La inversión fantasma

Con una recesión en ciernes, la guerra comercial entre EEUU y China sin resolver y un Boris Johnson situado al margen de la legalidad en su empeño por sacar sin acuerdo al Reino Unido de la UE, las políticas de estímulo recientemente aplicadas por los dos grandes bancos centrales del mundo, la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), no han resultado suficientes para conjurar todas estas amenazas. Es la razón por la que el presidente saliente Mario Draghi ha pedido la colaboración de los estados miembros que tengan las cuentas saneadas. Es necesario que aumenten el gasto público y bajen los impuestos para estimular sus economías. Porque la política monetaria esta vez no basta para evitar que la presente desaceleración se convierta en una nueva recesión. Se necesitan recursos para gastar. Y las bolsas de fraude fiscal, más o menos consentidas a nivel mundial, suponen un desperdicio de esos necesarios recursos. De ahí que los datos de un informe reciente del Fondo Monetario Internacional que desmitifican la aportación de la inversión directa extranjera a la riqueza real de la economía mundial resulten tan reveladores.

Veamos. Luxemburgo, un país de 600.000 habitantes recibe tanta inversión directa extranjera como Estados Unidos y mucho más que China. Como diría Chiquito de la Calzada: ¿Comooor? Son datos del Fondo Monetario Internacional. El Financial Times lo contaba hace poco en su primera página: más de un tercio de la inversión extranjera es inversión fantasma, que no crea empleos ni riqueza en el territorio que la recibe. Sólo sirve de pantalla para que las grandes compañías eludan impuestos. De forma que los 4 billones de dólares (3,6 billones de euros) de inversión directa que recibe el pequeño país europeo, cuya condición de paraíso fiscal es conocida y consentida, suponen 6,6 millones de dólares por habitante. ¿Se corresponde eso con su contribución al crecimiento mundial? No parece.

Desde la Gran Recesión (2008-2014), los líderes mundiales, ya sea reunidos en el G-7 o en el mejor representado G-20 tras el avance de las economías emergentes, han identificado la lucha contra la evasión fiscal como una de sus grandes prioridades. En sucesivos comunicados. Era de hecho una batalla a pelear para combatir el preocupante y apremiante aumento de la desigualdad y de paso, pararle los pies a los movimientos populistas antisistema que han proliferado en los últimos años. Recaudar más para luchar contra la quiebra de la cohesión social. Pero a falta de aplicar medidas para frenar este despropósito, los datos, demoledores, parecen imponerse a las intenciones.

Como señala el informe del FMI publicado este mes, la inversión directa extranjera se ha visto siempre como un motor clave en la integración económica mundial. Para estimular el crecimiento, generar empleo, mejorar la productividad, transferir tecnología y aumentar la riqueza allí donde llegaba. Muchos países han modificado sus políticas para atraer la entrada de estos fondos y legitimado reformas impopulares en nombre de esa apertura económica. Y sin embargo, no toda esa inversión trae las ganancias deseadas. La inversión directa extranjera se define como la inversión financiera transfronteriza entre compañías que a veces pertenecen a la misma multinacional. Pero que a menudo tiene un propósito fantasma. Esto es: inversión destinada a crear empresas pantalla con el fin de eludir impuestos. Sin ninguna actividad real. O lo que es lo mismo, no tienen impacto alguno en la economía local. Esta ingeniería fiscal empaña las estadísticas sobre la inversión directa extranjera, hasta ahora una medida venerada por todo Gobierno que defienda una economía abierta, y “dificulta la tarea de entender la verdadera integración económica mundial”.

Son 40 billones de dólares los que se mueven al año bajo este concepto. La labor de desentrañar qué parte corresponde a inversión real de la que es sólo fantasma es encomiable. Y necesaria. Una pista: muchos de los conocidos paraísos fiscales reciben un alto porcentaje de estos fondos. Luxemburgo y Holanda, por ejemplo, con un impuestos de sociedades cercano a cero, reciben casi la mitad de la inversión fantasma mundial. La cuestión es que aunque no tengan empleados en su actividad real, sí contratan abogados, contables, etc, en la economía local. En el Caribe, donde se ubican las islas Vírgenes o Caimán, tan aireadas en los papeles de Panamá y otros recientes escándalos de corrupción, estos servicios representan casi el total del PIB nacional.

En el caso irlandés, donde el impuesto de sociedades se ha reducido del 50% de los años ochenta al 12,5% hoy, la base recaudatoria es tan grande que los ingresos por este concepto han crecido en porcentaje del PIB. ¿Competencia desleal? Es una buena pregunta. Una competencia que ha hecho que este tributo se haya reducido del 40% de media mundial en los noventa al 25% en 2017. Lo que indica, como señala el FMI, la necesidad de que haya una coordinación mundial. Porque la cifra de la inversión que es fantasma ronda los 15 billones de dólares, quince veces el PIB de España o la suma del PIB de China y Alemania. Un montante nada despreciable. Y que, según los autores del estudio, sigue subiendo en porcentaje sobre el total de la inversión extranjera pese a todos los esfuerzos e iniciativas internacionales tomadas en aras de frenar esta tendencia. Todos infructuosos. Porque de representar el 31% en 2010, esta ha crecido al 38% en 2017.

De ser una práctica marginal, el desvío de los beneficios para evadir impuestos se ha convertido en una práctica sistémica de la economía mundial. Con el aparente consentimiento de los gobiernos. ¿Por qué y hasta cuándo? La economía mundial no puede seguir permitiéndoselo. Con una nueva recesión a la vuelta de la esquina y la efectividad de los estímulos de los bancos centrales puesta en entredicho al haber diezmado sus recursos en la anterior crisis, es el turno de la política fiscal. No sólo se trata de aumentar el gasto público, si no de comprometerse también y de una vez por todas a luchar de forma conjunta contra la evasión fiscal que desvía billones de dólares de la actividad económica real cada año. Como dice el lema de la campaña contra el cambio climático: The Time is Now. Ahora es el momento.