisiéramos insistir en el sentido de Estado de Iglesias, podríamos remontarnos también a aquella movilización bautizada como «Rodea el Congreso», donde se desplegaron lemas tan edificantes como: «Ante el golpe de la mafia, democracia». Sobran los ejemplos.
Podemos ha sido, sobre todo, una fuerza de sabotaje institucional, y la insurrección en Cataluña era la palanca perfecta para desarmar el denostado régimen del 78 en el que hoy, alegremente, quiere participar. En fin, parece que en Moncloa han descubierto lo evidente. Es una buena noticia. Quedamos a la espera de que averigüen que los partidos nacionalistas tampoco tienen el fortalecimiento y la estabilidad de la democracia española entre sus prioridades.
